La Fiscalía Anticorrupción denuncia un "posible fraude" en la concesión de subvenciones a cursos en Extremadura

• Por 2,4 millones a la patronal extremeña y los sindicatos UGT y CC.OO.
• Hay "indicios relevantes" que evidencian posibles infracciones penales
• Existen discrepancias entre los gastos justificados y los costes de actividad

Anticorrupción denuncia un "posible fraude" en las subvenciones a cursos en Extremadura

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Badajoz para que se investigue un "posible fraude" en la concesión de subvenciones, por importe de 2,4 millones de euros, a la patronal extremeña (CREEX) y los sindicatos UGT y CC.OO. para cursos de formación.

Según ha informado la Fiscalía en una nota, se han detectado "irregularidades" diversas al existir discrepancias y distorsiones entre los gastos justificados ante la Administración documentalmente, a efectos del cobro de las ayudas, y la realidad del importe realmente pagado como costes de actividad, "siendo los primeros muy superiores a estos últimos". Estos hechos, indica, pudieran ser constitutivos de delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental continuada dada su naturaleza y cuantía.

Anticorrupción explica que inició sus investigaciones en marzo de 2015 a raíz de la comparecencia del entonces director gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), Miguel Lozano, quien puso en su conocimiento la existencia -apoyada en un informe "meramente prospectivo y de naturaleza indiciaria y selectiva"- de posibles irregularidades.

En concreto, éstas afectaban al proceso de justificación de gastos llevados a cabo por los beneficiarios de las ayudas públicas derivadas de la convocatoria, por Orden de 1 de junio de 2011, de la Consejería de Igualdad y Empleo, destinada a la realización de planes formativos intersectoriales dirigidos a trabajadores ocupados en el marco territorial de Extremadura.

Tras asumir las diligencias de investigación por parte de la Fiscalía, se practicaron diversas actuaciones con el fin de contrastar los hechos, recabando múltiples soportes documentales referidos, en su conjunto, a más de 600 actividades informativas, 10.000 alumnos y más de 500 docentes.

De lo actuado hasta este momento, y sin que ello prejuzgue ulteriores posiciones procesales, surgen "indicios relevantes" que evidencian la existencia de posibles infracciones penales "cuyo tratamiento sugiere como ineludible la judicialización" de estas informativas", señala Anticorrupción en la nota.

El importe de las subvenciones cuestionadas asciende, según precisa Anticorrupción, a 1.707.106,93 euros en el caso de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), 400.133,27 en el de UGT, y 311.897,55 en el de CC.OO.