La oposición da el primer paso para plantear un "conflicto de atribuciones" con el Gobierno ante el Constitucional

• Llevan al Registro del Congreso una iniciativa para que se debata y vote en Pleno
• Tratan de que el Ejecutivo cumpla con su obligación de someterse a control
• Replican a Moncloa que el Gobierno es quien no representa a las nuevas Cortes
• El TC tendría de dos a tres meses para decidir una vez presentado el recurso

Los portavoces de IU, Compromís, Democràcia i Llibertat, PSOE, Podemos y Ciudadnaos posan con la iniciativa registrada en el Congreso.

Los portavoces de todos los grupos parlamentarios del Congreso, excepto el PP, quieren que el Pleno debata una propuesta para plantear ante el Tribunal Constitucional "un conflicto de atribuciones" con el Gobierno en funciones, por su negativa a someterse al control de las Cortes.

Por ello, han presentado en el Registro de la Cámara una iniciativa para que se debata y se vote en la próxima sesión plenaria, aunque tendrá que ser calificada primero por la Mesa el martes. Esta iniciativa pondrá en marcha el procedimiento para recurrir ante el Tribunal Constitucional la negativa del Gobierno en funciones del PP a someterse a control parlamentario.

En el escrito, los grupos de la oposición (encabezada por el PSOE, Podemos y Ciudadanos como grupos principales) recuerdan las incomparecencias de algunos miembros del Gobierno y las explicaciones dadas por éste, como que "no existe actualmente una relación de confianza entre el Congreso y el gobierno en funciones y éste no puede ser sometido a control parlamentario".

Es el Gobierno el que no representa al nuevo Parlamento

La oposición hace hincapié en desmontar este argumento de Moncloa e incide en que es la propia Ley del Gobierno la que establece que todos su actos están sometidos a la fiscalización de la Cámara sin establecer distinciones entre si está en situación de interinidad o funciona con plenos poderes.

Tras precisar que el Parlamento representa al pueblo, en el que reside la soberanía, destacan que el "sometimiento del Gobierno al control político" de las Cámaras debe entenderse "aún mayor" cuando se trata de un Gobierno en funciones.

Y en este sentido, argumentan que un Gobierno en funciones no cuenta con la confianza originaria del Parlamento en su composición política actual, "cuya legitimación democrática es directa y además le ha sido concedida más recientemente, por lo que ha de entenderse más cercana a la voluntad popular".

Es más, reprochan al Gabinete de Mariano Rajoy que parezca "decir que la nueva composición de la Cámara surgida de las elecciones del 20 de diciembre no le representa y, por tanto, no puede controlarle". "Es al revés -apostillan-. Es el Gobierno el que no representa a esta renovada composición de la Cámara decidida por la ciudadanía. Y, por ello, tiene más justificación si cabe su sometimiento al control parlamentario".

A su juicio, las Cámaras no pueden estar "en funciones" hasta que se genere el nuevo Gobierno y es el "cesante y en funciones quien está limitado a ceñirse estrictamente al despacho ordinario y a los asuntos urgentes hasta que un nuevo Gobierno representativo surja del proceso de investidura".

Conflicto de atribuciones

Advierten de que el Tribunal Constitucional ha considerado "como objeto posible de los conflictos de atribuciones" -lo que quieren conseguir ahora- las decisiones de alguno de los órganos constitucionales que supongan una negación de las atribuciones que la Constitución atribuye a otro.

En su opinión, la decisión del Gobierno comunicada a la Cámara de no responder a las iniciativas de control "pretende frustrar el ejercicio de una atribución, la función de control del Gobierno que la Constitución atribuye a las Cortes Generales, haciendo imposible la misma".

Añaden que el Reglamento del Congreso no prevé una tramitación específica de los conflictos entre órganos constitucionales, mientras que el del Senado sí lo hace. Según el escrito, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional exige que el conflicto se plantee por acuerdo del Pleno de la Cámara.

Un proceso que podría durar dos o tres meses

Por todo ello, solicitan que la iniciativa se admita a trámite y se incluya en el orden del día de la primera sesión plenaria para su debate y votación.

El objetivo que buscan con la iniciativa es que "se reponga al Congreso de los Diputados en el pleno ejercicio de sus competencias constitucionales", entre ellas el control parlamentario. A tal fin, y una vez que el texto lo apruebe el Pleno, se requerirá al Gobierno que reconsidere su negativa y, si no lo hace en el mes siguiente, se presentará el conflicto de atribuciones ante el TC, el cual tendrá entre dos y tres meses para resolver.

Y es que, según el procedimiento que establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional -que es la fija que el modo de plantear un conflicto de atribuciones es mediante un acuerdo del Pleno del Congreso-, una vez que reciba el escrito del Congreso, el tribunal deberá comunicarlo al Gobierno en los diez días siguientes y fijará un mes de plazo para que formule las alegaciones que estime convenientes.

También durante ese mes, podrán comparecer en el procedimiento si consideran que éste afecta de algún modo a sus propuestas atribuciones, los demás órganos legitimados para plantear este tipo de conflictos y podrán pronunciarse "en apoyo del demandante o del demandado".

Durante el proceso, el tribunal podrá requerir aclaraciones a las partes y tendrá que tomar una decisión definitiva durante el mes siguiente o, cómo máximo, 30 días después del plazo que fije para la recepción de las mismas. Es decir, el proceso podría alargarse dos o tres meses.