La Fiscalía cree que el PP se lucró también con la trama Gürtel en Boadilla del Monte

• Quiere juzgar al PP por beneficiarse de unos 204.000 euros por los contratos
• Pide al juez que procese a 27 personas por enriquecerse con fondos públicos

El considerado cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, en una imagen de archivo.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este viernes al juez José de la Mata que procese a 27 personas por enriquecerse con fondos públicos a través de actuaciones de la trama Gürtel en la localidad madrileña de Boadilla del Monte y que incorpore al PP en el procedimiento como partícipe a título lucrativo.

De acuerdo a los cálculos del ministerio público, el PP se habría beneficiado en una cuantía de 204.198,64 euros entre 2001 y 2009 con la actuación del grupo dirigido por Francisco Correa.

El PP figura ya como partícipe a título lucrativo en los procedimientos que afectan a la trama Gürtel en los municipios madrileños de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, en la primera época de la Gürtel. Por otra parte, está considerado como responsable civil subsidiario en el juicio por la contabilidad B de la formación.

Anticorrupción pide ahora al juez que abra una nueva pieza separada en relación con los hechos delictivos cometidos en Boadilla y que procese a esas 27 personas, entre las que destacan el exalcalde de ese municipio Arturo González Panero, el Albondiguilla; los considerados líderes de Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, y el contable de la trama, José Luis Izquierdo.

Según la Fiscalía, el entramado habría llegado a dirigir en la práctica toda la contratación pública en el municipio, con independencia de que los funcionarios que lo integraban participaran directamente o no en cada uno de los expedientes.

La trama actuaba en el seno de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV), entidad que controlaban de facto a través de sus sucesivos gerentes y a la que, consecuentemente, trasferían desde el Ayuntamiento la contratación de distintos servicios, consiguiendo de esta forma también eludir los controles, entre otros, de la oposición política y de la Intervención.

Acusación por nueve delitos

Anticorrupción acusa a los principales encausados de nueve delitos. En concreto, se trata de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, ilícitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

Además de Correa y el considerado número dos de la trama Pablo Crespo, la Fiscalía propone sentar en el banquillo al contable José Luis Izquierdo, la exadministradora de empresas de la trama Isabel Jordán y el asesor fiscal Luis de Miguel.

También a cargos del Ayuntamiento de Boadilla, como el exregidor Arturo González Panero, el exconcejal José Galeote Rodríguez, el que fuera jefe de la empresa municipal del suelo de la localidad César Tomás Martín Morales, así como el exdiputado regional Alfonso Bosch Tejedor.

Este grupo habría favorecido la contratación de Sufi, filial de Sacyr, pilotada por Naranjo Anegón; las sociedades relacionadas con Alfonso García-Pozuelo; la mercantil UFC, de José Luis Ulibarri; Teconsa, gestionada por José Luis Martínez Parra; Artas Consultoría, tras la que se ocultarían algunos miembros del grupo liderado por Correa; así como otras firmas de eventos vinculadas al cabecilla de la Gürtel.

Comisiones millonarias para los miembros del entramado

Los integrantes del grupo habrían percibido comisiones que habrían ascendido, como mínimo, en el caso de Francisco Correa a 2.702.315,59 euros; en el de Pablo Crespo, a 593.000 euros; en el de José Galeote, a 557.609,9 euros; en el de Arturo González Panero, a 1.800.000 euros; en el de Tomás Martín Morales, a 1.327.235,5 euros, y en el de Alfonso Bosch, a 941.652 euros.

Estos hechos habrían ocasionado un perjuicio al Ayuntamiento de Boadilla del Monte de, al menos, cinco millones de euros.

Además de los citados, la Fiscalía pide sentar en el banquillo al responsable de la empresa Sufi Rafael Naranjo Anegón y su hijo Gonzalo y los empresarios Alfonso García-Pozuelo, José Luis Ulibarri, José Luis Martínez Parra, Jacobo Gordon, Rafael Martínez Molinero, José Ramón Blanco Balín, Carlos Jorge Martínez Massa y Rodolfo Benigno Ruiz. En cuando a otro personal del Ayuntamiento, la Fiscalía acusa al exdirector técnico de la Concejalía de Deportes, Juan Carlos Rey Rico, el arquitecto contratado por el consistorio Antonio de Miguel. En el listado figuran por último Javier Nombela, Juan Jesús Siguero, Mª Carmen García Moreno, José Francisco Pastor de Luz, Javier del Valle Petersfeldt y Alicia Vallejo.