La Defensora del Pueblo insta en el Congreso a cumplir con la acogida de refugiados comprometida con la UE

• Soledad Becerril ha presentado el Informe 2015 en el Pleno del Congreso
• Asegura que la acogida de los refugiados "se puede organizar"

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, presenta el Informe 2015 en el Congreso de los Diputados

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha insistido este miércoles ante el Pleno del Congreso en que España "tiene que prestar atención y ayuda" en la crisis humanitaria que vive Europa y cumplir sus compromisos de acogida de refugiados, que "no son unas cifras exageradísimas".

Becerril, que ha comparecido en el Pleno para la presentación y aprobación de su informe 2015, ha afirmado que "con la colaboración de las comunidades autónomas, los grandes municipios y la Administración General del Estado", la acogida comprometida en la UE "se puede organizar".

"Desde luego, España, como otros países, tenemos que prestar atención y ayuda en este momento a Grecia e Italia, a los centros que están recibiendo un mayor número de migrantes, y nuestra ayuda a parte de económica puede y debe ser de técnicos que sepan como tramitar y cómo actuar para dirigir a estas personas que están demandando asilo a distintos lugares de la UE", ha añadido.

Becerril hace pública esta denuncia un día después de que la Comisión Europea hiciera público en un informe el bajo grado de cumplimiento de los compromisos de los países miembros en la acogida de los refugiados. Según ese informe España ha rebicado a 18 refugiados procedentes de Italia.

“"Tenemos que tratarles de manera bien distinta"“

En su opinión, "crear una agencia europea de asilo es una buena decisión" porque "la coordinación de todos los países es fundamental para evitar el cierre de fronteras" y "comportamientos absolutamente inaceptables como lanzar gases hacia personas que están esperando tras una verja a cruzar", en relación a las cargas policiales de los últimos días sobre las familias que acampan en Idomeni, junto a la frontera de Macedonia.

"Es inaceptable. Es un drama humano en el que están sumidas estas familias y tenemos que tratarles de manera bien distinta y la Unión Europea tiene que extremar la atención y los cuidados", ha sentenciado.

Críticas de los grupos parlamentarios

Sobre este asunto han tratado distintos diputados durante sus intervenciones, como la portavoz socialista, María Dolores Galovart, quien ha pedido directamente a Becerril que "haga valer su influencia ante el Defensor del Pueblo de Turquía para que la implementación del acuerdo se lleve a cabo con suficientes garantías" y "reproche con contundencia al Gobierno en funciones al igual que acaba de hacer la Comisión Europea su vergonzosa falta de compromiso con la acogida de refugiados".

El portavoz del PP, José María García Urbano, ha señalado sobre este mismo asunto que "ningún grupo social debe hacerse con el monopolio de los sentimientos" y ha defendido que "España ha demostrado que es un país serio y que actua con responsabilidad" con una postura que ha sido, según ha afirmado, "defender el asilo" y "promover una política común" en el seno de la Unión Europea.

De parte de Ciudadanos, Francisco Javier Cano, ha elevado distintas propuestas a la institución, como incrementar las actuaciones de oficio a futuro porque, según ha dicho, la comparativa entre las quejas tramitadas y las medidas emprendidas por el Defensor del Pueblo "es muy desproporcionada".

Durante su intervención, en la que ha dado cuenta de los temas que han centrado las cerca de 18.000 quejas recibidas por la institución el año pasado, Becerril se ha referido a otros asuntos, como la violencia de género, para mencionar que "hay mujeres que presentan la denuncia y no quieren ratificarla" lo que a su juicio, "puede ser indicador de que hay alguna cosa que conviene revisar".

Los grupos piden más actuaciones en materia de migraciones

En este sentido, la portavoz de Podemos-En Común Podem-En Marea, Victoria Rosell, ha llamado la atención sobre la falta de un capítulo específico sobre violencia machista, cuestión que en el informe anual sólo se aborda en el marco de la administración de justicia, y le ha pedido más actuaciones en materia de migraciones y asilo. "Hay que felicitar al Defensor por su labor de denuncia pero eso no basta", ha añadido.

Por su parte, la portavoz de Coalición Canaria en el Grupo Mixto, Ana Oramas, ha puesto el acento en la situación de pobreza infantil, para pedir un mayor esfuerzo en el análisis de su alcance y consecuencias, y ha reclamado una acción directa del Gobierno sobre todo en este tema. "Hay 6.000 menores que han llegado a Alemania y han desaparecido y 1.500 niños en centros de detención contraviniendo la legislación europea", ha denunciado.

Sobre refugiados ha hablado también la portavoz de Democracia y Libertad, Elena Ribera i Garijo, quien ha asegurado que Cataluña ha "ofrecido plazas" y el Ejecutivo les ha negado esa opción porque una cuestión de competencias. No obstante, la diputada ha dado más peso a la reivindicación independentista, lanzando a la Defensora una pregunta: "Cuando a un pueblo no se le deja ser, ¿Dónde tiene que acudir?".

El portavoz de ERC, Gabriel Rufían, tras afirmar que el informe pareciera describir "Narnia" y no España, ha preguntado a Becerril "dónde estaba" en distintos momentos de los últimos años, como cuando "se echaba a la gente a patadas de sus casas", o por qué después de que se recibiese "a pelotazos a 15 personas en el Tarajal que acabaron en la morgue", su respuesta "fue interponer un recurso ante el Constitucional contra la Autoridad Catalana para la Prevención de la Tortura". "Por coherencia y dignidad lo que debería hacer es dimitir y disolver la institución", ha zanjado.

Por otra parte, la Defensora ha abordado su papel como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para afirmar que "en España no hay torturas al igual que en España no hay presos políticos", asunto que ha generado la respuesta, entre otros, del diputado del PNV, Joseba Aguirretxea, quien ha recordado a la Defensora las seis condenas al respecto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el informe encargado por el Gobierno según el cual, "los malos tratos no son hechos aislados sino síntomas de deficiencias estructurales".