Panamá da un primer paso para blindar su sistema financiero tras escándalo de los "papeles"

• Instala un comité de siete expertos, capitaneado por el Nobel de Economía Joseph Stiglitz
• Entre sus objetivos, recomendar las mejores prácticas y acciones para alcanzar ese objetivo

Joseph Stiglitz, Nobel de Economía 2001, durante la ceremonia para presentar al comité independiente.

Panamá ha dado este viernes un primer paso para blindar su sistema financiero de usos ilegítimos al instalar un comité de siete expertos, capitaneado por el Nobel de Economía 2001 Joseph Stiglitz, que recomendará las mejores prácticas y acciones para alcanzar ese objetivo.

El establecimiento formal del Comité Independiente de Expertos Nacionales e Internacionales, que identificará vulnerabilidades de la plataforma de servicios internacionales del país, se da en el marco de una ofensiva diplomática de Panamá para defenderse de las críticas tras el escándalo conocido como "papeles de Panamá".

Las críticas procedentes de algunos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y la inclusión del país en una lista de paraísos fiscales por Francia, surgen tras la filtración masiva de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, que descubrieron la creación de miles de empresas "off shore" para evadir el fisco.

El presidente panameño, Juan Carlos Varela, ha dicho al instalar la comisión que este paso reafirmaba el compromiso del país "con la transparencia y el fortalecimiento" de la "plataforma de servicios logísticos y financieros, a fin de evitar que esta puede ser utilizada para actividades ilícitas".

Ha añadido que este grupo ha sido creado para que "allane" el camino para que Panamá "lidere los esfuerzos de la comunidad internacional a fin de construir una nueva arquitectura financiera global que garantice el progreso" y bienestar del mundo.

El mandatario ha ido a más y ha asegurado que Panamá no descarta negociar "en un futuro" un acuerdo multilateral de intercambio automático de información tributaria, como le ha insistido la OCDE.

Pero por ahora "Panamá tomó la decisión de iniciar negociaciones bilaterales que incorporen el estándar CRS de la OCDE", igual que han hecho los gobiernos de Singapur, Hong Kong y Bahamas, entre otros, ha sostenido.

Varela ha asegurado que la posición de Panamá "ha sido respaldada por Japón y Alemania", países con los que, reiteró, próximamente su Gobierno iniciará "negociaciones de acuerdos bilaterales de intercambio de información tributaria" con el estándar CRS de la OCDE.

El comité de expertos está liderado por Stiglitz y el expresidente de Panamá Nicolás Ardito Barletta (1984-1985). Lo integran además el suizo Mark Pieth (Suiza), profesor de Derecho Criminal y Criminología de la Universidad de Basilea; y el costarricense Roberto Artavia, doctor en Economía de la Universidad de Harvard (EEUU) y profesor visitante de INCAE Business School.

También están en el llamado "Comité Independiente de Expertos para el Centro de Servicios Financieros" el exadministrador del Canal de Panamá Alemán Zubieta, Domingo Latorraca, socio-director de Deloitte, y Gisela Álvarez de Porras, exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias de Panamá.

El ministro panameño de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, ha dicho a Efe que Panamá ha cumplido con sus obligaciones derivadas de los tratados para evitar la doble tributación que ha firmado y ha hecho el anuncio de moverse hacia el intercambio automático de información.

Esa realidad junto con la instalación del comité de expertos, indica que Panamá "va en ese camino", ha aseverado De La Guardia.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá (CNA), José Alberto Álvarez, ha indicado que el comité le indicará al país el camino que debe seguir y las medidas que debe tomar en medio de esta crisis, las cuales, ha resaltado, "espero que puedan ser asimiladas".

En los primeros tres meses el comité deberá presentar un informe preliminar y podrá pedir un plazo adicional de hasta dos meses para entregar el documento final. Mientras tanto, todas las informaciones y sus deliberaciones se mantendrán en reserva.

Sus integrantes no recibirán compensación económica por su tiempo y servicios, pero los gastos en que hayan incurrido serán cubiertos por el Gobierno.