Rousseff, a un paso del juicio político tras el voto favorable de una comisión del Senado
- El informe del instructor es aprobado con 15 votos a favor y cinco en contra
- Recomienda abrir un juicio político con miras a destituir a la presidenta
- El pleno del Senado tendrá la última palabra la próxima semana
El mandato de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, está desde este viernes en manos de los 81 senadores que integran la Cámara alta brasileña, después de que una comisión aprobara por una clara mayoría de 15 votos a favor por cinco en contra que se le abra un juicio político por las irregularidades fiscales cometidas por su Gobierno, lo que podría llevar, en última instancia, a su destitución.
La comisión ha debatido durante diez sesiones los méritos jurídicos de las acusaciones formuladas contra la presidenta y ha descartado por completo los alegatos de su defensa, al tiempo que rechazaba que el proceso pueda suponer un "golpe de Estado", como sostiene Rousseff.
El informe favorable a la apertura de un juicio político contra la presidenta, elaborado por el instructor de la comisión, Antonio Anastasia, pasará ahora al pleno del Senado, que decidirá por mayoría simple si archiva la causa o si se inicia el juicio político.
En ese último caso, Rousseff sería inmediatamente apartada del cargo durante los 180 días que puede durar el proceso y sustituida de forma interina por el vicepresidente, Michel Temer, que desde hace semanas estudia la formación de un eventual nuevo Gobierno.
La votación definitiva, la próxima semana
Está previsto, aunque aún no ha sido confirmado oficialmente, que la votación en el pleno de la Cámara Alta se celebre el próximo miércoles 11 de mayo, que podría ser el último día de Rousseff en el poder, al menos durante los próximos seis meses.
Si el eventual juicio político concluyera con la destitución de la presidenta, Temer completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019, pero, si fuera absuelta, Rousseff recuperaría el cargo una vez que termine el proceso. Sin embargo, la votación de este viernes en la comisión ofrece indicios de lo que le espera a Rousseff la próxima semana, de forma que el futuro inmediato no parece alentar ninguna esperanza para la mandataria.
De los 15 partidos con representación en la comisión, compuesta por 21 miembros y otros tantos suplentes, 12 se han pronunciado a favor de aprobar el informe que propone la apertura del juicio con miras a la destitución de Rousseff. Incluso el senador Raimundo Lira, el presidente de la comisión y que solo habría votado en caso de empate, ha manifestado su apoyo al informe del instructor.
Tan solo se han opuesto a sus conclusiones Partido de los Trabajadores (PT), la formación de la propia Rousseff, y los partidos Comunista do Brasil (PCdoB) y Democrático Laborista (PDT), dos de las pocas formaciones que aún permanecen en la menguada coalición que respalda a la presidenta.
Rousseff descarta dimitir
Las acusaciones contra Rousseff se fundamentan en unas maniobras contables irregulares en las que el Gobierno incurrió en 2014 y 2015 a fin de "maquillar" sus resultados fiscales, que la defensa de la mandataria niega y considera unas meras "faltas administrativas".
Según el informe aprobado este viernes, sin embargo, esas maniobras violaron numerosos artículos de la Constitución y de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que regula el uso del dinero público. El informe responde todos los argumentos de la defensa y critica la insistencia de Rousseff y sus partidarios en que hay un "golpe" en curso.
Rousseff, sin embargo, ha insistido este viernes en lo que la oposición califica de "cantilena del golpe" y ha reiterado que quienes pretenden desalojarla del poder quieren "acabar" con los programas sociales de su Gobierno. "En América Latina, cuando no se quería una cierta política, se daba un golpe de Estado", pero "antes era con las bayonetas y usando a las Fuerzas Armadas", ha comentado la presidenta en un acto sobre la construcción de viviendas populares.
“Ahora, si se oponen a los programas sociales de un Gobierno, si no tienen votos, se valen del impeachment“
"Ese proceso fue superado y, ahora, si se oponen a los programas sociales de un Gobierno, si no tienen votos para disputar elecciones directas, se valen del impeachment", ha denunciado, al tiempo que descartaba dimitir si el Senado inicia el juicio político, pues renunciar sería "enterrar la prueba viva del golpe".