El juez de la trama Púnica da el primer paso para imputar al exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz

• En la actualidad, Ortiz es aforado por ser diputado en la Asamblea de Madrid
• Pudo influir para que Cofely lograra un concurso público valorado en 75 millones
• El PP le pedirá que deje el escaño si es investigado por el TSJ de Madrid

Daniel Ortiz, junto a la entonces candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en un mitin en Móstoles en mayo de 2015

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del caso Púnica, ha remitido un oficio a la Asamblea de Madrid en el que pide que confirme que el exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz es actual diputado regional, lo que le haría derivar una posible investigación al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Fuentes de la Asamblea han informado a Efe de la recepción de ese oficio, que supone un primer paso para la investigación judicial a Ortiz, señalado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como posible responsable de delitos de cohecho y fraude por influir para que Cofely lograra un concurso público valorado en 75 millones de euros.

El juez Velasco quiere saber con este oficio si es él el competente para continuar con el proceso o si, en el caso de ser aforado -Ortiz es diputado en al Asamblea de Madrid desde las elecciones de mayo de 2015- debería remitir la parte de la causa que afecta a su persona al Tribunal Superior de Justicia madrileño.

La UCO remitió un informe al magistrado en septiembre de 2015 en el que revela que el exalcalde de Móstoles influyó en la adjudicación del contrato millonario a Cofely, una multinacional de servicios energéticos y uno de los centros de la trama Púnica, para el suministro, servicios energéticos y mantenimiento de los edificios municipales y centros educativos del municipio madrileño.

"Concierto urdido" para beneficiar a Cofely

En su informe, los investigadores describen "el concierto urdido" entre 2013 y 2014 entre Ortiz, el exconcejal de Medio Ambiente de Móstoles Alejandro Utrilla y los directivos de Cofely Pedro García Pérez y Constantino Álvarez de la Cueva, para influir en el devenir de este concurso "independientemente de cuál fuese la oferta económica más ventajosa a cambio del pago de notorias comisiones a cargos públicos vinculados al Consistorio de Móstoles".

El precio de licitación ascendía a 75.018.518,42 euros (IVA incluido) y, de acuerdo con las pesquisas realizadas por la Guardia Civil, el alcalde y el concejal habían adquirido un compromiso previo para concederlo a Cofely, incluso antes de la publicación del contrato.

El concierto con Cofely no siguió el patrón con el que la trama actuaba en otros municipios, donde se le creaban los pliegos de condiciones ad hoc, sino que en este caso se pusieron trabas a los competidores, de forma que finalmente se desechase la oferta del licitador mejor posicionado y se orientase el concurso a la empresa que querían que lo ganase.

El PP le pedirá el acta si es investigado

Tras conocer esta actuación del juez de la Audiencia Nacional, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha dicho que Ortiz tendrá que dejar el escaño si el TSJ de Madrid le investiga.

Cuando la Asamblea certifique que Ortiz es en efecto diputado regional, tendrá que ser llamado a declarar en el TSJM, y si este órgano judicial lo investiga, deberá dimitir, como se recoge en el código ético del PP, ha recordado Ossorio.

Agregó que ha hablado con Ortiz y le ha explicado que está "disgustado", porque "no ha sido llamado a declarar" sobre su presunta implicación y que se siente "indefenso".

Por su parte, el diputado de Ciudadanos César Zafra dijo que esta noticia les "preocupa", pero en el acuerdo de investidura con el PP está claro que no puede haber diputados imputados en la Asamblea, por lo que si Ortiz deja su escaño les "alegra". Además, Zafra ha aclarado que el problema que puede tener el PP dentro de sus filas "no les implica" en su "labor de oposición" en el Parlamento regional de la Comunidad de Madrid.