Dilma Rousseff tilda de "conjura" contra la "estabilidad democrática" de Brasil su posible juicio
- El Congreso brasileño ha comenzado el trámite para su destitución
- Está acusada de un "delito de responsabilidad" por las cuentas de 2015 y 2014
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ha denunciado lo que calificó de "conjura" contra la "estabilidad democrática" del país, al aludir al trámite para un eventual juicio político con miras a su destitución que ha comenzado en el Congreso.
"Si es necesario movilizar a la sociedad en una campaña por la legalidad", que "quede claro que me sobran energías, disposición y respeto a la democracia para el enfrentamiento necesario a la conjura que amenaza la estabilidad institucional y democrática", dijo en un acto con juristas y miembros de movimientos sociales.
Rousseff ha recibido a un grupo de juristas que calificó de "ilegal" el proceso iniciado en la Cámara para un posible juicio político a la gobernante, lo que consideran una "maniobra" para "derrocar" a un Gobierno "popular".
El acto se celebró en el Palacio presidencial de Planalto, en presencia de abogados y componentes de movimientos sociales que, tras cada intervención, corearon "no habrá golpe", un grito que se escucha en todas las manifestaciones en favor de la mandataria.
Juzgada por un delito de responsabilidad
El Congreso inició el trámite para un posible juicio político por unas maniobras fiscales con las que el Gobierno "maquilló" sus resultados de 2014 y 2015, que según la oposición suponen un "delito de responsabilidad", una de las causas que la Constitución contempla para la posible destitución de un mandatario.
La situación de Rousseff se ha agravado además por el caso de corrupción en la empresa estatal Petrobras, que ha salpicado a miembros del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y otras formaciones de la coalición que respalda a la mandataria. La petrolera publicó este lunes los peores resultados de su historia.
Luiz Inácio Lula da Silva aún no ha asumido el cargo de ministro de la Presidencia debido a que el nombramiento ha sido objetado ante el Supremo, por la sospecha de que pueda haber escondido la supuesta intención de garantizarle fueros privilegiados y permitirle esquivar a la justicia de primera instancia, que le investiga por supuesta corrupción.
El jurista Francisco de Queiroz, de la Universidad Federal de Recife, consideró que esas sospechas llevarían a entender que la Corte Suprema, que debería proseguir la investigación contra Lula si asume como ministro, "es una casa de impunidad" y "eso no es así".