Asociaciones de jueces y fiscales abogan por restringir la acción popular para evitar abusos

• Proponen establecer unos criterios para determinar a qué intereses representan
• También plantean la necesidad de reformar la Fiscalía para darle independencia

Imagen de archivo del juicio del 'caso Nóos' en el que Manos Limpias ejerce la acusación popular.

Las asociaciones de jueces y de fiscales se han mostrado partidarias este miércoles de adoptar medidas restrictivas para evitar abusos en el ejercicio de la acción popular en procedimientos judiciales y situaciones como las que han llevado a investigar a las organizaciones Manos Limpias y Ausbanc cuyos dirigentes están en prisión provisional por una presunta trama de extorsión.

La portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura María Jesús del Barco, considera que debería haber una regulación más restrictiva para que quienes ejercen la acusación popular "no campen a sus anchas" y evitar el uso abusivo de esta figura por intereses no jurídicos.

Para ello, plantea que se establezcan unos criterios para determinar los intereses que representan y qué motivos les llevan a interponer esa acción.

Precisamente, las defensas de Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres en el caso Nóos, han pedido este miércoles la expulsión de Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en el juicio, al considerar que persigue "intereses espurios".

Una reforma de la Fiscalía

La acusación popular, según ha señalado el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquín Bosch, ha adquirido gran relevancia en España por el control que existe del poder político sobre la Fiscalía.

Con una Fiscalía jerarquizada, ha señalado Bosch, en la que el fiscal general es nombrado por el Gobierno muchos asuntos no llegarían a juicio sin la acusación popular, aunque ha advertido de que esta figura es una singularidad del sistema español sin apenas equivalente en Europa.

A su juicio la solución pasa por un cambio en el sistema de la investigación penal equiparable a los países europeos para que la misma se encargue el fiscal y no el juez instructor lo que debe ir acompañado de una reforma de la estructura del Ministerio Público para que no tenga conexiones con el poder político.

No obstante Joaquín Bosch estima que habría que establecer algunas cautelas para poder ejercer la acción popular para evitar un uso abusivo y mejorar el sistema de fianzas para resarcir posibles daños. También se ha mostrado partidario de establecer que haya relación entre la actividad de la entidad que ejerce la acción y el objeto del caso.

El portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, ha abogado por establecer unos filtros como fianzas para que no se ejerciten acciones populares con fines que no sean los establecidos por la ley.

Una revisión de la regulación de la acción popular

Mientras, el presidente de Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, cree un error la existencia de la acción popular en el procedimiento español ya que no hay ningún país del entorno de España que recoja esta figura.

Gallardo cree que si no se confía en la actual estructura de la Fiscalía hay que arreglar este problema "pero no se puede dar a cualquiera licencia para matar".

En este sentido ha advertido de que los juzgados reciben querellas en el ejercicio de la acción popular que se presentan con fines espurios e incluso para vengarse. Además, considera que "en España se gastan millones de euros para que las administraciones se personen como acusación popular por intereses políticos cuando para defender la legalidad ya está el fiscal".

Por todo ello estima que "habrá que revisar la regulación de la acción popular para reducirla al mínimo indispensable" y reformar el Ministerio Fiscal "para que nadie dude de su imparcialidad".

Más autonomía e independencia para la Fiscalía

También el portavoz de la Asociación de Fiscales, Emilio Frías, se ha mostrado partidario de replantear la existencia de la acción popular o si se mantiene realizar una nueva regulación en profundidad "para evitar penas de banquillo", teniendo en cuenta que en los procedimientos ya actúan el fiscal y las acusaciones particulares de los perjudicados directos. Ha coincidido en que se trata de una figura "extraña y no reconocida fuera de España en el entorno europeo".

El presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García Ortiz, ha aclarado que la acción popular figura en la Constitución no como contrapeso al fiscal sino para que los ciudadanos participen en la justicia como lo hacen con el jurado.

Ha añadido que no obstante "el sistema penal está pidiendo a gritos una reforma para que cualquiera no acuse por cualquier delito y restringirla como se ha hecho con el jurado", además de dar más autonomía e independencia al Ministerio Fiscal.

El portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Salvador Viada, cree que hay que modular su ejercicio y ha advertido de que existe por la desconfianza en que el Estado a través de la Fiscalía actúe siempre dando satisfacción al interés público.

En este sentido estima que si es necesario habría que cambiar el sistema de elección del fiscal general y ha advertido de que seguirá habiendo quien quiera cubrir el hueco que se produce cuando a un juez le falta una acusación en algún procedimiento en el que no acusa la Fiscalía.