Rousseff visita a Lula tras el interrogatorio por Petrobas y le muestra su apoyo

• Cientos de simpatizantes del expresidente se congregaban en su casa
• El juez del caso dice que el interrogatorio no anticipa su "culpa"
• El viernes Lula da Silva fue interrogado por el mayor caso de corrupción de Brasil

En la imagen, la actual presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, su antecesor, Luiz Ignacio Lula da Silva, y la mujer de éste, alzan el puño ante cientos de simpatizantes que le esperaban en su residencia tras el interrogatorio por el caso Petrorbas.

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ha visitado este sábado en su residencia a su antecesor y padrino político,  Luiz Inácio Lula da Silva, un día después de que el exmandatario fuera interrogado por el escándalo de corrupción en Petrobras.

La jefa de Estado fue recibida allí por unos 300 simpatizantes que se congregaron en las puertas del edificio, situado en el municipio de Sao Bernardo do Campo, en el área metropolitana de Sao Paulo.

Los seguidores del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff y del que Lula es uno de los fundadores, acompañaron a la presidenta entre gritos de "No habrá golpe", en referencia a la posible apertura de un juicio político en el Congreso que podría costarle el cargo a la jefa de Estado.

La presidenta llegó en coche, con la ventana bajada y entró en el garaje del edificio sin parar en la calle, tras lo cual salió, junto a Lula y su esposa, Marisa Leticia, para saludar a los correligionarios desde el balcón del apartamento.

Desde allí, con el puño izquierdo alzado, Rousseff saludó a los simpatizantes, quienes coreaban "Lula guerrero del pueblo brasileño" ondeando banderas y camisetas rojas.

Un interrogatorio que no "anticipa su culpa"

Lula fue objeto el viernes de una nueva fase de la operación que busca esclarecer el esquema de corrupción en la petrolera estatal Petrobras y que comenzó temprano en la mañana con la llegada de la Policía Federal a la casa del exmandatario, que fue llevado a una comisaría para declarar durante más de tres horas.

El exgobernante dijo después que se había sentido "prisionero" y criticó la "ofensa" que, según dijo, supuso el interrogatorio al que fue sometido.

La fiscalía aseveró que el conjunto de indicios contra el exmandatario es "bastante significativo" y que el Instituto Lula, presidido por el líder político, recibió cerca de 20 millones de reales (unos 5 millones de dólares) en donaciones de las cinco empresas más implicadas en los desvíos en Petrobras.

El juez federal brasileño Sergio Moro, encargado del caso, ha afirmado este sábado que el interrogatorio policial al que fue sometido el viernes el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva no anticipa su "culpa".

"Medidas de investigación buscan sólo el esclarecimiento de la verdad y no significan la anticipación de culpa del expresidente", ha señalado Moro en un comunicado sobre la declaración obligatoria ante las autoridades de Lula y el registro de su casa, oficinas y otras propiedades de sus familiares y allegados.

Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, se ha convertido en el nuevo blanco de la mayor investigación por corrupción en la historia del país, tras ser trasladado por la policía desde su casa para prestar declaración en una comisaría por su supuesta implicación en el escándalo de desvíos en la petrolera estatal.

La acción policial volvió a caldear los ánimos entre simpatizantes y opositores del exmandatario, que se movilizaron en varias ciudades para protestar a favor y en contra, incluso llegándose a agredir físicamente, como ocurrió en la sede de la Policía Federal en Sao Paulo y frente a la casa de Lula.

"Se lamenta que las diligencias hayan conducido a puntuales enfrentamientos en manifestaciones políticas inflamadas, con agresiones a inocentes y eso era exactamente lo que se pretendía evitar", como justificaron los fiscales del caso, agregó Moro.

En ese sentido, el juez repudió los "actos de violencia de cualquier naturaleza, origen y dirección, así como la incitación a la práctica de violencia, ofensas o amenazas a quien quiera que sea, a investigados, a partidos políticos, a instituciones constituidas o a cualquier persona".

"Todos los cuidados fueron tenidos en cuenta para preservar, durante la diligencia (policial), la imagen del expresidente", apuntó Moro, quien agregó que la "democracia en una sociedad libre reclama tolerancia en relación a las opiniones divergentes y respeto a la ley y a las instituciones".