La Comunidad Valenciana podrá volver a prestar atención sanitaria a los inmigrantes irregulares

• El Constitucional levanta la suspensión decretada en la Comunidad Valenciana
• En noviembre, admitió un recurso del Gobierno contra la norma valenciana
• Ahora, se aplicará hasta que el TC se pronuncie sobre el fondo del asunto

Un hombre inmigrante pasa ante el centro de Salud de Ruzafa, en Valencia

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido levantar la suspensión cautelar acordada a principios de noviembre sobre la normativa de la Generalitat Valenciana reguladora del acceso universal a la atención sanitaria a personas extranjeras en situación administrativa irregular.

Así lo han dado a conocer este viernes el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta del Consell y portavoz, Mónica Oltra, al inicio de la rueda de prensa tras el pleno del Consell.

Oltra ha indicado que se ha alzado la suspensión cautelar y lo ha calificado de una "buena noticia", al igual que Puig, quien ha expresado la satisfacción del Consell porque considera que el levantamiento de esta suspensión "da garantías de que la universalización de la sanidad en la Comunitat sea una realidad sin ningún obstáculo legal".

A principios de noviembre el pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno central contra la norma valenciana reguladora del acceso universal a la atención sanitaria a personas extranjeras en situación administrativa irregular, lo que suponía la suspensión automática de la normativa recurrida.

La Generalitat solicitó levantar la suspensión para evitar contagios

La Generalitat presentó un recurso ante el TC para pedir el levantamiento de la suspensión, una solicitud que justificó en una "imperiosa necesidad" ya que aludía a la posibilidad de que se produjera un aumento del número de infecciones e ingresos hospitalarios y riesgo de contagio de la población de determinadas enfermedades en el caso de mantenerse la suspensión y cita los ejemplos de casos en los que se había atendido esta petición de levantamiento en autonomías como el País Vasco y Navarra.

Para Puig, la decisión del TC, que han conocido este viernes, hace que "se pueda prestar el servicio sin ningún tipo de obstáculo legal. A su juicio, es "una cuestión de racionalidad, de sentido común" y ha expresado su confianza en que "más pronto que tarde el Gobierno de España derogue un decreto negativo para los derechos humanos".

"La sociedad no entiende que no se pueda atender a una persona por cuestión de origen. No es una cuestión de papeles sino de dignidad de derechos humanos que los valencianos asumimos como propia", ha manifestado, para reiterar su "alegría" por esta decisión y porque "los médicos, los centros públicos ya no tienen que tener ningún obstaculo porque la universalización de la atención es una realidad".

Ahora se aplicará el decreto hasta que el TC se pronuncie sobre el fondo del asunto o hasta que "un próximo Gobierno de España derogue esa normativa", ha dicho la vicepresidenta. A juicio de Oltra, esto es justo "la madre del cordero" ya que, según ella, "hemos hecho un parche en una situación que nunca se debería haber producido", que es la de los recortes sanitarios con la norma estatal de 2012, que considera necesario que se derogue.