Rousseff denunciará ante la ONU que sufre un intento de "golpe" mientras el Senado decide sobre su destitución

• Viaja a Nueva York para firmar el acuerdo de París contra el cambio climático
• Aprovechará la ocasión para exponer la situación a la que se enfrenta
• El Congreso de Brasil apoyó este domingo un juicio político contra la presidenta
• Los ministros de Energía y de Puertos han presentado su dimisión este miércoles

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, durante un acto en Brasilia el 19 de abril.

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se propone viajar este jueves a Nueva York para denunciar ante la ONU que sufre un intento de "golpe" en referencia al posible juicio político con fines de destitución que fue aprobado este domingo en el Congreso. El proceso debe sigue ahora en el Senado, donde parece formarse una mayoría contraria a la mandataria.

El viaje de Rousseff a Nueva York tiene como propósito la firma del acuerdo de París sobre Cambio Climático, en cuyas negociaciones Brasil participó activamente, pero la ocasión servirá para que la mandataria exponga la crisis en que se encuentra el país y también su situación. Una de las intenciones de la mandataria es aprovechar el escenario de la ONU y la presencia de decenas de jefes de Estado y de Gobierno para denunciar las intenciones "golpistas" que percibe por detrás del proceso que pudiera abreviar su mandato.

La presidenta brasileña ha afirmado este miércoles en una rueda de prensa que luchará "en todas las trincheras" e irá "a donde sea necesario" para tratar de evitar su destitución, que ha vuelto a calificar como un "golpe" de Estado. Además, ha asegurado que los que "conspiran" para sustituirla carecen de legimitidad, pues "la única forma de legitimarse en democracia es el voto popular".

Paradójicamente, durante los dos días que la presidenta permanecerá en Nueva York, su cargo será ocupado en forma interina por el vicepresidente Michel Temer, con quien ha roto toda relación. Temer, primero en la línea de sucesión en caso de una destitución de Rousseff, ha sido acusado por la mandataria de ser "uno de los jefes de la conspiración" y permanece recluido en su casa de Sao Paulo, que es objeto de una incesante romería de políticos.

El intenso desfile de dirigentes de varios partidos, economistas y personalidades de diversos ámbitos ha llevado a la prensa local a afirmar que Temer está en plena conformación del eventual Gobierno que podría asumir en la primera quincena de mayo.

Rousseff, en manos del Senado

Eso dependerá de la decisión que tome el Senado sobre el proceso contra Rousseff, que estará en manos de una comisión especial que será instalada el próximo lunes. Esa comisión analizará las acusaciones remitidas por la Cámara de Diputados, que se refieren a maniobras fiscales irregulares, y luego elaborará un informe que se prevé que será votado en el pleno de la Cámara Alta alrededor del 10 de mayo.

Si el Senado se inclinase por instaurar el juicio político, la presidenta será separada del cargo durante los 180 días que durará el proceso y su lugar será ocupado por Temer, quien completaría el mandato si se llegase a una destitución.

La comisión de 21 senadores será presidida seguramente por un legislador del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera Temer y tendrá ese derecho como primera minoría en la cámara, con 18 de los 81 escaños. El PMDB, la mayor fuerza política del país, era el principal aliado de la coalición gubernamental pero hace unas semanas retiró su apoyo a la presidenta y abandonó sus cargos en el Ejecutivo.

La instrucción del caso debería recaer en la segunda minoría, que con 11 escaños cada uno constituyen el Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff, y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el más enconado opositor del Gobierno.

El PSDB ha reclamado esa responsabilidad sobre la base de que el PT es "parte interesada" en el proceso, por lo que una vez que sea instalada la comisión ese asunto deberá dirimirse, posiblemente con el nombramiento para ese cargo de un senador del Partido Socialista Brasileño (PSB), que tiene la tercera minoría con siete escaños.

Los sondeos apuntan a una mayoría contraria a la presidenta

La instauración del juicio político, que separaría a Rousseff del cargo durante seis meses, dependerá de que lo apoye la mitad de los 81 senadores, mientras que la votación definitiva sobre el posible "impeachment" requeriría una mayoría de dos tercios (54 votos).

En cualquiera de los casos, después del varapalo que el Gobierno llevó en la Cámara de Diputados, en la que el proceso avanzó con una clara mayoría de 367 votos frente a 137, las cosas parecen cuesta arriba para Rousseff en el Senado. Sondeos hechos en la prensa local en la Cámara Alta indican que al menos 46 senadores ya han manifestado su intención de votar a favor del juicio, en tanto que unos 20 estarían en contra y el resto indecisos.

Más allá de eso, de los 17 partidos representados en el Senado, 12 votaron el pasado domingo en la Cámara de Diputados por la continuación del proceso y solo cuatro lo rechazaron.

Dimiten el ministro de Energía y el de Puertos

Mientras, el Gabinete de Rousseff sigue perdiendo apoyos. Este miércoles el ministro de Minas y Energía, Eduardo Braga, y el de Puertos, Helder Barbalho, ambos del PMDB, han presentado su carta de renuncia. Tras estas salidas, ya son nueve el número de interinos en el Ejecutivo.

Al romper con Rousseff el pasado marzo, la dirección del PMDB anunció que entregaría todos sus cargos en el Gobierno pero al menos cuatro de sus siete ministros permanecían en el poder.

Pese a que llegó a anunciar una amplia reforma en el Gabinete para fortalecer a los partidos que aún la defienden, la jefe de Estado hasta ahora no ha anunciado ningún cambio ni a los sustitutos de los ministros que renunciaron por pertenecer a partidos que antes apoyaban al Gobierno y ahora presionan por el juicio político en su contra.

Uno de los cargos ocupado por un interino es el de la Presidencia, el más importante del Gabinete, y cuyo titular, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, no puede ejercer debido a que su nombramiento fue anulado por una decisión cautelar del Tribunal Supremo. La corte tenía previsto pronunciarse sobre la validez del nombramiento de Lula este miércoles pero decidió aplazar la decisión debido a que uno de sus magistrados está analizando otras acusaciones contra el expresidente.