El Congreso apoya por unanimidad investigar el voto rogado

• Se creará una comisión, pero solo si hay investidura antes del 3 de mayo
• La participación electoral de los extranjeros ha bajado de un 30% a un 5%
• PP y PSOE rechazan que se trate de buscar "culpables" de estos problemas

Los diputados de Podemos aplauden a su portavoz tras intervenir sobre el voto exterior.

El pleno del Congreso ha aprobado con 312 votos a favor y una abstención crear, a petición de Podemos, una comisión de investigación sobre las irregularidades, errores administrativos y falta de medios que dificultan a los residentes en el exterior ejercer su derecho al voto, tras un debate salpicado de reproches por la falta de gobierno. En todo caso, esta comisión sólo llegará a constituirse si antes del 3 de mayo prospera una sesión de investidura.

Desde que en 2011 se modificara el sistema de voto para los residentes en el extranjero y se introdujera el llamado voto rogado, la participación electoral ha bajado del 30% en 2008 a menos del 5% en ese colectivo, que se queja de multitud de trabas burocráticas para votar en cada proceso electoral.

La iniciativa la han plantado Podemos-En Comú Podem-En Marea y el grupo mixto, y la han apoyado todos los demás, incluido el PP.

Aunque el objetivo de la puesta en marcha de esa comisión es depurar responsabilidades políticas sobre quienes impulsaron la reforma electoral de 2011 -es decir, PSOE, PP, CiU y PNV- lo cierto es que tanto los 'populares' como los socialistas han rechazado "buscar culpables" y han abogado por tratar de buscar soluciones a las dificultades que los españoles residentes en el exterior se están encontrando desde entonces para poder ejercer su derecho a voto.

Para el diputado de Podemos Pablo Bustinduy, sin embargo, "quien legisló de esa manera debe dar explicaciones y rendir cuentas en sede parlamentaria", porque "o estamos ante una colosal muestra de indiferencia, incapacidad e ineptitud para la función publica o estamos, peor, ante un inmenso ejercicio de prevaricación", ha dicho.

Frente a esto, desde el PP, el responsable de Exteriores, José Ramón García Hernandez, ha advertido de que su partido apoya la creación de una comisión pero no dará "un cheque en blanco" ni respaldará la búsqueda de un culpable a la problemática del voto rogado, que radican, a su entender, en los plazos de la ley y de los sistemas postales extranjeros.

Un tema que tratar más allá de una comisión

En la misma línea se ha expresado el portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, Gregorio Cámara, quien considera que se debería encontrar una salida al voto rogado en el marco de una reforma más amplia de la ley electoral.

Desde Ciudadanos, Javier Hervías se centró en argumentar que más del 50% de los ciudadanos españoles que viven fuera del país no pueden ejercer su derecho a voto por problemas administrativos, por ejemplo por no llegarles a tiempo las papeletas, pero que una comisión de investigación "no es la fórmula más idónea" para tratar esta cuestión, posición que ha compartido también el representante del PNV, Mikel Legarda.

Tanto Esquerra Republicana (ERC) como Democràcia i Llibertat han coincidido en destacar que la creación de una comisión de investigación sobre el voto rogado es "necesaria", "urgente" e "imprescindible" ante las consecuencias "nefastas" que éste está dejando.

Debate sobre el Gobierno en funciones

Por otra parte, el diputado del PP José Ramón García ha aprovechado también su intervención para denunciar las "conductas antidemocráticas" que anoche demostró a su juicio la oposición al criticar la frustrada sesión de control al Gobierno en funciones que se vivió en el hemiciclo. "Por grandes que sean sus ansias no pueden gobernar contra la mayoría de los españoles", manifestó.

Desde el PSOE, Gregorio Cámara consideró positiva la creación de esta comisión y también aprovechó su intervención para pedir "abrir camino" a la formación de un "gobierno de cambio". El diputado socialista se ha dirigido directamente a Podemos para apuntar que esta comisión de investigación que promulgan no se podrá poner en marcha si no se avienen a facilitar la formación de un gobierno.