La Cámara de Diputados apoya la destitución de Rousseff y el Senado decidirá

• La oposición alcanza los 342 votos necesarios para que siga el proceso
• Rousseff recibe la noticia con "indignación y tristeza"
• Miles de personas se han manifestado fuera de la Cámara a favor y en contra

La Cámara de Diputados apoya la destitución de Rousseff y el Senado decidirá

La Camara de Diputados de Brasil ha apoyado este domingo que prosiga el proceso contra la presidenta Dilma Rousseff, ya que la oposición ha logrado alcanzar los 342 votos necesarios. Tras esta decisión, la apertura de un juicio con miras a la destitución de la presidenta brasileña queda en manos del Senado.

Los promotores del proceso han logrado la preceptiva mayoría de dos tercios de los votos cuando aún no se habían pronunciado los 513 diputados y han estallado en algarabía al grito de "Fuera Dilma", en medio de las protestas del oficialismo que ha respondido "no habrá golpe".

"Cuánta honra me reservó el destino para dar este grito en nombre de todos los brasileños", ha dicho el diputado Bruno Araújo, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el anunciar el voto que ha garantizado la victoria a la oposición.

En medio del alborozo y las lágrimas de algunos diputados del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), la votación ha continuado en medio del festejo opositor, que se replicaba en las calles de decenas de ciudades del país, en las que el resultado fue seguido por fuegos artificiales y el mismo grito: "Fuera Dilma".

El próximo paso del proceso estará en manos del Senado, que a partir del martes iniciará los trámites para decidir si se abre el juicio político contra Rousseff, lo que podría ser definido en unos veinte días.

Si el pleno del Senado respalda la posición de la Cámara de Diputados, Rousseff será sometida a un juicio político con fines de destitución y deberá separarse del cargo durante un plazo de 180 días, que será el tiempo que tendrá la Cámara Alta para el proceso.

En ese período, su cargo será ocupado por el vicepresidente Michel Temer, líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que hace dos semanas rompió con el Gobierno y decidió apoyar el proceso con miras a la destitución de Rousseff.

Rousseff recibe la noticia con "indignación y tristeza"

El abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, ha declarado que la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ha recibido con "indignación y tristeza" la decisión de la Cámara de Diputados que la deja al borde de un juicio político.

"Quien es favorable a la democracia no puede ser favorable a lo que ocurrió hoy", ha declarado Cardozo tras la votación en la Cámara Baja que ha decidido por una clara mayoría que el trámite contra Rousseff prosiga en la instancia definitiva del Senado.

"Esta decisión no abatirá a la presidenta", que no tiene "apego a cargos", pero "dedicó su vida a luchar por la democracia", ha añadido.

Según Cardozo, "si alguien cree que ella se doblará frente a lo que pasó hoy se equivoca, pues ella luchará así como luchó contra la dictadura para evitar que haya otro golpe de Estado".

Debates desde el viernes

Esta sesión fue precedida por debates que comenzaron la mañana del viernes, se prolongaron en forma ininterrumpida durante casi 43 horas, en las que intervinieron 389 diputados.

Rousseff ha sido acusada de incurrir en maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.

Antes de llegar al pleno de la Cámara Baja, la acusación fue analizada por una comisión especial, que aprobó un informe elaborado por el diputado instructor, Jovair Arantes, quien recomendó que se apoye la apertura del juicio político en el Senado.

El instructor reafirmó este domingo que "todos los indicios son más que suficientes" para aceptar la acusación, que presenta "hechos graves que atentan contra la Constitución, las finanzas publicas, la responsabilidad fiscal, la transparencia y contra el país".

El Gobierno y la propia Rousseff han calificado el proceso como un "golpe de Estado" y asegurado que esos actos, si bien pudieran sugerir alguna "falta" administrativa, no suponen un "delito de responsabilidad", que es lo que la Constitución contempla para la destitución de un mandatario.