EE.UU. denuncia que las detenciones y amenazas contra disidentes en Cuba continuaron en 2015

• El Gobierno estadounidense publica su informe anual sobre Derechos Humanos
• Acusa al régimen cubano de arrestos "arbitrarios" contra la libertad de expresión
• También afirma que Venezuela utiliza la justicia para "intimidar" a los opositores

Detención de una 'dama de blanco' en La Habana, en diciembre de 2015

El Gobierno de Estados Unidos ha acusado a Cuba de acosar, detener y amenazar a los disidentes durante 2015, así como de realizar arrestos "arbitrarios" de pocas horas "para impedir el ejercicio de las libertades de expresión y reunión pacífica", según consta en el informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, que también denuncia la intimidación judicial de los opositores en Venezuela.

Pese al deshielo de las relaciones entre ambos países, culminado hace menos de un mes con la visita del presidente estadounidense, Barack Obama, a La Habana, el Departamento de Estado sitúa este año a Cuba entre los países cuyos gobiernos usan métodos "directos y abiertos" para "reprimir a la sociedad civil". Al presentar el documento, el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, ha recordado que en ese viaje a Cuba de marzo pasado tanto él como Obama "urgieron" a las autoridades "a permitir una mayor apertura política" y más acceso a internet.

Según el estudio, el año pasado en Cuba "los actos de repudio orquestados por el Estado impidieron a grupos e individuos de la sociedad civil independiente participar en reuniones o eventos". Además, añade, "la seguridad del Estado continuó con su práctica de detenciones arbitrarias de corto plazo para impedir el ejercicio de las libertades de expresión y reunión pacífica".

“El Gobierno [cubano] siguió negando tener a presos políticos, pero rechazó el acceso a sus cárceles“

Estados Unidos recuerda que en enero de 2015 Cuba liberó a 53 presos políticos en el marco de la normalización bilateral, pero al menos seis de ellos volvieron a ser arrestados durante el año y condenados a penas de cárcel más largas. Asimismo, se refiere a las denuncias de las Damas de Blanco sobre "36 domingos consecutivos" de arrestos tras la Cumbre de las Américas de Panamá celebrada en abril y las de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) sobre el aumento de las detenciones de pocas horas en La Habana. "El Gobierno (cubano) siguió negando tener a presos políticos, pero rechazó el acceso a sus cárceles a organizaciones humanitarias internacionales y a Naciones Unidas", sostiene el informe.

Intimidaciones a la oposición en Venezuela

En cuanto a Venezuela, el informe acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de usar la judicatura para "intimidar" a los opositores y le achaca el "uso indiscriminado de la Policía" para detener de forma arbitraria a miembros de la sociedad civil. Así, se subraya que el Ejecutivo "arrestó y encarceló a varias figuras de la oposición", entre los que cita a Leopoldo López, Enzo Scarano y Daniel Ceballos, entre otros.

El Departamento de Estado resalta que la familia de Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión, ha denunciado en varias ocasiones que se "negó" al político permiso para ver a un médico durante la huelga de hambre de 30 días que mantuvo el año pasado en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas.

La esposa de Leopoldo López denuncia vejaciones en la cárcel cuando acudía a visitar a su marido.

"Hay información sobre tortura, tratos inhumanos o degradantes y castigos a prisioneros durante todo el año. Dos métodos comunes de tratamiento cruel fueron la negación de asistencia médica por parte de las autoridades de prisiones y el mantenimiento de los presos en régimen de aislamiento", sostiene el informe.

Asimismo, asegura que el Ejecutivo venezolano "no respetó la independencia judicial y no permitió que los jueces actuaran de acuerdo a la ley sin miedo a represalias". El informe también recoge que suscita una "preocupación seria" la impunidad en el seno de las fuerzas de seguridad de Venezuela y apunta que "a veces se tomaron medidas para castigar a funcionarios de bajo rango por los abusos, pero pocas investigaciones se adoptaron contra altos cargos gubernamentales".

Menciones a Ecuador, Bolivia y Nicaragua

El informe también menciona a los Gobiernos de Ecuador, Bolivia y Nicaragua, asegurando que usan una "burocracia administrativa pesada" para restringir la libertad de asociación y "reprimir" a la sociedad civil.

Según el documento, el Gobierno de Ecuador "sigue restringiendo" a los medios independientes y a la sociedad civil utilizando leyes de derechos de autor para forzar la eliminación de contenidos de internet.

En Bolivia, "el presidente, el vicepresidente y los ministros critican repetidamente el trabajo de las ONG y las organizaciones sociales no alineadas con el Gobierno", sostiene el informe. Añade que algunas entidades no gubernamentales aseguran que los mecanismos de registro del Gobierno "son estrictos a propósito" para "limitar las organizaciones independientes en el país".

En Nicaragua, las ONG nacionales que están bajo la investigación del Gobierno denuncian "problemas para acceder al sistema de Justicia y retrasos a la hora de procesar las peticiones, así como presión de las autoridades del Estado".