La Audiencia de Barcelona abre juicio por los presuntos cobros de comisiones del caso Palau

• Rechaza los recursos de apelación de CDC, Osàcar y varios empresarios
• La Audiencia cree que hay documentación que avalan los presuntos pagos

El exresponsable del Palau de la Música, Fèlix Millet, en el interrogatorio.

La Audiencia de Barcelona ha cerrado la investigación del expolio del Palau de la Música y envía a juicio la causa contra 16 acusados, entre ellos, el expresidente de la entidad Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, tras concluir que varios documentos, archivos informáticos y notas manuscritas avalan que la constructora Ferrovial pagó comisiones a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) a cambio de la adjudicación de obra pública, a través de la entidad cultural.

En un auto, la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona desestima los recursos presentados contra el auto del juez instructor que en mayo del año pasado dejó a las puertas de juicio a los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull, así como al extesorero de CDC Daniel Osàcar, entre otros.

El juicio no será inmediato porque faltan algunos trámites relacionados con las empresas que podrían tener que indemnizar al Palau.

La resolución de los recursos interpuestos por las defensas permitirá que próximamente se fije la fecha para la celebración del juicio por el saqueo del Palau de la Música, paralelamente al desarrollo de la pieza de responsabilidad civil, en la que CDC figura como responsable civil a título lucrativo y, como fianza, tiene embargadas quince de sus sedes.

Precisamente, el auto de la Audiencia desestima los recursos que que presentaron CDC, contra su participación en la causa como responsable civil, y su extesorero Daniel Osàcar, para quien la Fiscalía pide 7 años y medio de cárcel por su presunto papel clave en el pago de comisiones de la constructora Ferrovial a la formación.

CDC dice que su acusación está basada en conjeturas

CDC, en su recurso, sostuvo que su acusación como responsable civil a título lucrativo estaba basada en "meras conjeturas y sospechas" infundadas al considerar que de la instrucción no se desprendía que las adjudicaciones a Ferrovial fueran irregulares, ni siquiera indiciariamente.

Sin embargo, la Audiencia concluye que hay documentos, archivos informáticos y anotaciones manuscritas "que permiten inferir, al menos de forma indiciaria, la existencia de un desvío de fondos muy considerable de Ferrovial al partido" por adjudicaciones de obra pública por parte de la Generalitat y otros organismos públicos de 2000 a 2009.

La Audiencia enumera adjudicaciones sospechosas a Ferrovial como la construcción de un pabellón deportivo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), las obras de la L9 de Metro, la Ciudad de la Justicia y la rehabilitación de la acequia Bellet en el margen el río Ebro.

Recuerda la tesis del juzgado de instrucción de que Ferrovial abonaba presuntamente una comisión del 4% del importe de la obra adjudicada: un 2,5% para CDC y el 1,5 restante para Millet y Montull por su intermediación.

La Audiencia también confirma la cifra de 3,7 millones de euros en que se estima el desvío de fondos en beneficio de CDC, ya que en su opinión se basa en los "cálculos efectuados por los peritos", aunque la cantidad definitiva de la responsabilidad civil atribuible a la formación nacionalista todavía está pendiente de ser fijada por el juez instructor.

Rechaza también el recurso del extesorero

El tribunal rechaza asimismo el recurso presentado por Daniel Osàcar y le recuerda que los indicios en su contra se desprenden de "la abundante documental intervenida en todas sus variantes (agendas, archivos informáticos, hojas manuscritas), así como declaraciones testificales".

La sala apunta que de la instrucción se infiere que el "Daniel" que figura vinculado al pago de comisiones en varias notaciones de la documentación intervenida en el Palau de la Música es el extesorero de CDC, "tanto a la vista de la trama y el contexto así como de los supuestos intervinientes".

El auto de la Audiencia ratifica también las imputaciones de los directivos de la constructora Ferrovial Juan Elizaga y Pedro Buenaventura, cuyas defensas argumentaban que la causa abierta contra ellos podría haber prescrito.

Según la sala, de los datos expuestos en el caso "no podemos declarar la prescripción interesada", por lo que emplaza a las defensas a plantear el asunto en la vista el juicio, en el trámite de cuestiones previas.