El TC declara inconstitucional parte de la reforma local por invadir competencias de las autonomías

• Considera que varios preceptos invaden competencias de las autonomías
• Acepta parcialmente el recurso presentado por el Parlamento de Extremadura

Fachada del Tribunal Constitucional (TC) en una imagen de archivo.

El Tribunal Constitucional ha anulado varios preceptos de la ley de la Reforma de la Administración local, ya que considera que éstos invaden competencias de las Comunidades Autónomas y, que regula materias propias de una ley Orgánica en uno de los casos.

Este tribunal acepta parcialmente el recurso presentado por el Parlamento de Extremadura contra la reforma local, en un fallo que marcará el rumbo que seguirá en sus respuestas a los múltiples recursos presentados contra ésta.

En una resolución votada por unanimidad de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Ollero, el TC considera inconstitucional también uno de los aspectos de la norma porque regula un asunto que no debía legislarse a través de ley orgánica.

La finalidad de la norma era la de garantizar "la eficiencia en el uso de los fondos públicos locales" y racionalizar la Administración "para asegurar su sostenibilidad y el cumplimiento de las exigencias de estabilidad presupuestaria".

El Constitucional también tiene admitidos a trámite recursos contra la reforma de la Administración local de 3.000 ayuntamientos, la oposición parlamentaria, los gobiernos autonómicos de Andalucía, Cataluña y Canarias, por el Consejo de Gobierno de Asturias, y por los parlamentos de Extremadura, Cataluña, Andalucía y Navarra.

El Estado es competente "para diseñar el modelo municipal"

Aunque acepta parcialmente el recurso, el tribunal establece que el Estado es competente "para diseñar el modelo municipal español" y establecer "mayores exigencias de población y territorio", "con el fin de lograr una reducción del mapa municipal", todo ello para cumplir los principios de "eficacia de la actuación administrativa".

En ese contexto, argumenta que la Constitución "ampara" al Gobierno cuando "introduce criterios de racionalidad económica en el modelo local español" con el fin de cumplir los principios constitucionales de eficiencia y eficacia.

Avala también el TC que el Ejecutivo busque "la estabilidad presupuestaria como norma de conducta a la que están sujetas las entidades locales, con lo que da su visto bueno a la constitucionalidad de la mayor parte de las previsiones impugnadas por la Asamblea Extremeña.

Anula disposiciones que prohíben a las autonomías atribuir servicios

Sin embargo, estima varias impugnaciones relativas al reparto de competencias y anula las disposiciones que prohíben a las comunidades autónomas atribuir a los entes locales los servicios de asistencia social y atención primaria a la salud como "competencias propias locales" y regulan el proceso de traspaso a las Comunidades Autónomas.

En ese sentido, el TC plantea que ambas son competencias autonómicas que prestaban los ayuntamientos porque así lo decidieron o permitieron las comunidades o el Estado o porque los entes locales las asumieron "de hecho".

Y añade que el Estado solo puede atribuir competencias locales específicas o prohibir que se desarrollen cuando tenga la competencia en la materia. "En materia de competencia autonómica, sólo las comunidades autónomas pueden atribuir competencias locales o prohibir que el nivel local las desarrolle", añade.

Avala que el Estado exija a los ayuntamientos planes económicos

También se pronuncia sobre la disposición que prevé el traspaso a las comunidades de determinados servicios educativos y cuestiona que la ley incurra en "una evidente antinomia" al obligarlas a la vez a descentralizar y a centralizar, algo que "resulta imposible".

El TC anula asimismo el artículo que regula un sistema de compensación financiera "triangular", según el cual el Estado, sin ser el acreedor, puede aplicar retenciones a las Comunidades Autónomas cuando éstas incumplen sus obligaciones de pago frente a los entes locales.

La sentencia anula ese precepto porque incide de forma directa en una materia, las relaciones financieras del Estado con las Comunidades Autónomas, cuya regulación no se ha llevado a cabo mediante ley orgánica.

Pero avala que se exija a los ayuntamientos planes económico-financieros cuando incumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria o de deuda pública o la regla de gasto. Para el tribunal, esa medida es constitucional pues complementa la Ley Orgánica de Estabilidad Financiera.

En cuanto al mapa local, aunque reconoce la potestad del Ejecutivo para diseñarlo, declara inconstitucional y nulo el precepto por el que se prevé suprimir entidades locales menores ya constituidas cuando no presenten sus cuentas a la comunidad autónoma o al Estado, pues es algo que excede "claramente los límites de la competencia estatal".