La trama de corrupción que sacude los cimientos del sistema en Brasil

• La operación Lava Jato (lavado de coches) amenaza al Gobierno de Rousseff
• Hay cientos de investigados, entre ellos el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva
• Según estimaciones policiales el fraude podría superar los 7.300 millones

Una protesta frente al palacio presidencial en Brasilia.

Se cumplen dos años desde que se puso en marcha la mayor investigación policial de la historia de Brasil, la operación Lava Jato (lavado de coches), que ha sacudido los cimientos del poder político al destapar una compleja trama de corrupción que amenaza al Gobierno de Dilma Rousseff.

Las cifras son elocuentes: casi 1.000 años de condenas, cientos de investigados -entre ellos el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva- y unos 3.000 millones de reales (unos 730 millones de euros al cambio actual) recuperados en un fraude que, según estimaciones policiales, puede superar los 30.000 millones de reales (7.300 millones de euros) y que, solo en sobornos, alcanza los 6.000 millones (1.460 millones de euros).

La investigación que inició el juez Sergio Moro el 17 de marzo de 2014 sobre blanqueo de capitales a través de una red de lava jatos, establecimientos de lavado rápido de coches, terminó golpeando de lleno a la estatal Petrobras, la "joya de la corona" de la economía brasileña, y a varias de las más importantes empresas del país.

Las denuncias en cadena de los implicados en la trama de corrupción a cambio de beneficios penitenciarios han permitido a Moro tirar del hilo de una madeja que amenaza los pilares del sistema. Fraude, lavado de dinero, sobornos a cambio de favores políticos, ventajas fiscales o contratos con el Estado, financiación ilegal de los partidos y de las campañas electorales y cuentas en paraísos fiscales son los ejes principales del proceso.

La investigación salpica a empresarios, funcionarios y políticos de todos los colores y a distintas instancias del Estado, pero buena parte de la atención se centra en el expresidente Lula, investigado por blanqueo de dinero y falsificación de documentos, quien ha conseguido, por el momento, escapar del alcance de Sergio Moro al asumir el Ministerio de Presidencia en el Gobierno de Rousseff, lo que le convierte en la práctica en un virtual primer ministro y le protege porque, por su condición de aforado, su causa pasa automáticamente al Tribunal Supremo, donde los procesos tienen un ritmo propio. No obstante, inmediatamente después de asumir el cargo, Lula se ha visto de nuevo en el centro de la polémica por dos denuncias que piden las suspensión de su nombramiento.

Una protesta contra la presidenta Rousseff. Paulo Whitaker

Aunque el Supremo diera por válida la asunción de Lula y el expresidente lograra esquivar la sombra de Moro, el juez tiene todavía en sus manos a políticos no aforados y a buena parte del empresariado brasileño. Así, no le tembló la mano para dictar condenas ejemplares, como la de Marcelo Odebrecht, presidente de una de las mayores corporaciones del país, sentenciado a 19 años.

En prisión preventiva está el extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), João Vaccari Neto, acusado también de recibir sobornos de Petrobras y de financiación ilegal del partido, y el exministro José Dirceu. También en prisión preventiva se halla el empresario Otávio Marques de Azevedo, presidente de Andrade Gutierrez, otro de los gigantes brasileños de la construcción, a quien la Justicia acusa de mantener un sofisticado entramado para pagar sobornos a funcionarios de la petrolera mediante cuentas en el extranjero.

Se suma también João Santana, responsable de propaganda en las campañas de Rousseff y Lula (en 2006), acusado de cobrar sus servicios con dinero procedente de Petrobras y que está en prisión preventiva. La lista alcanza a varios centenares de sospechosos y el juez no parece dispuesto a rendirse: ha pedido casi un centenar de solicitudes de cooperación a una treintena de países.

En el Supremo, que tramita las causas que se refieren a los políticos aforados, figuran nada menos que 94 investigados y se han abierto procesos formales contra siete de ellos. Entre los políticos investigados como beneficiarios de la trama figura Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara de Diputados, segundo en la posible sucesión de Rousseff y quien tiene además la prerrogativa de admitir a trámite los juicios políticos contra los presidentes.