La CUP se abstiene en la votación sobre la modificación presupuestaria de Barcelona

• Barcelona aprueba incrementar su presupuesto en 275,5 millones
• La abstención de la CUP se une a los votos de BComú, ERC y PSC
• Entre sus peticiones, la CUP quería suprimir los 'antidisturbios' municipales

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, y la segunda teniente de alcalde, Laia Ortiz, en una imagen de archivo.

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Barcelona ha conseguido este jueves aprobar una modificación presupuestaria de 275,5 millones de euros sobre el presupuesto prorrogado de 2016 que implicará un movimiento presupuestario de 366 millones.

El Gobierno municipal dirigido por Ada Colau lo logra gracias a los votos de los 11 concejales de BComú, los cinco de ERC y los cuatro del PSC y la crucial abstención que ha decidido la CUP, que inclina la balanza frente al rechazo de los diez concejales de CiU, los cinco de Ciudadanos y los tres del PP.

Después de anular el pleno extraordinario previsto el lunes porque Colau no tenía apoyos suficientes para impulsar la modificación en el presupuesto municipal, ha logrado convertir el voto negativo de la CUP en abstención tras negociar partidas por valor de cinco millones.

Los 275,5 millones de incremento se concentran en gastos corrientes y de capital, de los que 114,4 se destinarán a inversiones, 158,1 irán a gasto corriente -39,1 para programas sociales- y 2,9 a activos financieros.

Con estos cambios, los gastos no financieros del Ayuntamiento de Barcelona ascienden hasta 2.549,4 millones -un aumento de 179,4 millones (7,6%) respecto a las cuentas de 2015-, los gastos corrientes se sitúan en 2.152,2 millones -139,2 más- y las inversiones en 397,2 -40,2 más-.

En cuanto a la cohesión territorial y el incremento de recursos para los barrios, la modificación aumenta un 16% de los recursos corrientes que gestionarán directamente los distritos.

"Las migajas de las migajas"

La líder de la CUP Capgirem Barcelona en el Ayuntamiento de la capital catalana, Maria José Lecha, anunció por la mañana que su grupo se abstendría. Ha dicho que han negociado siendo conscientes de que se trataba de las "migajas de las migajas",  pero que éstas pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida de los vecinos.

"Hemos negociado las migajas, somos plenamente conscientes. En 2017 queremos negociar el pan entero, con unos presupuestos valientes que den la vuelta al modelo de ciudad. Instamos a trabajar desde la valentía de reconocer a quién se debe BComú", ha aseverado Lecha.

Como resultado de su negociación, el Gobierno municipal incorpora fondos para avanzar hacia una renta para colectivos de mujeres vulnerables -a partir de octubre-, hacia el carné de ciudad para personas en situación irregular -que podría aplicarse en diciembre- y hacia remunicipalizaciones, por lo que han decidido abstenerse "pese a las presiones recibidas, desde el chantaje emocional pasando por el insulto y el menosprecio".

Lecha ha dicho que sólo han logrado alrededor del 40% de sus peticiones, que también incluían mejoras en el transporte público; cambiar el modelo y aumentar los fondos para comedores comunitarios; incrementar el deporte de base y disminuir el de élite, e impulsar una red de derechos sexuales y reproductivos -en la que ha se ha aumentado la partida-, entre otras.

Pedián la disolución de los antidisturbios municipales

La CUP pedía también la disolución de la Unidad de Apoyo Policial (USP) de la Guardia Urbana, que cuenta con funciones de antidisturbios, algo que el Gobierno de Ada Colau prevé suprimir en el Plan Director de la Urbana, que previsiblemente se presentará en el pleno de mayo.

Garganté ha insistido en que la CUP exige que la USP desaparezca como unidad, mientras que el Gobierno municipal plantea distribuirla en los distritos y modificar algunas de sus funciones, según el edil, que ha asegurado: "Disolverla, como planteaban, en ningún caso lo han puesto sobre la mesa".

Lecha ha resaltado que BComú llevaba en su programa esta disolución y, preguntada por los periodistas, ha atribuido a "paranoias" las acusaciones de la concejal de CiU Sònia Recasens de que la CUP y el Gobierno de Colau habían alcanzado un pacto oculto referente a la Guardia Urbana.