Competencia recurre la normativa sobre el alquiler de vehículos con conductor

• Limita la entrada y la capacidad de competir de los vehículos con conductor
• Reduce la competencia en el mercado de transporte urbano de viajeros
• Afecta negativamente a los precios, la calidad y la innovación

Un vehículo con conductor.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido interponer un recurso contencioso administrativo contra la normativa de vehículos de alquiler con conductor (VTC) aprobada por el Gobierno, porque, en su opinión, limita la entrada y la capacidad de competir de los vehículos con conductor, reduce la competencia en el mercado de transporte urbano de viajeros y afecta negativamente a los precios, la calidad y la innovación.

En concreto, el recurso se interpone contra las restricciones a la competencia incorporadas en el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre de 2015 y en la Orden FOM 2799/2015, de 18 de diciembre, "ambas perjudiciales para el interés general", según indica la CNMC en un comunicado.

El 14 de enero, la CNMC envió al Consejo de Ministros un requerimiento de anulación de varios artículos incorporados en dicho Real Decreto y el 9 de febrero formuló un requerimiento al Ministerio de Fomento solicitándole la eliminación de varios artículos incorporados en la citada Orden Ministerial. No obstante, ninguno de estos dos requerimientos previos "ha sido respondido ni motivado por el Ministerio de Fomento".

La CNMC recuerda que está legitimada para impugnar los actos de las administraciones públicas y las normas con rango inferior a la ley que sean contrarios a los principios de promoción de la competencia efectiva y a la regulación económica eficiente.

Entre los principales obstáculos a la competencia establecidos en el Real Decreto y en la Orden Ministerial, que en opinión de la CNMC deben ser eliminados por no estar suficientemente justificados, se encuentran los límites cuantitativos a las licencias de VTC, la obligación de contratación previa del servicio y la prohibición de competir de forma directa en la vía pública.

También estima que deben eliminarse las restricciones geográficas a la prestación del servicio que fragmentan el mercado nacional, el

establecimiento de un número mínimo de vehículos para operar y una serie de restricciones "innecesarias y discriminatorias" para los nuevos entrantes relacionadas con la representatividad y la antigüedad de los vehículos.