La Fiscalía Anticorrupción recurre la concesión del tercer grado a Carlos Fabra

• La decisión se tomó en contra del criterio de Instituciones Penitenciarias
• Fabra cumple condena por varios delitos fiscales en la cárcel
• El expresidente de la Diputación de Castellón ha salido de la cárcel por la tarde

El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este viernes un recurso contra la resolución de la juez de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Madrid que concedió la progresión al régimen de tercer grado al expresidente provincial del PP y de la Diputación Provincial de Castellón Carlos Fabra.

En su recurso de apelación, la Fiscalía solicita a la Audiencia Provincial de Madrid la revocación del tercer grado a Fabra, quien actualmente cumple condena por varios delitos fiscales en la cárcel de Aranjuez.

Fabra ha salido de la cárcel por la tarde cinco días después de haber conseguido el tercer grado penitenciario, un año y casi cinco meses después de ingresar en la prisión madrileña de Aranjuez, tras la condena a cuatro años de cárcel por fraude a la Hacienda Pública en el caso Naranjax.

La Fiscalía, así como la Junta de Tratamiento de la prisión y la Secretaría de Instituciones Penitenciarias se opusieron a la concesión del tercer grado a Fabra, que finalmente otorgó la juez de vigilancia penitenciaria a la que recurrió la defensa del intern

Aplicación inmediata del tercer grado

Aunque la decisión ha sido recurrida, la aplicación del tercer grado es inmediata, según consta en el auto de la juez, al que ha tenido acceso Efe, y Carlos Fabra ha salido de la cárcel esta misma tarde.

El tercer grado es el paso previo a la concesión de la libertad condicional, a la que el expresidente de la Diputación de Castellón podría acceder en los próximos meses.

La juez argumenta en el auto que el interno tiene un riesgo de reincidencia "medio-bajo", ha evolucionado favorablemente en prisión, ha abonado la mayor parte de la responsabilidad civil, tiene una condena corta y 70 años.

Contrario a estos argumentos, el fiscal se opuso al recurso de Fabra contra la decisión de la prisión de seguir calificándolo en segundo grado al tener en cuenta la gravedad de los delitos fiscales por los que fue condenado, que no ha cumplido su compromiso de pago de responsabilidad civil y que su pronóstico de reincidencia "es medio alto".

Para la Fiscalía, su buena conducta en prisión y su apoyo familiar no son "datos indicativos ni relevantes" que justifiquen la progresión de grado "al ser habitual en quienes cometen este tipo de delitos".

Con todo, la juez María del Prado Torrecilla rebate los argumentos del fiscal, considera que la ley obliga a tener en cuenta el comportamiento del preso a la hora de evaluar una recalificación y estima que se han cumplido todos los requisitos necesarios para pasar al tercer grado.

Delitos que "no son graves"

Sostiene la juez en contra del fiscal que los delitos por los que fue condenado "no son graves", dado que están penados con menos de cinco años, y agrega que la condena que asume es corta: tres años por cuatro delitos fiscales al aplicarse el límite de cumplimiento.

Otros factores favorables son el ingreso voluntario, la buena conducta penitenciaria, la asunción correcta el régimen de la prisión, la correcta participación en las actividades programadas, la ausencia de sanciones, el apoyo familiar.

También tiene en cuenta el compromiso de pago de la responsabilidad civil, al haber satisfecho 729.672,70 euros (693.074,30 del importe íntegro principal y el resto como parte de los intereses) y al tener embargadas las propiedades para garantizar el pago restante.

Por ello, al haber disfrutado ya de tres permisos penitenciarios sin que conste incidencia negativa alguna durante los mismos y dado que el 30 de mayo cumplirá la mitad de la condena, "lo que le permitirá el acceso a la suspensión de la ejecución y concesión de la libertad condicional", accede a concederle el tercer grado.

También tiene en cuenta la edad de Fabra, que ya ha cumplido 70 años, "y su delicado estado de salud, como consecuencia del trasplante de hígado al que fue sometido, que exige continuas revisiones y seguimiento médico". E incide en que no se puede afirmar -como hace el fiscal- la existencia de un riesgo "medio-alto" de reincidencia.

La juez cree que el interno "ya está capacitado para vivir en régimen de semilibertad, aunque no considera que proceda "en este momento" la aplicación de los medios telemáticos que ha pedido".

Cuatro delitos contra la Hacienda Pública

La Audiencia de Castellón condenó a Fabra, en noviembre de 2013, a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, a una multa de 693.074,33 euros y a indemnizar a Hacienda con la misma cantidad por el total de la cuantía defraudada durante los ejercicios 1999, 2000, 2002 y 2003 más intereses legales.

La sala apreció la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. La petición de cárcel para Fabra por parte de Fiscalía llegó a alcanzar los 13 años de prisión, una multa de 1,98 millones de euros y una indemnización de 693.000 euros. Sin embargo, la sentencia le absolvía de los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Carlos Fabra ingresó en la prisión madrileña de Aranjuez el 1 de diciembre de 2014, diez días después de que el Gobierno acordara denegar la petición de indulto solicitada por el exdirigente 'popular', quien presentó la petición a finales de agosto ante el Ministerio de Justicia tras la confirmación por el Tribunal Supremo de la sentencia que le condenaba.

De esta forma, Carlos Fabra ingresó en prisión tras un juicio y una sentencia que en noviembre de 2013 puso fin a un auténtico 'maratón' judicial, cuya instrucción se prolongó a lo largo de una década y de multitud de cambios en el juzgado de Nules encargado de la causa, por el que pasaron hasta nueve jueces.

El origen del proceso se sitúa en diciembre de 2003, cuando el empresario Vicente Vilar, propietario de la firma Naranjax y hasta entonces amigo de Fabra, presentó dos querellas en los juzgados de Nules en las que acusaba al expresidente de la Diputación de cobrarle dinero a cambio de favorecer a su empresa en la comercialización de productos fitosanitarios. A esta denuncia, en 2005, se sumó otra de la Agencia Tributaria por presunto fraude fiscal, que el juzgado admitió a trámite y anexionó al proceso ya abierto.