Dilma Rousseff asegura sentirse "víctima de una gran injusticia" y niega las acusaciones

• Califica el proceso de "golpe de Estado, que no es de los tradicionales"
• Las maniobras contables que sustentan la acusación son legales, afirma
• La oposición asegura que maquilló los resultados del Gobierno en 2014 y 2015

Una imagen de archivo de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha comentado en una rueda de prensa la decisión de la Cámara de Diputados que la coloca más cerca de un proceso con fines a su destitución, y ha dicho sentirse "víctima de una gran injusticia" al tiempo que ha vuelto a negar las acusaciones.

Según Rousseff, quien ha admitido estar "triste" pero no "abatida", ha quedado frente a una "situación que sólo puede provocar una inmensa sensación de injusticia y de que hay en Brasil una violencia contra la verdad, la democracia y el Estado de Derecho". Así, ha recordado que en su juventud se enfrentó por "convicción" a una dictadura y ha afirmado que ahora, en su madurez, enfrentará de la misma forma "un golpe de Estado, que no es de los tradicionales, pero es un golpe".

La presidenta ha asegurado también que, una vez que el proceso con vistas a un posible juicio político se inicie en el Senado, confía en que tendrá la "oportunidad" de defenderse y demostrar que, en su caso, "se usa la apariencia de un proceso democrático para practicar un abominable crimen, como es condenar a un inocente".

Rousseff ha insistido en que las maniobras contables que sustentan la acusación no suponen una ilegalidad y mucho menos un "delito de responsabilidad", como la Constitución define las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario. "Practiqué esos actos, que son practicados por todo presidente en el ejercicio de su cargo y cuando un presidente practica actos administrativos lo hace basado en toda una cadena de decisión, con análisis técnicos y jurídicos", ha explicado.

La oposición asegura que Rousseff incurrió en maniobras contables para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, alterar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, pese a que la legislación lo prohíbe.

Por momentos emocionada, ha apuntado que con otros mandatarios esas maniobras "fueron consideradas legales" y que siente que a ella le "reservan un tratamiento que no se le dio a nadie".

También ha considerado "interesante" que no hay en su contra "ninguna acusación de desvíos de dinero, de enriquecimiento ilícito o de ocultar cuentas en el exterior", que sí pesan contra quienes la juzgan, en alusión al presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, imputado por esos delitos.

El próximo paso del proceso estará en manos del Senado, que a partir del martes iniciará los trámites para decidir si se abre el juicio político contra Rousseff, lo que podría ser definido en unos veinte días. Si el pleno del Senado respalda la posición de la Cámara de Diputados, Rousseff será sometida a un juicio político con fines de destitución y deberá separarse del cargo durante un plazo de 180 días, que será el tiempo que tendrá la Cámara Alta para el proceso.