Anulada la designación del presidente del TSJ de Murcia, impugnada por otra juez aspirante

• El Supremo ha anulado el nombramiento de Miguel Pascual Riquelme
• La denunciante estaba 1.160 puestos por delante de él en el escalafón
• Seis vocales del CGPJ denunciaron "discriminación por razón de sexo"

Miguel Pascual de Riquelme (i), en su toma de posesión como presidente del TSJ de Murcia.

El Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Miguel Pascual Riquelme como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Una designación que había sido impugnada por una juez aspirante al cargo que estaba 1.160 puestos por delante de él en el escalafón.

La magistrada de la Audiencia Provincial de Murcia Pilar Alonso impugnó el nombramiento acordado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante el alto tribunal, cuyo pleno ha decidido este lunes sobre el asunto.

La Sala de lo Contencioso Administrativo ha decidido por 18 votos a 15 anular el nombramiento al entender que su motivación fue "insuficiente o defectuosa".

No obstante, también ha rechazado por 28 votos a 5 la petición de Pilar Alonso de que se le designara para el puesto en cuestión, de modo que ahora el CGPJ tendrá que pronunciarse de nuevo sobre el nombramiento.

El Poder Judicial nombró en enero de 2015 nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) a Riquelme, una decisión que dio lugar a dos votos particulares de seis vocales críticos con el presidente del Consejo y del Supremo, Carlos Lesmes.

Seis vocales del CGPJ denunciaron "discriminación por razón de sexo"

Los citados vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consideraron dicha decisión como una "discriminación en razón de su sexo" contra la aspirante femenina y señalaron que aquella decisión "bordea la arbitrariedad".

Se da la circunstancia de que en julio del mismo año el Supremo archivó una querella que Podemos y dos abogados presentaron contra tres magistrados del TSJ de Murcia, entre ellos su presidente, Miguel Pascual Riquelme, además de contra su predecesor en el cargo, el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Juan Martínez Moya, y un tercer magistrado, Enrique Quiñonero.

Los querellantes entendían que los magistrados cometieron prevaricación cuando remitieron a un juzgado ordinario una querella que la Fiscalía presentó contra trece personas, entre ellas el aforado Pedro Antonio Sánchez, actual presidente de la Región de Murcia.

Aquella querella por supuestos delitos de prevaricación y malversación estaba vinculada con las obras de un auditorio en el municipio murciano de Puerto Lumbreras, del que fue alcalde Pedro Antonio Sánchez, que costaron más de 5,5 millones de euros y que no se habían terminado.

El TSJ admitió a trámite el asunto y reconoció la existencia de numerosos indicios de criminalidad, según dice Podemos, pero luego envió todo el procedimiento al juzgado de instrucción de Lorca, contando con el voto particular de un magistrado y con el recurso del fiscal.

La decisiones de enviar el caso de vuelta a Lorca y rechazar el recurso del fiscal son las que, según Podemos, constituyeron prevaricación, un delito que rechazó el alto tribunal que ahora ha anulado el nombramiento de Riquelme.