La falta de asistencia médica sexual en América Latina pone en riesgo la vida de miles de mujeres

• Amnistía Internacional denuncia la situación de los derechos de salud sexual
• Según la ONG, los Estados generan y 'reproducen' violencia contra las mujeres
• Asegura que se anteponen concepciones religiosas a la vida de las pacientes

Un grupo de voluntarios de Amnistía Internacional durante una manifestación a favor del aborto en Santiago de Chile en septiembre de 2015.

Negar el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva es una práctica común en América Latina y el Caribe, según denuncia Amnistía Internacional. La organización explica que en esta región los derechos de las mujeres no están asegurados por parte de los Estados ya que, en muchas ocasiones, anteponen concepciones morales o religiosas a la vida e integridad física de las pacientes.

En el informe El Estado como 'aparato reproductor' de violencia contra las mujeres, la ONG analiza la situación de los derechos sexuales y reproductivos en siete países de Latinoamérica (República Dominicana, Chile, El Salvador, Perú, México, Paraguay y Argentina) para concluir que existe una violencia "institucional" y que perviven "nocivos" estereotipos y prejuicios en torno a las mujeres.

El acceso a la contracepción, el aborto sin riesgos o la esterilización, asegura Amnistía, no está garantizado y depende de la capacidad adquisitiva y de las convicciones personales de los profesionales de la salud o cargos públicos. Estos tipos de asistencia médica están más ligados a la "buena voluntad" que a la decisión de la mujer en un sistema que la ONG denomina "tipo lotería".

"Plantear la asistencia médica como una lotería es indignante y absolutamente ilegal y pone miles de vidas en peligro", afirma Erika Guevara Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América. Además, el documento destaca que la carencia de estos servicios de salud sexual y reproductiva afecta de manera desproporcionada a las personas en situación de pobreza.

Los Gobiernos toleran e incluso promueven la discriminación

A través de la historia personal de siete protagonistas -una por país-, la organización denuncia el sufrimiento físico y emocional que provoca el abuso en las asistencia sexual y reproductiva o la denegación de la misma. Según el informe, los Gobiernos no solo fallan en su deber de proteger a las mujeres, sino que toleran e incluso promueven la discriminación.

Los Estados son actores pasivos por no haberse comprometido en la erradicación de estas formas de violencia y a la vez activos por generar "violencia institucional". Amnistía señala como ejemplos de esto la imposición de doctrinas religiosas sobre mujeres y niñas, los maltratos -el texto recoge casos de esterilización forzosa- o las múltiples barreras que los sistemas sanitarios ponen a las pacientes para poder elegir si quieren o no tener hijos/as, cuándo y cuántos.

Además de la demanda insatisfecha de anticoncepción, algunos de los factores que hacen pervivir esta "violencia" en la región contra las mujeres -que la ONG califica como "perversa" y "sistemática"- son los elevados índices de violencia sexual y los patrones culturales que siguen priorizando el rol de la mujer-madre.

El aborto, severamente restringido por las leyes

Una parte del informe se centra en evaluar la situación del aborto y concluye que el 97% de las mujeres en edad reproductiva de Latinoamérica tiene el acceso al mismo severamente restringido por las leyes. Recoge, entre otros, el caso de Rosaura Arisleida Almonte Hernández, una joven de 16 años de República Dominicana que murió de leucemia en 2012 debido a que los médicos pospusieron su tratamiento debido a su embarazo. A pesar de que solicitó interrumpirlo, el aborto legal en su país está prohibido en todas las circunstancias.

En gran parte de América Latina y el Caribe el aborto sigue siendo un crimen. Está prohibido sin excepciones en siete países: Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam. Como consecuencia, apunta la ONG,  muchas mujeres recurren a la clandestinidad con el riesgo que ello supone. La región tiene el porcentaje más alto de aborto inseguro en el mundo.

La organización también ha documentado casos de esterilización forzosa, es decir, mujeres que han sido sometidas a intervenciones médicas contra su voluntad. En Perú, existió un programa en los años noventa que sometía a indígenas y jóvenes con escasos recursos económicos a procedimientos de ligaduras de trompas coaccionadas con el objetivo de reducir la pobreza.

Para luchar contra esta realidad, Amnistía pide a los Estados de la región que modifiquen sus legislaciones y eliminen las prácticas discriminatorias en el ámbito de salud sexual y reproductiva. Exige, entre otras posibles soluciones, proteger de forma efectiva a las niñas dada su situación de vulnerabilidad, generar protocolos de actuación para atender las violaciones sexuales y garantizar la disponibilidad de métodos anticonceptivos de emergencia.