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Rousseff pierde el respaldo de otro aliado, que apoyará el juicio político en su contra

  • Así lo han anunciado los laboristas, que cuentan con un ministro en el Gobierno
  • Todavía no han decidido si solo votarán a favor o si también saldrán del Ejecutivo
  • En las últimas semanas, tres partidos han abandonado el Gabinete de Rousseff
  • La presidenta de Brasil se enfrenta a un posible proceso de destitución

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La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, durante un acto en Brasilia este miércoles 13 de abril.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, durante un acto en Brasilia este miércoles 13 de abril.

El Partido Laborista Brasileño (PTB), que tiene un representante en el Gobierno de Dilma Rousseff, ha anunciado este miércoles que la mayoría de sus miembros en el Congreso de los Diputados votarán a favor de abrir un juicio político con fines de destitución contra la presidenta. Con esta decisión, se suman a las otras tres formaciones oficialistas que también apoyarán el proceso.

Sin embargo, el PTB todavía no sabe si abandonará el Ejecutivo como sí hicieron el Partido Progresista (PP), el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado del Gobierno y formación del vicepresidente Michel Temer, y el Partido Republicano Brasileño (PRB). De momento, el senador laborista Armando Monteiro es titular del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior.

La decisión fue anunciada por el portavoz de la formación, Wilson Filho, tras una reunión en la que 15 de los 19 diputados del PTB se declararon favorables a dar luz verde al proceso en la votación que está prevista para el próximo domingo en el pleno de la Cámara Baja. Sin embargo, la dirección del partido dejará que los miembros que apoyan a la mandataria voten contra la apertura del proceso de destitución sin sancionarlos.

"El PTB, de forma unida, ha concluido que Brasil vive la peor crisis política y económica de los últimos años y percibe que el país no tiene como volver a levantarse en caso de que el actual Gobierno continúe", ha declarado Filho.

La presidenta de Brasil, por su parte, ha prometido que "luchará hasta el último minuto". "Sé que los brasileños están de mi lado y que venceremos esta batalla", ha subrayado Rousseff .

El apoyo a Rousseff mengua día a día

Para que se abra el juicio político contra la presidenta primero deber ser aprobado en la Cámara de los Diputados por una mayoría de dos tercios (al menos 342 votos de 513), que la oposición todavía no tiene asegurada. Si los apoyos no alcanzan esta cifra, el proceso será archivado.

Sin embargo, cada día que pasa el Gobierno de Rousseff pierde apoyos. Este mismo miércoles, otro partido miembro del Gabinete, el Partido Social Democrático (PSD), liderado por el ministro de Ciudades, Gilberto Kassab, también ha anunciado que la mayoría de sus diputados se han manifestado a favor de la posible destitución de la jefa de Estado.

Según la prensa local, al menos 31 de los 38 diputados del PSD votarán a favor del proceso a Rousseff, cuya base de apoyo en el Parlamento sigue menguando a medida que se profundiza la crisis política.

Este martes, el Partido Progresista, que tiene la cuarta minoría en la Cámara de Diputados, también se decantó por votar a favor de que responda a un juicio con miras a su destitución. Asimismo, decidió salier del Ejecutivo y entregar la cartera de Integración Nacional que ostentaba hasta ahora.

El PP, con 49 diputados, siguió el camino del PMDB, primera minoría con 68 escaños y que ya se apartó del Gobierno el pasado marzo. Antes ya había abandonado el Gabinete el Partido Republicano Brasileño. Aun cuando algunos de los diputados de esas formaciones voten a favor de Rousseff, estos partidos que hasta hace poco eran aliados de la presidenta engrosarán las fuerzas favorables al proceso en su contra.

Si finalmente la oposición a la presidenta consigue los 342 apoyos necesarios, el proceso pasará al Senado. Allí, los 81 miembros decidirán por mayoría simple si efectivamente empieza el juicio político. Si esto sucediese, Rousseff se tendría que separar del cargo durante los 180 días que tendrá la Cámara Alta para celebrar el proceso y en ese período debería ser sustituida por el vicepresidente, que también está bajo la amenaza de un juicio político.