La Justicia sudafricana retoma las 783 acusaciones por corrupción al presidente Zuma

• La retirada de los cargos contra Zuma le permitió presentarse a las elecciones
• Ahora el Tribunal Superior de Pretoria dice que fue una actuación irregular

El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma

El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, deberá hacer frente a los 783 cargos por corrupción que le fueron retirados irregularmente por la Fiscalía pocos días antes de ganar sus primeras elecciones, según ha ordenado este viernes el Tribunal Superior de Pretoria.

"La decisión de detener este procesamiento debió haberla tomado un tribunal de Justicia", ha explicado el juez Aubrey Ledwaba durante la lectura del veredicto, que califica la explicación de la Fiscalía de "irracional" y establece que "Zuma debe responder por los cargos".

Este recurso judicial fue iniciado hace siete años por el partido opositor Alianza Democrática (AD), que consideró que la Fiscalía actuó bajo presión política en 2009. La retirada de los cargos contra Zuma le permitió presentarse a las elecciones.

Sumisión de la Fiscalía

El dictamen del Tribunal Superior obliga ahora al Ministerio Público -que ha sido acusado de sumisión al presidente- a volver a presentar los cargos contra Zuma, relacionados con contratos públicos para la compra de armamento en 1999.

El procesamiento se produjo en diciembre de 2007, días después de que fuera elegido presidente del gobernante Congreso Nacional Africano (CNA) al derrotar al entonces presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki.

Una condena superior a un año de cárcel hubiera impedido a Zuma ser diputado y, por tanto, ser nombrado presidente de Sudáfrica tras las elecciones de abril de 2009, pero la Fiscalía retiró todos los cargos que había contra él.

Desgaste de Zuma por los escándalos

A la espera de un previsible recurso de sus abogados, esta resolución es un nuevo golpe para un Zuma acechado por los escándalos de corrupción y los abusos de poder.

Una sentencia dictada en marzo por el Tribunal Constitucional establece que Zuma violó la Constitución al negarse, como le pedía la Defensora del Pueblo, a devolver parte de los 246 millones de rands (más de 15 millones de euros) de dinero público que se gastó en la reforma de su residencia privada.

El desgaste de Zuma podría afectar a los resultados del CNA en las elecciones municipales del próximo 3 de agosto, en las que la oposición aspira a arrebatar al partido oficialista grandes ciudades como Port Elizabeth, Pretoria o Johannesburgo.