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Sáenz de Santamaría insiste en que el Gobierno no debe someterse al control político del Congreso

  • Responde así a la carta que le dirigió el presidente del Congreso, Patxi López
  • Asegura que el Gobierno en funciones está actuando con lealtad al Parlamento
  • Explica que no es una cuestión de voluntad, sino de cumplimiento de la ley

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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el pasado viernes 11 de marzo.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el pasado viernes 11 de marzo.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado este miércoles que el Ejecutivo en funciones está actuando con la debida lealtad al Parlamento y que la decisión de no someterse al control político no es una cuestión de voluntad, sino de "cumplimiento de la ley".

La vicepresidenta ha respondido así a la carta que le dirigió el lunes el presidente del Congreso, Patxi López, en la que le pedía que aceptara que la Cámara baja pueda ejercer la labor de control sobre el Gobierno en funciones, para evitar un "conflicto institucional grave".

Pese a no tener la confianza de la nueva Cámara, surgida de las elecciones del 20D, Sáenz de Santamaría subraya en su carta que el Gobierno está "ctuando con la debida lealtad al Parlamento" y "cumpliendo con las limitadas funciones que tiene atribuidas". Además recuerda que ningún gobierno en funciones se ha sometido al control político".

Tampoco lo han hecho los gobiernos autonómicos en funciones, como los recientes casos en Andalucía y Cataluña, argumenta en su misiva. Un precedente "inamovible" porque en una democracia parlamentaria la primera función del Congreso, una vez constituido, es proceder a la mayor brevedad posible a la investidura de un candidato a la Presidencia del Gobierno, algo que aún no ha ocurrido.

Según la vicepresidenta, las funciones del Parlamento también están limitadas

Eso es así, apostilla, para que el Parlamento pueda ejercer también sus plenas funciones constitucionales, que se encuentran limitadas precisamente porque no ha otorgado la confianza a un gobierno.

Según Sáenz de Santamaría, lo que plantean los grupos es un "control más intenso incluso que el que le correspondería al Gobierno que dispusiera de la confianza de la Cámara", y eso es "a todas luces incongruente" con los propios criterios del informe de la Secretaría General del Congreso, que otorga al control parlamentario un carácter singular, limitado y excepcional".

Recalca así la vicepresidenta que no se trata de "una cuestión de voluntad del Gobierno, sino de estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico" y, sobre todo, de respeto al régimen de democracia parlamentaria que establece la Constitución.

Ningún miembro del Ejecutivo se someterá al control político

La polémica comenzó la semana pasada, a raíz de la petición de los grupos de que compareciera el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, antes de la cumbre europea sobre refugiados, y se ha agravado en los últimos días con la respuesta del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, de que ningún miembro del Ejecutivo se sometería al control político.

Incluía también al ministro de Defensa, Pedro Morenés, convocado para este jueves en la comisión correspondiente del Congreso, y cuya ausencia ha sido confirmada por el Ejecutivo.

El presidente del Congreso avisó de que la Cámara podría recurrir al Tribunal Constitucional ante lo que calificó como "rebeldía" del Gobierno. Sáenz de Santamaría le responde que el Gobierno está actuando con lealtad y que incluso ha acudido a informar a la Cámara en circunstancias excepcionales, como cuando el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, compareció sobre el Consejo Europeo en el que, entre otros asuntos, se habló de referéndum del Reino Unido para salir de la UE.

No cabe por lo tanto, añade la vicepresidenta, apelar a que se replantee la decisión, "cuando de lo que se trata es de cumplir la legalidad". Confía además en que el Gobierno y el Congreso sean capaces de asegurar que este periodo transitorio "siga transcurriendo de acuerdo con el ordenamiento jurídico" que obliga a todos y al régimen democrático que les ampara.