Bruselas recurre el fallo de la justicia europea que respaldó la bonificación de inversiones en el naval español

• "La Comisión defenderá su decisión ante el Tribunal de Justicia", defiende

El astillero de Pasaia en San Sebastián.

Bruselas ha recurrido la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que dio la razón a España en el caso de las ayudas fiscales al sector naval nacional al anular la decisión del Ejecutivo comunitario, que exigía su devolución. Así lo ha anunciado el portavoz comunitario de Competencia, Ricardo Cardoso. El Ejecutivo comunitario interpuso un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE el pasado viernes.

El pasado mes de diciembre, el Tribunal General de la Unión Europea anuló la decisión de la Comisión Europea de declarar ilegal el sistema español de bonificaciones fiscales para los inversores en astilleros, que obligaba al Gobierno de España a reclamar los impuestos no ingresados por aplicar ese sistema y que el Ministerio de Hacienda español cifró en 126 millones de euros.

En su resolución (ver documento en pdf), la Corte europea estimó que "no está suficientemente motivada" la conclusión del Ejecutivo comunitario de 2013, que concluía que ese sistema -denominado tax lease- podía "falsear la competencia y afectaban a los intercambios comerciales" entre Estados miembros.

Bruselas cree que se dio una ventaja selectiva a los astilleros españoles

La Comisaría europea de Competencia concluyó que ciertas medidas fiscales de ese tax lease vulneraban las normas de la UE en materia de ayudas públicas, porque concedieron una ventaja selectiva a sus beneficiarios -los astilleros españoles- respecto a sus competidores.

Bruselas ordenó entonces que esas ayudas deberían devolverlas los inversores que se hubieran beneficiado de las ventajas cuestionadas al financiar la construcción de buques, pero no los armadores ni los astilleros.

Este sistema se puso en marcha en 2002, aunque Bruselas decretó que se recuperaran los apoyos concedidos desde abril de 2007, frente a la posición del Gobierno español, que abogaba por contar desde 2011, fecha en la que se consideró ilegal el régimen de bonificaciones.