El Congreso aprueba una proposición para reclamar la liberación de los presos políticos en Venezuela

• PP, PSOE y Ciudadanos han votado a favor, Podemos se ha abstenido
• ERC, IU y Bildu han votado en contra de la iniciativa presentada por el PP
• También ha aprobado una proposición para reformar su reglamento sobre lobbys
• Rechaza derogar las reformas laborales del PSOE (2010) y el PP (2012)

Un ujier llama la atención a una persona que pide desde la tribuna de invitados libertad para Venezuela en el pleno del Congreso.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles por una amplia mayoría una proposición no de ley del PP que reclama la liberación de los presos políticos en Venezuela, con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos, la abstención de Podemos, y el voto en contra de partidos como ERC, IU o Bildu.

En defensa de la iniciativa, el diputado del PP Fernando Martínez-Maíllo ha remarcado que la defensa de la libertad y de la democracia no entienden ni de ideologías ni de fronteras. Dirigiéndose directamente a la bancada de Podemos, Maíllo ha denunciado que el chavismo, como todos los populismos, según sus propias palabras, se aprovecha del sistema democrático para "tomar el poder" y acabar con los pilares del Estado de derecho, encarcelando a los opositores y "tapando la boca a los medios de comunicación".

Durante el debate, al que ha asistido como invitado en la tribuna el padre del líder opositor encarcelado Leopoldo López, se han escuchado gritos de libertad para Venezuela que han provocado la expulsión del Congreso de un joven venezolano militante de un partido opositor que se encontraba en la tribuna de invitados.

Mientras, el portavoz del PSOE, Antonio Gutiérrez Limones, ha expresado el respaldo sin fisuras de su partido a los presos políticos y a la denuncia de la situación que se vive en el país.No obstante, Gutiérrez Limones ha destacado la necesidad de que España favorezca el diálogo para favor la reconciliación del pueblo venezolano.

También el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha arremetido contra Podemos y los otros grupos que no han apoyado la moción cuando, a su juicio, es un hecho que "en Venezuela no hay democracia, aunque haya urnas, porque no se respetan los derechos humanos". "Ojalá Podemos votara a favor, pero Maduro se enfadaría y tendría consecuencias para Podemos", le ha lanzado Rivera al líder de la formación morada, Pablo Iglesias, presente en su escaño.

Podemos ve en la iniciativa un interés por "criminalizar"

En el otro extremo, Pablo Bustinduy, de Podemos, ha criticado que el único interés de esta iniciativa sea "criminalizar" a su partido, como se ha hecho, ha denunciado, con la elaboración de informes falsos por parte del Ministerio del Interior.

"Digamos la verdad, su interés prioritario es obtener réditos políticos para la campaña electoral. No es un compromiso sincero por los derechos humanos", ha remarcado. Para el diputado de Podemos, el futuro de Venezuela lo tienen que decidir los venezolanos y no injerencias externas o golpes de Estado, algunos de ellos "apoyados" por el PP.

Críticas cerradas también del diputado de Compromís, Joan Baldoví, que ha denunciado la "hipocresía" del PP al que sólo le interesen los presos políticos de unos países, y no los de otros.

En esta misma línea, la diputada de EH Bildu Onintza Enbeita ha asegurado que su formación "duda y tiene derecho a dudar" de que Leopoldo López sea un preso político.

También se ha mostrado crítica con la iniciativa la diputada de IU Sol Sánchez, quien ha defendido invocar a la ONU "no solo para hablar de Venezuela" sino también "para derogar la ley mordaza".

Aprobada una proposición para reformar el reglamento de los lobbys

Además, el Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad, con 329 votos a favor, comenzar a tramitar una proposición de ley de reforma de su Reglamento para regular los lobbys, algo que no servirá de nada ante la inminente disolución del Parlamento.

La proposición de ley ha sido defendida por Carles Campuzano en nombre de Democracia y Libertad con cierta "melancolía" por los "esfuerzos inútiles", ya que incluso si la iniciativa fuera tomada en consideración se agotaría el lunes al ser disuelto el Parlamento.

En nombre del PSOE, Irene Lozano ha asegurado que se trata de un día "triste" por la sesión "pre mortem" del Parlamento, algo que tiene que llevar a todos los partidos a sentir un "fracaso colectivo", pese a lo que considera que se ha "inaugurado" la forma de hacer política que demandan los ciudadanos.

Mientras, por Podemos-En Comú Podem-En Marea, Gloria Elizondo ha reclamado que esos grupos organizados no solapen la participación activa en política de las personas afectadas por la legislación para que la democracia participativa complemente a la representativa.

Por su parte, Luis Salvador, de Ciudadanos, se ha mostrado convencido de que a España "le han saltado las costuras de la confianza" porque la corrupción ha anidado en prácticamente todas las instituciones y personas a las que se consideraba "honorables" han sido detenidas o imputadas.

Teresa Jordà, de ERC, ha reclamado que esa regulación no sirva solo como registro, sino como herramienta para estimular la política parlamentaria y la democracia participativa y el portavoz del PNV, Aitor Esteban, se ha mostrado a favor de tomar en consideración la iniciativa a pesar de considerar que "no ataja los problemas que se quieren atajar y no va al meollo de la cuestión".

En nombre del PP, Eloy Suárez ha avanzado su voto favorable a la toma en consideración por estar de acuerdo con el fondo y también con gran parte de la forma en que se plantea.

Rechazada la propuesta de Podemos de exigir la derogación de las reformas laborales

Otra propuesta presentada por Podemos para exigir al próximo gobierno que derogue las reformas laborales aprobadas por el PSOE en 2010 y por el PP en 2012, ha quedado rechazad en el último Pleno del Congreso al optar los socialistas por la abstención, lo mismo que Ciudadanos y el PNV, lo que permitido que la suma de votos en contra de PP y Democracia y Libertad (DL) supere a los votos favorables.

La formación morada ha aprovechado la última sesión plenaria para forzar al PSOE a explicitar su postura con respecto a la normativa laboral que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2010 y contra la que los sindicatos convocaron una huelga general.

Su propuesta reclamaba la derogación de dicha ley y también de la reforma laboral 'popular' que el PSOE llevó incluso al Tribunal Constitucional, así como la apertura de un proceso de diálogo social que conduzca a un nuevo marco de relaciones laborales "funcionales" para conseguir un cambio productivo y garantizar los derechos de los trabajadores.