El consejero andaluz de Economía defiende la legalidad de sus actuaciones como vicerrector

• Asegura que sus actuaciones eran "conocidas y vigiladas" por la administración
• Había sido citado a declarar como investigado por una adjudicación de una obra

El consejero andaluz de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El consejero andaluz de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha defendido este martes ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que todas las actuaciones que llevó a cabo como vicerrector de la Universidad de Sevilla fueron "legales" y "conocidas y vigiladas" por la administración.

Arellano ha hecho estas declaraciones a los periodistas a su salida del alto tribunal andaluz, donde ha prestado declaración durante una hora y media ante el juez instructor, Juan Ruiz Rico, de la causa por la que había sido citado este martes a declarar en calidad de investigado y que está relacionada con la adjudicación supuestamente irregular de una obra cuando era vicerrector de la Universidad de Sevilla.

El consejero, que ha trasladado también ante el juez que "en ningún caso" se produjo "ningún menoscabo" de dinero público con su actuación, ha respondido a las preguntas del magistrado, el fiscal y su abogado dado que, según ha explicado, el Colegio de Arquitectos de Sevilla, de quien partió la denuncia sobre la adjudicación del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla origen de la causa, no se ha personado.

También ha informado de que el Tribunal Contencioso Administrativo 11 de Sevilla ha inadmitido el recurso contencioso que pretendía plantear el Colegio de Arquitectos, y ha agradecido el "tono empleado" por la sala, que le ha permitido expresarse "libremente y con mucha amplitud" sobre todas las cuestiones que hace tiempo, dice, deberían haberle planteado a él o a la Universidad.

Su declaración se produce después de que el TSJA abriera diligencias tras la denuncia de la Fiscalía Superior de Andalucía presentada contra él por presunta prevaricación administrativa y falsedad en documento público, a raíz de la interpuesta a su vez por el Colegio de Arquitectos de Sevilla.