Lula afirma ser víctima de un "complot" que busca perjudicarlo como líder político

• El expresidente de Brasil dice sufrir "una operación de propaganda opresiva"
• Habla de un montaje que busca evitar que "ayude" al Gobierno de Rousseff
• Dice que no hay ningún proceso en su contra ni está acusado en ninguna causa

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una rueda de prensa el pasado 28 de marzo.

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, acusado por la Fiscalía de Sao Paulo de lavado de dinero y falsificación, ha atribuido todas las denuncias en su contra a un "complot" montado por "agentes del Estado y medios de comunicación" para perjudicarlo como líder político y para evitar que "ayude" al Gobierno de Brasil en un momento en el que la presidenta Dilma Rousseff se enfrenta a un posible juicio político para destituirla.

El exmandatario ha defendido en un extenso comunicado que, pese a las denuncias y noticias que lo acusan de diferentes irregularidades y que lo vinculan al escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras, hasta ahora ningún juez ha abierto un proceso en su contra ni está acusado en ninguna causa.

De acuerdo con el Instituto Lula, que ha difundido el mensaje del expresidente, fiscales, policías y jueces -denominados en la nota "agentes del Estado"- y medios de comunicación han participado con estas denuncias en "la mayor operación de propaganda opresiva" contra un hombre público en Brasil.

Según el exjefe de Estado, desde que fue sucedido por Rousseff, un "ejército" de periodistas, policías y fiscales se ha dedicado a buscar un crimen del que poder acusarlo para alejarlo del proceso político. Añade que esa búsqueda pasó a ser "frenética" desde que, a mediados del año pasado, "quedó claro" que la investigación del escándalo en Petrobras no lo salpicaría.

Un "complot" para evitar que entre en el Gobierno

El objetivo de tal "complot", según el comunicado, es "incitar al odio", llevar a Lula al banquillo de los acusados y evitar que entre en el Gobierno de Rousseff, su sucesora y ahijada política.

La presidenta de Brasil nombró el pasado 16 de marzo a Lula como ministro de la Presidencia, aunque un magistrado de la corte suprema suspendió dos días después la designación al argumentar que su nuevo cargo en el Ejecutivo serviría para blindarlo de las investigaciones. En estos momentos, está a la espera de que el Tribunal Superior se pronuncie sobre la validez de su nombramiento.

"No existe ningún acto o decisión judicial pendiente de cumplimiento que pueda ser frustrada por el hecho de que Lula asuma el cargo de ministro", añade la nota, que aclara que el expresidente "ni pidió ni necesita del fuero privilegiado".

Se subraya que no existe ninguna acusación "fundamentada" y que por ello no se ha abierto ningún juicio contra el exmandatario. Además, el comunicado defiende que Lula siempre actuó dentro de la ley "antes, durante y después de ser presidente de la República".

"Ninguna cuenta bancaria, ninguna empresa, ninguna confesión, nada vincula a Lula a los desvíos investigados en negocios millonarios con pozos de petróleo, navíos, sondas y refinería", insiste el comunicado.

El exmandatario alega que, pese a la falta de acusaciones concretas y de nunca haberse negado a declarar ante la justicia, sus derechos fueron violados cuando fue conducido a la fuerza por la Policía a una comisaría para un nuevo interrogatorio, cuando un juez levantó su sigilo telefónico y cuando el mismo juez divulgó "ilegalmente" las grabaciones de sus conversaciones.

Lula, frente a la justicia

La Fiscalía de Sao Paulo, única que ha presentado una denuncia formal contra el expresidente, investiga si Lula es el verdadero propietario de un apartamento en la playa por el que pagó una cuota inicial, que fue sometido a millonarias reformas y que está a nombre de una constructora involucrada en los desvíos de Petrobras.

La Fiscalía Federal de Curitiba, por su parte, investiga si los cuantiosos aportes de constructoras involucradas en el escándalo de Petrobras al Instituto Lula y a la empresa con la que el expresidente cobra por dictar conferencias están relacionados a los desvíos en la petrolera.