Un tercer empresario reconoce ante el fiscal que financió ilegalmente al PP valenciano para rebajar su pena

• Alejandro Pons reconoce que pagó 31.000 euros para campañas en 2007 y 2008
• El empresario Enrique Pons fue el primero que reconoció la financiación ilegal

El ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa es uno de los de los procesados

Un tercer empresario ha reconocido ante la Fiscalía Anticorrupción que financió ilegalmente campañas electorales del PP de la Comunidad Valenciana, cuando lo presidía Francisco Camps, a cambio de rebajar su condena en el juicio que sentará a cinco ex altos cargos de este partido en relación con el caso Gürtel en esta autonomía.

En concreto, el empresario Alejandro Pons Dols ha alcanzado un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que reconoce que pagó más de 31.000 euros al PPCV para campañas electorales de 2007 y 2008.

Pons ha presentado este escrito después de que otros dos empresarios confesaran también pagos irregulares a la formación política: Enrique Ortiz, dueño de Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, integrado en el Grupo Cívica, y su subordinado José Francisco Beviá.

Ortiz reconoció haber abonado 348.115 euros al PP para la organización de la campaña de las elecciones generales de 2008 como le acusaba la Fiscalía Anticorrupción, que a cambio de su confesión ha pedido rebajar las penas a este y a su socio a un año y tres meses de cárcel para cada uno, según fuentes jurídicas.

Ahora son los abogados del empresario Alejandro Pons quienes han modificado el escrito de defensa de su cliente en el sentido de admitir los hechos que son objeto de acusación por parte del Ministerio Público y la acusación popular y por los que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata abrió juicio oral el pasado 26 de febrero.

Un año y nueve meses de prisión a cambio de confesar

En el escrito, el acusado se muestra de acuerdo con que se le imponga un año de prisión por un delito de falsedad en documento mercantil y otros nueve meses de cárcel por tres delitos electorales junto al pago de multas con la aplicación de las circunstancias atenuantes de confesión tardía y dilaciones indebidas.

Pons solicita el respaldo de las acusaciones para que se le conceda el beneficio de suspender la ejecución de las penas de prisión, al tiempo que explica que ha aportado un aval bancario por importe de 43.600 euros respecto a las responsabilidades pecuniarias.

En concreto, la Fiscalía señalaba que la compañía Piaf S.L. por decisión de sus consejeros Antonio y Alejandro Pons Dols entregó al PPCV en 2007 un total de 26.912 euros y otros 4.400 euros en 2008.

La empresa de la Gürtel Orange Market elaboró diversas facturas para dar cobertura a la entrega bajo conceptos "inveraces" sobre vallas publicitarias y publicidad. "Orange Market elaboró la segunda factura, que no llegó a entregar pese a que sí recibió el pago", añade en su escrito provisional de acusación.

Una veintena de acusados en el banquillo

Pons se encuentra entre las 20 personas que se sentarán en el banquillo en los próximos meses por financiar de forma ilegal el PPCV entre 2007 y 2008, en concreto las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.

Entre los acusados se encuentran también el presunto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Alvaro Pérez, El Bigotes. Además, se acusa a cinco ex altos cargos de la formación política, entre ellos Ricardo Costa y Vicente Rambla.

El resto de acusados son empresarios radicados en la Comunitat Valenciana sospechosos de financiar de forma irregular el partido a nivel regional, entre los que figuran el ex consejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín y el sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, Vicente Cotino.

En 2006, el PPCV empezó a contratar a Orange Market para preparar sus campañas autonómicas y municipales. Por ejemplo, abonó, sin tributar ni contabilizar, unos 1,15 millones en las autonómicas de 2007 y un total de 78.878 euros en las municipales de ese año por actos, entre los que se encontraba uno protagonizado por el presidente del Gobierno en funciones Mariano Rajoy en Alicante (16.882 euros).

Según el juez, el sistema de pago de los gastos que realizaba Orange Market para el partido se abonó "presuntamente de forma dual, es decir que al menos una parte relevante se abonó con cantidades económicas ajenas al circuito económico legal, mientras otra se hacía de forma legal mediante la emisión de factura".