La juez del tercer grado de Fabra fue suspendida por el CGPJ por presionar para beneficiar a Mario Conde

• El órgano del Poder Judicial suspendió a Prado Torrecilla siete meses en 2003
• Presionó a otra compañera juez para que diera el tercer grado al exbanquero
• Ahora se lo ha concedido a Fabra contra el criterio del fiscal e Instituciones

El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra en una foto de archivo

La juez María del Prado Torrecilla, la titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Madrid que concedió este lunes el tercer grado al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra (PP) en contra del criterio de la Fiscalía y de Instituciones Penitenciarias, fue suspendida de sus funciones durante siete meses por el Consejo General del Poder Judicial en 2003.

El CGPJ la sancionó entonces por presionar a su compañera Reyes Jimeno para que concediera este mismo grado penitenciario al exbanquero Mario Conde, que cumplía en ese momento condena por el caso Banesto.

La Fiscalía pidió que se la expulsara de la carrera judicial, pero su petición fue rechazada y la sanción quedó finalmente en siete meses por una falta disciplinaria muy grave prevista en el artículo 417.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que sanciona "la intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier clase, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro juez o magistrado".

La sanción fue aprobada por 10 votos contra los de otros nueve vocales, pertenecientes al sector progresista del órgano, que querían que fuera suspendida durante dos años, como proponía el instructor del expediente disciplinario.

Al ser superior a 6 meses, la suspensión que se impuso a Torrecilla en 2003 le supuso la pérdida de destino como juez de vigilancia de la capital, puesto que recuperó más tarde, una vez que concursó de nuevo a la plaza cumplida la sanción.

El instructor del expediente disciplinario a la juez Torrecilla, el magistrado Eduardo Calvo, pedía una segunda sanción de un año de suspensión por las supuestas presiones de la juez al director de la cárcel de Alcalá-Meco, donde estaba recluido Conde. Esta segunda sanción fue rechazada por el Consejo.

Según el instructor del expediente, Eduardo Calvo, Torrecilla intentó "de modo consciente y voluntario" conseguir un trato favorable a Mario Conde, entonces preso por el "caso Banesto", después de que el Tribunal elevase su condena a 20 años de prisión.

El informe del instructor consideró probado que la juez Torrecilla trató de modificar la distribución de centros penitenciarios para obtener la competencia sobre Alcalá-Meco; que tuvo conocimiento anticipado del recurso de Conde contra su clasificación en segundo grado y que tenía preparada de antemano una providencia que le dio curso con celeridad, que firmó la juez sustituta de Jimeno; y que los términos de esta providencia suponían un elemento de presión al director de la prisión.

Torrecilla fue denunciada en diciembre de 2002 ante el CGPJ por la juez de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Madrid, Reyes Jimeno, quien había denegado el tercer grado penitenciario solicitado por Mario Conde, que cumplía entonces su condena de 18 de cárcel por los casos Banesto y Argentia Trust.

La resolución que dictó este lunes en favor de Carlos Fabra se ha producido en contra del criterio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que se opuso a la concesión de este tercer grado por la que Fabra solo tendrá que acudir a pernoctar a la prisión.

Carlos Fabra, que ingresó en prisión el 1 de diciembre de 2014, cumple una condena de cuatro años por cuatro delitos contra la Hacienda Pública. La Audiencia de Castellón le condenó a esta pena de prisión por defraudar 693.000 euros en IRPF entre 1999 y 2003.