Una juez pide que el Supremo decida sobre otra causa contra Barberá por no retirar símbolos franquistas

• El mismo día en que piden al Tribunal Supremo que la investiguen por blanqueo
• El origen de la causa está en una denuncia presentada hace un año
• Ha estado afectada por la incertidumbre sobre si Barberá seguía siendo aforada

La exalcaldesa de Valencia Rita Barberá está aforada en su condición de senadora territorial del PP.

El juzgado de Instrucción número 16 de Valencia ha enviado al Tribunal Supremo una causa contra la exalcaldesa de la ciudad y senadora, Rita Barberá, por no retirar símbolos franquistas cuando ocupaba el cargo en el consistorio.

Este hecho se conoce el mismo día en el que el juez de Valencia que instruye la pieza separada del caso Imelsa ha remitido también al alto tribunal la investigación que afecta a la actual senadora, dada su condición de aforada, pidiendo que decida si la imputa por supuesto blanqueo de capitales.

Este juzgado tiene abierta una causa por una denuncia contra Barberá por incumplir la Ley de la Memoria Histórica, ha remitido al Supremo una exposición razonada para que sea el Alto Tribunal el que decida si investiga y, en su caso, juzga a la exalcaldea.

La juez titular se declara no competente para admitir la denuncia contra la exalcadesa por supuestos delitos de desobediencia y denegación de auxilio por incumplir dicha ley, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Barberá, por su condición de senadora, es aforada ante el Supremo.

El pasado mes de marzo el Senado recibió el escrito de este juzgado preguntando por la condición de parlamentaria de Barberá. La denuncia ha pasado por distintos órganos judiciales, ya que coincidió con el periodo electoral autonómico y estuvo afectada por la pérdida o mantenimiento de la alcaldesa de su condición de diputada en las Corts y ahora de senadora.

Denunciada presentada hace un año

El origen de la causa está en una denuncia presentada hace un año por José Luis Ábalos, diputado socialista en el Congreso por Valencia; Matías Alonso, coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, y el abogado madrileño Eduardo Ranz Alonso contra Barberá por la posible comisión de un delito de desobediencia.

La denuncia se refería a la existencia en la ciudad de Valencia de monumentos a los caídos, escudos anticonstitucionales, placas con signos anticonstitucionales y cuadros de honores de Valencia con exponentes del franquismo, que para los denunciantes constituían un manifiesto incumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica.

En septiembre, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV rechazó la inhibición del citado juzgado de la capital y le devolvió la causa tras recibir la acreditación de que la denunciada, desde el 22 de julio de 2015, ocupaba un escaño en el Senado.

La juez solicitó entonces, en octubre, al Senado la acreditación de que la exalcaldesa de Valencia es senadora, una petición que no fue respondida, y cuatro meses después, en marzo, el Juzgado de Instrucción número 16 ofició de nuevo al Senado para reiterar la petición de la información que necesitaba la instructora antes de resolver si enviaba la causa al Tribunal Supremo.

Recibida esa información, la juez, de conformidad con el criterio del fiscal y apelando a la resolución del TSJCV, que ya dijo que el competente era el Tribunal Supremo, ha acordado elevar las diligencias a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.