Suspendido el juicio del 'caso Gürtel' por Fitur para practicar nuevas pruebas

• Correa y Crespo pidieron más declaraciones tras la nueva imputación del fiscal
• La Fiscalía sostiene que la trama se creó "con la exclusiva finalidad de delinquir"

Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama Gürtel, en el banquillo de los acusados.

El juicio del caso Gürtel por los contratos de la Generalitat Valenciana para su expositor en Fitur, que celebraba su primera sesión de conclusiones, se ha suspendido para practicar nuevas pruebas, las declaraciones de nuevos testigos a propuesta de las defensas de Francisco Correa y Pablo Crespo.

Estas declaraciones se producirán los días 7, 8 y 11 de abril y se han solicitado después de que se anunciara que el fiscal ha imputado un nuevo delito, el de asociación ilícita, a los cabecillas de la red Gürtel y a los trabajadores de la empresa de la trama en Valencia, Orange Market.

La Fiscalía entiende que el grupo de empresas de Francisco Correa fueron creadas "con la exclusiva finalidad de delinquir", que constituyeron una organización estable, permanente y jerarquizada.

En consecuencia, se eleva la petición de pena en tres años para Crespo (hasta un total de 14 años) y Correa (para el que se piden 13 años) y en 18 meses para los empleados de sus empresas: Isabel Jordán (siete y medio), Mónica Magariños (seis y tres meses), Álvaro Pérez (once y medio) y Cándido Herrero (siete y medio).

Ante estas nuevas acusaciones, las defensas de los considerados cabecillas de la supuesta trama corrupta pidieron que fuesen rechazadas o que, en su defecto, se admitiese la práctica de nueva prueba, concretamente la declaración de 11 testigos, algunos de los cuales ya prestaron declaración en este mismo juicio.

Para las declaraciones de los testigos se han fijado los días 7,8 y 11 de abril, si bien las citaciones se especificarán en una resolución aparte.

La fiscal protesta por la admisión de más testigos

Según ha explicado la defensa de Pablo Crespo al término de la vista, la mayoría de testigos propuestos ya han declarado en este juicio, mientras que otros son "proveedores que vendrán a aclarar que (las empresas de Correa) eran una organización empresarial, no criminal.

A estos testigos únicamente se les podrá preguntar y sólo se podrán pronunciar sobre las nuevas acusaciones de asociación ilícita, de forma que su presencia no podrá ser utilizada para introducir otros asuntos.

La fiscal ha formulado su protesta ante la decisión de la sala de admitir nuevos testigos, una medida que considera "garantista", que "respeta, aunque no comparte", según ha explicado posteriormente.

Asimismo, ha defendido la existencia de una asociación ilícita en este caso, con independencia de lo que se pueda considerar en el resto de piezas del caso Gürtel que se enjuiciarán en la Audiencia Nacional.

El juicio se retomará el próximo jueves a las 9.30 horas con las declaraciones de los testigos propuestos por las defensas de Crespo y Correa.

La vista empezó en 2015 con un año de retraso

Esta suspensión no es la primera medida considerada "garantista" que adopta la sala, dado que la vista -que arrancó el 31 de marzo de 2015 con un año de retraso debido al conflicto de competencias que generó la dimisión como diputadas de las dos exconselleras procesadas- ya se suspendió al día siguiente a petición de las defensas, para que pudiesen examinar nueva documentación, y se retomó el 19 de junio.

Aquella vista ya llegó seis años después de que, al inicio de la operación Gürtel por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, dos funcionarios de Justicia se personaran en la Conselleria de Turismo para buscar los contratos de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) con Orange Market -la filial valenciana de la trama- sobre Fitur.

Según la investigación, había indicios de que Orange Market, encargada de "la mayor parte" de actos del PPCV, se aprovechó de las relaciones personales de sus gestores con las máximas autoridades del Gobierno valenciano para lograr esas adjudicaciones, pese a que sus ofertas eran las más caras y no reunían las condiciones técnicas y económicas necesarias.

En el banquillo de los acusados se sientan 13 personas, entre ellas dos exconselleras de Turismo: Milagrosa Martínez y Angélica Such, así como cinco empleados públicos, entre ellos el jefe de gabinete de Martínez, Rafael Betoret, condenado en la pieza separada conocida como causa de los trajes de este mismo caso Gürtel.

También están procesados seis responsables y empleados de la trama Gürtel, como los supuestos cabecillas Correa y Crespo, Álvaro Pérez "El Bigotes", Cándido Herrero e Isabel Jordán.