La Fiscalía acusa a Lula da Silva de ocultación de patrimonio y lavado de dinero
- El expresidente está acusado de poseer un apartamento que ocultó al fisco
- El inmueble está a nombre de una constructora investigada en el caso Petrobras
- Lula niega los cargos y asegura que no es propietario de la vivienda
La Fiscalía de Sao Paulo ha acusado este miércoles formalmente al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva de ocultación de patrimonio, lavado de dinero y falsificación de documentos en relación a un apartamento que está a nombre de una constructora investigada por el caso Petrobras.
La denuncia, que supone un nuevo golpe contra el ex jefe de Estado, es una investigación independiente del interrogatorio al que fue sometido Lula el pasado viernes por su presunta participación en la trama de corrupción de la petrolera estatal.
La acusación, firmada por tres fiscales, afirma que Lula y su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, ocultaron que son dueños de un apartamento de lujo en la playa de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, que no figura en sus declaraciones de la renta, según informaron fuentes oficiales.
El inmueble está al nombre de la constructora OAS, una de las investigadas en el caso Petrobras, que adquirió en 2009 el edificio que había sido construido por un sindicato vinculado al Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula y en el que también milita la presidenta, Dilma Rousseff.
Lula niega que sea propietario del apartamento
Lula ha reiterado este miércoles que no es el propietario del citado apartamento y ha explicado que su esposa adquirió una participación con vistas a una posible compra en 2005, cuando él estaba en el final del primero de sus dos mandatos, y ha asegurado que declaró esa operación al fisco. Además, ha detallado que su familia pagó la cuota inicial cuando la vivienda comenzó a construirse pero que pidió la devolución del dinero cuando la empresa responsable por la obra quebró y vendió el proyecto a OAS.
El expresidente a través de un comunicado del Instituto Lula, una fundación que preside y que opera como su portavoz, ha negado todos los cargos, asegura no haber cometido ninguna ilegalidad y ha acusado a uno de los fiscales firmantes de "parcialidad".
La Fiscalía de Paraná, que ha centralizado las investigaciones del caso Petrobras, cree que esas propiedades podrían estar relacionadas con el caso de corrupción en la petrolera y habrían sido usadas por las constructoras para disfrazar el pago de sobornos.
La defensa de Lula ha solicitado al Tribunal Supremo que se pronuncie sobre el posible conflicto de competencias que existe, a su juicio, porque dos cortes diferentes investigan "los mismos hechos". Sus abogados también consideran que no existen motivos para que el caso se investigue por la Fiscalía de Paraná porque es "absurdo" establecer cualquier relación entre los inmuebles citados y los supuestos desvíos en el ámbito de Petrobras.
El exmandatario también está siendo investigado por la Policía en relación a otro inmueble, una finca rural en el municipio de Atibaia, también en el estado de Sao Paulo, que está al nombre de allegados y donde Lula ha reconocido que suele pasar muchos fines de semana.
Lula, frente a la Justicia
El pasado viernes, el juez Moro ordenó a la Policía registrar la casa de Luca e interrogarle en una comisaría sobre el presunto lavado de dinero en el marco de la investigación del escándalo de corrupción en el caso Petrobras. Ese día la Fiscalía de Paraná anunció que cuenta con indicios "bastante significativos" de que Lula recibió beneficios y favores de cinco constructoras implicadas en el caso.
Las constructoras son acusadas de formar un cartel para repartirse los contratos de Petrobras mediante el pago de sobornos a ejecutivos de la petrolera y a los políticos que permitieron las operaciones. La fiscalía calcula que se desviaron más de 2.000 millones de dólares de las arcas de la petrolera.
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