Amnistía denuncia irregularidades en la investigación de presuntas torturas de militares españoles en Irak

• Militares españoles torturaron presuntamente a dos presos iraquíes en 2004
• Los hechos se produjeron en la base de Diwaniya en Irak y se publicaron en 2013
• La justicia militar española investigó y sobreseyó el caso el pasado septiembre

Imagen de archivo de un soldado español en la base militar de Diwaniya en Irak, 2003

En marzo de 2013 se hizo público un vídeo que mostraba supuestamente como un grupo de soldados españoles destacados en la base de Diwaniya en Irak pateaban repetidamente a dos prisioneros iraquíes. La agresión se produjo, según Amnistía Internacional (AI), en 2004 y la paliza es tan brutal que en un momento de la grabación uno de los militares exclama: "A este se lo han cargado ya!".

A raíz de la difusión de estas imágenes, el ministerio de Defensa inició una investigación para aclarar los hechos y un proceso judicial que se zanjó el pasado septiembre con el sobreseimiento del caso. La justicia militar alega, entre otros motivos, la imposibilidad de determinar las identidades de los presuntos agresores y de las víctimas debido al pixelado de las imágenes.

Este miércoles, Amnistía Internacional ha emitido un comunicado en el que manifiesta su preocupación por las irregularidades detectadas en esta investigación. Así lo recoge en un informe titulado 'Torturas cometidas por soldados españoles en Irak: 12 años sin justicia', hecho público después de la retirada de las tropas españolas en este país en 2004.

La organización, que ha tenido acceso a parte del expediente, incluidos los autos, concluye que "la investigación militar no ha sido exhaustiva" sobre esas presuntas torturas.

Irregularidades en la investigación

AI afirma que se ha descartado sin motivo razonable el testimonio de una persona que vio la grabación original sin pixelar, lo que le permitió reconocer a algunos de los presuntos autores, se han descartado injustificadamente otros elementos de prueba que podrían haber llevado a la identificación de los responsables y no se ha hecho todo lo posible por identificar a las víctimas.

Estas irregularidades llevaron a que la investigación militar resolviera en septiembre de 2015 sobreseer el caso de forma provisional, sin cumplir con el deber de exhaustividad de conformidad con los estándares internacionales, según Amnistía.

"Esta es una mancha en el historial del Ejército español. No se han hecho todos los esfuerzos para identificar a víctimas y responsables de los abusos. Si no se hace justicia, estos actos de tortura planearán sobre la actuación de las tropas españolas", ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

Testimonios desestimados y amenazas prescritas

Amnistía Internacional afirma que, además del testimonio del soldado que grabó el vídeo de las torturas (aunque luego se desdijo), existe el de otro militar que lo visionó y que pudo identificar a varios de los responsables y cuyo testimonio se ha desestimado.

Según la documentación que afirma poseer AI, "estos dos testigos podrían haber sufrido amenazas para retirar su testimonio y no contar lo que sabían". Las amenazas a uno de los testigos no fueron investigadas por haber prescrito y las amenazas al otro testigo, en opinión de la organización, no han sido investigadas exhaustivamente porque la Fiscalía militar ni siquiera estuvo presente cuando se le tomó declaración por estos hechos.

El ministerio de Defensa va a investigar el vídeo que el diario El País ha hecho público hoy. Defensa quiere saber si estas imágenes, que califica de deplorables, y donde se ve a soldados españoles golpeando a 2 presos iraquíes, son ciertas y si pueden depurarse responsabilidades.

Además de estos testimonios, Amnistía cuenta con la identificación de la celda donde se cometieron las agresiones, la acreditación documental de detenidos iraquíes en el período en que sucedieron los hechos e intervenciones telefónicas de personas implicadas en el caso y sus familiares al respecto de las supuestas torturas.

AI indica además que el libro de registro de detenidos en Iraq ha desaparecido, un documento que hubiera facilitado la identificación de los detenidos, otro de los principales argumentos esgrimidos por la justicia militar para sobreseer el caso. "Ni la Fiscalía militar ni el juez han procurado aclarar cómo o por qué se produjo su pérdida y, en consecuencia, no se han depurado responsabilidades que se derivarían de la misma, tal y como establece la normativa internacional", subraya Beltrán.

Confianza en la justicia ordinaria frente a la militar

Amnistía Internacional se reunió en febrero pasado con la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, y la Fiscalía Togada para solicitar que la investigación pasara a la jurisdicción ordinaria. En el caso de que esta solicitud fuera rechazada, la organización insistió a la Fiscalía en que debe asegurar que la investigación no se cierra, que los hechos son investigados de forma imparcial e independiente y, llegado el caso, que los responsables son procesados.

Según AI, la fiscal tomó en consideración sus preocupaciones y, pasados unos días, remitió un detallado informe sobre el caso en el que daba validez y avalaba la investigación militar y el sobreseimiento provisional del caso, algo con lo que Amnistía Internacional está en desacuerdo, a pesar de valorar el interés de las autoridades.

Amnistía Internacional considera que si la justicia ordinaria hubiera conducido las investigaciones este tipo de irregularidades no se habrían producido, desautorizando la efectividad de la justicia militar para casos de esta índole. Por este motivo, la organización ha lanzado una campaña de recogida de firmas dirigida a la Fiscalía General del Estado para que transfiera la causa a un juzgado ordinario.

Delitos de tortura ¿jurisdicción militar?

Esta petición se sustenta en estándares internacionales, ya que tanto el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas como el Relator Especial sobre la Tortura de Naciones Unidas han señalado que las personas acusadas de tortura no deben ser juzgadas por tribunales militares.

En la misma línea, el Comité de Derechos Humanos recomienda que se enmiende la ley para limitar la jurisdicción de los tribunales militares al enjuiciamiento de personal militar solamente acusado de delitos de carácter exclusivamente militar.

"Sólo así se impediría que se mantenga un clima de impunidad que dura ya más de 10 años en relación a crímenes de derecho internacional como son la tortura u otros malos tratos, que, entre otras características, no prescriben nunca. Las víctimas tienen derecho a recibir una reparación adecuada por parte del Estado y los responsables, si se confirma su culpabilidad, deben cumplir con la sanción que les corresponda", ha asegurado Beltrán.