Las claves del juicio a Dilma Rousseff que desgarra Brasil
- El Senado ha decido abrirle un juicio político que la aparta temporalmente del poder
- Se evalúa si la presidenta incurrió en un delito por permitir irregularidades fiscales
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha sido apartada temporalmente del poder. El Senado ha votado a favor de abrirle un juicio político por las irregularidades fiscales de su Gobierno en 2014 y 2015. El vicepresidente, Michel Temer, asumirá su cargo. Estas son las claves del proceso.
La acusación contra Rousseff
La causa abierta contra la presidenta de Brasil es solo una de las decenas de peticiones que recibió el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha da Silva, para juzgar a Rousseff. En este caso, se le acusa de un "delito de responsabilidad" por permitir y avalar presuntas irregularidades fiscales con las que su Gobierno habría maquillado las cuentas públicas en 2014 y 2015.
El fiscal del Ministerio Público de Cuentas Julio Marcelo de Oliveira, que fue quien detectó esas alteraciones presupuestarias, aseguraba ante la comisión del Senado que excaminó la causa que Rousseff incurrió en "graves irregularidades" y remarcaba que esas maniobras tuvieron un enorme impacto en las finanzas y en la credibilidad del Estado brasileño, infligiendo "un daño equivalente al que causa la corrupción".
Según De Oliveira, las irregularidades comenzaron en 2013, pero el Gobierno consiguió ponerse al corriente de pago el día 31 de diciembre de ese año. Sin embargo, se retomaron a principios de 2014 y se acentuaron en el segundo semestre, cuando Rousseff fue reelegida para un segundo mandato. Por este motivo, el Tribunal de Cuentas rechazó la ejecución presupuestaria de 2014.
“El Gobierno podría haber pagado antes, pero no lo hizo porque pretendía ejecutar otros gastos con ese dinero“
El fiscal defiende que parte de las deudas se mantuvieron durante 2015 y sólo fueron canceladas a mediados de diciembre pasado: "El Gobierno sólo pagó a fines de 2015 y lo podría haber pagado antes, pero no lo hizo porque pretendía ejecutar otros gastos con ese dinero, lo que lleva a unas irregularidades gravísimas".
La defensa del Gobierno
Ni Rousseff ni su Gobierno han negado las irregularidades, pero sostienen que no existe "delito de responsabilidad", sino que, a lo sumo, el maquillaje fiscal supondría una falta administrativa. A partir de ese argumento, el Ejecutivo brasileño ha repetido de forma insistente que el proceso es nulo, que está viciado desde su origen y que apartar a la presidenta sería un golpe de Estado.
El abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, principal encargado de la defensa de Rousseff, ha basado su defensa en varios supuestos errores de procedimiento y, sobre todo, ha atribuido la apertura de la causa a una "venganza" de Cunha da Silva, antiguo aliado y ahora rival de la presidenta, que fue quien permitió que el procedimiento se pusiera en marcha desde su posición como presidente de la Cámara de Diputados.
“Es un claro desvío de poder que anula el proceso desde su propio inicio“
Cunha da Silva, que ha sido suspendido de su cargo por el Supremo, también está acusado de corrupción y Cardozo asegura que dio luz verde al proceso contra Rousseff cuando el Partido de los Trabajadores apoyó en la cámara baja que él mismo fuera juzgado. "Es un claro desvío de poder que anula el proceso desde su propio inicio", decía ante la comisión parlamentaria.
El proceso, una guerra institucional
Tras su apertura, la causa ha estado varios meses suspendida -para perfilar los detalles del procedimiento- antes de llegar a la Cámara de Diputados, donde una comisión realizó la primera evaluación. Finalmente, el pasado 17 de abril se votó en el pleno: 367 diputados -25 más de los necesarios- votaron a favor de abrir un juicio político a la presidenta, que en las semanas previas había perdido el apoyo de varios de sus aliados gubernamentales.
El caso se elevó entonces al Senado, donde una comisión compuesta por 21 senadores evaluó sus fundamentos jurídicos y respaldó con 15 votos a favor por cinco en contra enviar el caso al pleno. Pero apenas dos días antes de que empezara el debate, el presidente interino de la Cámara de Diputados, Waldir Maranhao, anunciaba por sorpresa la anulación de la votación y pedía al presidente del Senado que devolviera la causa a la Cámara Baja, abriendo una guerra entre ambas instituciones que dejaba el juicio político en el aire.
Sometido a la presión de su partido, Maranhao rectificó y apoyó la causa contra Rousseff solo un día después. De esta manera, el Senado tenía la última palabra y ya ha hablado: 55 senadores frente a 22 han votado a favor de abrirle un juicio político a la presidenta, que estará apartada del cargo durante 180 días.
Durante esos seis meses, le sustituirá de manera interina el vicepresidente, Michel Temer, que también será el encargado de ocupar la Presidencia si Rousseff es definitivamente destituida. Para apartarla definitivamente del cargo, el pleno debe votar en una sesión dirigida por el presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lewandowski, en la que se requiere que dos tercios de los senadores (54 de 81) voten a favor de la destitución. De trasladarse el resultado de este 11 de mayor, Rousseff tendrá que decir adiós al bastón de mando que ha sostenido con mano de hierro durante los últimos cinco años.
El sustituto, al acecho
“Es una elección indirecta cubierta por el manto del impeachment (destitución)“
Dilma no ha dudado en acusar a su antiguo aliado de orquestar toda una operación para desalojarla del palacio de Planalto y hacerse con la Presidencia sin pasar por las urnas: "Hay un proceso que está en curso y tiene nombre, es golpe", recalcaba hace unos días en un acto en Sao Paulo, al tiempo que añadía: "Es una elección indirecta cubierta por el manto del impeachment (destitución)".
Temer, en cualquier caso, nunca ha ocultado su ambición por llegar a la jefatura del Estado, hasta el punto de tantear a posibles ministros: se da por hecho que el expresidente del Banco Central de Brasil, Henrique Meirelles, es su preferido para ocupar la cartera de Hacienda, la más relevante del Ejecutivo, y este mismo martes mantuvo una reunión de cuatro horas con él en el palacio de Jaburu, su residencia oficial.
Su llegada a la presidencia sería vista con agrado por los mercados y desde la formación que preside, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, ya se ha deslizado que la prioridad será "generar confianza" para sacar al país de la crisis.
Los jueces, bajo sospecha
La presidencia de Temer, con todo, sería solo interina si el Senado juzga a Rousseff pero decide archivar la causa.
Sin embargo, muchos de los parlamentarios que deben actuar como jueces de la presidenta están, a su vez, bajo la sombra de la sospecha: 30 de los 81 senadores, el 37 %, y 148 de los 513 diputados, el 28,8 %, están siendo investigados o afrontan ya juicios ante el Tribunal Supremo, según el portal especializado en asuntos legislativos Congreso en Foco, recogido por Efe.
“Lo más extraño es que quien me juzga es corrupto“
Ese recuento solo se refiere a los casos abiertos por el máximo tribunal, pero hay cientos de investigaciones sobre aforados paralizadas en tribunales de primera y segunda instancia: la organización Transparencia Brasil afirma que 298 diputados, el 58% del total, tiene cuentas pendientes con la justicia. Rousseff no ha dejado de recordarlo: "Lo más extraño es que quien me juzga es corrupto".
Un país dividido
El resultado de todo ello es un país fracturado, embarrancado en una grave crisis política justo debía disfrutar de uno de los acontecimientos más relevantes de su historia: la organización de los Juegos Olímpicos de verano en Río de Janeiro, que comenzarán a principios de agosto.
Sin embargo, al igual que ocurriera durante el Mundial de fútbol de 2014, la sociedad brasileña está más preocupada de las dificultades económicas y de la incapacidad de los políticos para solucionar la situación. Las manifestaciones de partidarios y detractores de Rousseff se suceden cada semana en las principales ciudades.
Dilma Rousseff, al recibir, la llama olímpica en el palacio de Planalto aseguró que Brasil "está listo" para organizar "los mejores Juegos Olímpicos del mundo" en Río de Janeiro, en el que quizás haya sido su último gran acto político como presidenta.
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