Bruselas abre un expediente a España por no proteger "plenamente" a los consumidores de las cláusulas abusivas

• Da dos meses a las autoridades para que ofrezcan una respuesta satisfactoria
• Quiere garantizar que los consumidores "están plenamente protegidos"

Imagen de archivo de la Comisión Europea

La Comisión Europea (CE) ha abierto este jueves un procedimiento de infracción contra España para que adapte a la legislación comunitaria su normativa nacional sobre el procedimiento civil que regula la ejecución hipotecaria y las órdenes de pago.

Bruselas considera que el país no ha trasladado de manera adecuada a su legislación nacional las normas europeas para proteger "plenamente" al consumidor de las cláusulas abusivas hipotecarias.

Por eso el Ejecutivo comunitario ha enviado a España una carta de emplazamiento (primera fase del procedimiento de infracción comunitario) que señala las deficiencias identificadas. Bruselas da dos meses de plazo a las autoridades españolas para que ofrezcan una respuesta satisfactoria. De lo contrario, podrá enviar un dictamen motivado a España, último paso antes de acudir al Tribunal de Justicia de la UE (TUE).

El Ejecutivo comunitario quiere "garantizar que los consumidores están plenamente protegidos" contra las cláusulas contractuales "abusivas", según ha informado la institución en un comunicado.

Directiva europea sobre cláusulas abusivas

La directiva europea relativa a las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores garantiza que el consumidor no quede vinculado por cláusulas abusivas cuando el contrato no haya sido negociado individualmente.

Una cláusula contractual se considera abusiva si causa un desequilibrio importante entre derechos y obligaciones de las partes y es contraria a las exigencias de la buena fe. "Los Estados miembros deben asegurarse de que el derecho nacional facilita los medios efectivos para hacer valer estos derechos y que las empresas dejan de recurrir a tales cláusulas abusivas", ha argumentado el Ejecutivo comunitario.

Aunque la Comisión Europea ha valorado las modificaciones que introdujeron las autoridades españolas en el procedimiento civil a raíz de la sentencia bautizada con el nombre del demandante, Mohamed Aziz, después de que la corte de Luxemburgo declarara abusivas en marzo de 2013 las cláusulas hipotecarias españolas, también ha señalado que le siguen preocupando "algunas cuestiones".