Lesmes cree que la investigación a Manos Limpias puede afectar a la infanta Cristina en el caso Nóos

• Aunque no ha precisado si eso la eximiría del proceso judicial
• Lo ha dicho en ula presentación de la memoria anual del CGPJ
• Afirma que el problema de la carga de trabajo en los tribunales es organizativo
• Afirma que cada juez debe resolver 1.300 asuntos al año

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, presenta la memoria judicial anual, este viernes en el Congreso.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha reconocido este viernes que la investigación a Manos Limpias "podría afectar" al enjuiciamiento de la infanta Cristina en el caso Nóos, aunque no ha precisado si eso la eximiría del proceso.

"Es una entidad (Manos Limpias) que está siendo investigada y esa investigación puede tener consecuencias para ella", ha señalado Lesmes, en declaraciones en los pasillos del Congreso, donde ha presentado la memoria anual del CGPJ de 2014.

La cúpula del sindicato Manos Limpias está siendo investigada por un presunto delito de extorsión. Sin embargo, el tribunal que juzga un caso de corrupción en el que la infanta Cristina, acusada de un delito fiscal, decidió mantener a la organización Manos Limpias como acusación popular, pese a ello. El sindicato Manos Limpias es la única que presentaba cargos contra la infanta por un delito fiscal en el caso Nóos.

Defiende un nuevo modelo de organización

En la presentación de la memoria anual del CGPJ, Lesmes ha defendido este viernes "que solo un nuevo modelo de organización permitirá que la Justicia sea más eficiente" y ha invitado a los grupos parlamentarios a abrir un debate que aborde las reformas estructurales pendientes.

Durante su intervención, en la que ha actualizado los datos de la última memoria del CGPJ, Lesmes ha destacado que durante 2014 se resolvieron más asuntos que el año anterior, y que por ello los órganos judiciales están un poco menos congestionados con la excepción del Tribunal Supremo, que experimentó un fuerte incremento en la entrada de asuntos en la Salas de lo Civil y de lo Social.

Concretamente, en número de asuntos ingresados en los juzgados y tribunales españoles durante el pasado año fue de 8.37.311, lo que supone una disminución del 3,2% respecto al año anterior.

Lesmes apuntó que en el mismo periodo se resolvieron un total de 8.555.341 asuntos y al final del año quedaban en trámite 2.411.905, "lo que representa una reducción del 5,9% respecto a los que estaban en esta situación al inicio del año". Ha destacado que se trata de la cifra más baja desde el año 2007.

"Esta tendencia positiva no nos puede hacer olvidar que hay situaciones difícilmente sostenibles en muchos de nuestros juzgados y tribunales", según ha manifestado Lesmes, destacando que "existe una excesiva cargo de trabajo en nuestros órganos judiciales, pero lo más evidente es que esta carga está muy mal repartida, existiendo grandes desequilibrios y una muy mala organización".

Más de 1.300 asuntos al año que despachar por juez de lo social

En este sentido, ha destacado que cerca de un millar de los casi 4.000 órganos judiciales españoles no alcanzan el indicador medio de carga de trabajo, mientras que otros 1.695 están por encima del 150% de ese indicador.

Entre los segundos figuran el 93% de los Juzgados de lo Mercantil, el 95% de los juzgados de primera instancia y el 97% de los juzgados de lo social. En muchos de estos últimos, cada juez tiene que despachar más de 1.3000 asuntos al año.

Junto a dichas cargas de trabajo, que el propio Lesmes ha reconocido como "inasumibles" y la insuficiencia de medios materiales, el presidente del Consejo se ha referido al "evidente problema estructural" de la justicia española, que carece de un modelo definido de organización territorial a que la planta fue diseñada en el siglo XIX.

"Existe un problema de modelo territorial en la gestión de la Administración de Justicia -ha destacado Lesmes-. Los procesos decisorios o están exentos de dificultades y, en ocasiones, observamos yuxtaposición y solapamiento de competencias".

Ha advertido igualmente que el mapa de transferencias a las comunidades autónomas de las competencias en materia de Justicia no se ha completado "y corremos riesgo de padecer una justicia de dos velocidades, según el territorio en el que residamos".