El Supremo abre causa a la juez Rosell al admitir la querella presentada por el exministro Soria

• La diputada de Podemos, acusada de cohecho, prevaricación y retardo malicioso
• Soria se querelló por irregularidades en un procedimiento contra un empresario
• La pareja de Rosell negociaba con dicho empresario la compra de una emisora

La juez en excedencia Victoria Rosell, diputada de Podemos por Las Palmas.

El Tribunal Supremo ha abierto una causa para investigar a la juez en excedencia y diputada de Podemos Victoria Rosell, al haber admitido a trámite la querella que presentó contra ella el exministro del PP José Manuel Soria por prevaricación.

Los delitos por los que se admite a trámite la querella son retardo malicioso, prevaricación y cohecho, mientras que se rechazan las acusaciones por injurias y calumnias.

El alto tribunal podría citar a la diputada para que, si voluntariamente lo decide, comparezca ante el Supremo como investigada para tener la oportunidad de explicarse antes de que el instructor, el magistrado Juan Ramón Verdugo, proponga pedir el suplicatorio para actuar contra ella o archivar definitivamente el asunto.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha admitido así parte de la querella que Soria interpuso contra Rosell por irregularidades en su forma de instruir un procedimiento abierto en las Palmas de Gran Canaria contra un empresario.

La decisión se adopta unos días después de que se recibiera un demoledor informe contra la diputada de Podemos por parte del juez que la sustituye en el Juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas, que ve graves irregularidades en la forma de investigar al presidente de UD Las Palmas Miguel Angel Ramírez, con el que su pareja, el periodista Carlos Sosa, negociaba la compra de una emisora de radio por cerca de 300.000 euros.

Según la querella, la entonces juez debió haberse abstenido del asunto por falta de imparcialidad al tener intereses personales en el caso.

Soria amplió su querella

Estas sospechas han sido apoyadas por el juez que la ha sustituido en su juzgado, lo que a su vez ha sido aprovechado por Soria para ampliar su querella, admitida ahora por el Supremo.

La Fiscalía consideró que Soria no estaba legitimado para acusar por el retraso y la falta de imparcialidad a Rosell. Entonces el exministro cambió de abogado (optó por el fiscal del Estado Eligio Hernández), se personó en calidad de acusación popular y amplió la querella, tomando como base el escrito del juez que la ha sustituido.

Ahora el Supremo ha admitido a trámite esa querella y previsiblemente volverá a preguntar al fiscal, que ya se pronunció en contra de la segunda parte de las acusaciones de Soria contra Rosell, por injurias y calumnias, que no han sido admitidas a trámite.

De este modo, resulta clave el escrito que el juez que ha sustituido a Rosell en su juzgado envió al GCGJ y en el que sugería que la actual diputada de Podemos incumplió su deber de abstenerse en la causa.

El sustituto de Rosell apunta retrasos "inexplicables"

El magistrado Salvador Alba, que sustituye a Victoria Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, pidió amparo ante el CGPJ, pero aunque luego retiró su solicitud, el Supremo se hizo eco de su escrito.

En ese informe el juez sustituto apunta retrasos "inexplicables" en la investigación en la que está implicado el citado empresario, como no haber dado traslado a las partes de los informes policiales que acusaban al imputado o no haber resuelto en dos años las siete peticiones de fianza existentes en la causa (este juez la ha fijado en 35 millones de euros) o los recursos del fiscal.

En su auto admitiendo a trámite la querella el Supremo señala que "analizados los documentos remitidos a esta sala, los hechos deben ser investigados a fin de esclarecer su verdadero alcance", sin que el archivo del expediente disciplinario que se siguió contra Rosell en el CGPJ deba interferir en el ámbito penal.

La investigación se centrará en si "la demora" en la tramitación de la causa que estuvo en manos de Rosell "estaba relacionada con el deseo de favorecer las relaciones comerciales" entre su pareja y el empresario implicado, es decir, si Rosell prevaricó para "enriquecer a su pareja".

El Supremo dispone también de otro informe, el del letrado de la Administración de Justicia del mismo Juzgado, que reproduce las declaraciones prestadas en concepto de imputado/investigado por el empresario en cuestión, Miguel Ángel Ramírez.

Además, el Supremo le ha pedido al CGPJ que le remita todas las actuaciones disciplinarias que ha desarrollado (y archivado) en relación con los hechos de los que se acusa a Rosell.

El supuesto retraso en la causa en la que pudo tener intereses personales Rosell ya fue denunciado por fiscales de Las Palmas de Gran Canaria y derivó en diligencias disciplinarias en el Consejo General del Poder Judicial, que las archivó. Los archivos de esas diligencias son los que ha pedido el Supremo.