Flores niega su responsabilidad y culpa al Ayuntamiento de las deficiencias del Madrid Arena
- La defensa señala también al Ayuntamiento por el funcionamiento de la seguridad
- El abogado de Madridec culpa a los controladores de provocar la avalancha
La defensa de Miguel Angel Flores, el principal acusado en el juicio por la tragedia del Madrid Arena, ha negado este martes en la vista oral "toda responsabilidad por negligencia u omisión" de su cliente, culpando al Ayuntamiento de Madrid de las "deficiencias legales y materiales del recinto" donde se celebró el evento, propiedad de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos (Madridec).
En la primera sesión de los informes finales de los 15 acusados ante la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, el abogado José Luis Fuertes, que defiende al empresario, ha negado que Flores realizase una "sobreventa de entradas superior a la permitida" y ha asegurado que no existen "pruebas de cargo que pongan en duda su inocencia".
Fuertes ha volcado toda la responsabilidad en el Ayuntamiento, que era el propietario de un edificio "que no es técnicamente evacuable" y que no tenía licencia.
Como hiciese su defendido durante su declaración, el abogado ha apuntado en todo momento al Consistorio madrileño y a sus empleados -que no ha querido especificar-, quienes, "por su nivel de decisión tanto empresarial como político, debían saber las negligencias del recinto y aún así autorizaban los eventos".
Seguridad en el evento
Según el abogado del principal acusado, la seguridad también era responsabilidad del Ayuntamiento o más bien de Madridec, la empresa municipal que gestionaba el pabellón.
Además, ha achacado las deficiencias en la materia a la inexistencia de un Plan de Seguridad, "que será responsabilidad de quien sea, pero "no" de su defendido.
En este sentido, el abogado ha señalado que en el evento hubo "una sola seguridad" y no dos, en clara referencia a Kontrol 34, la empresa contratada por Diviertt -propiedad de Flores- previsiblemente encargada de la seguridad interior del evento.
A juicio de Fuertes, los trabajadores de Kontrol eran "auxiliares" y no controladores de acceso, como así lo afirmó su defendido en su declaración. En lo que sí coinciden ambos es que estos empleados "no tenían competencias en seguridad".
José Luis Fuertes también defiende en el juicio a los dos otros altos cargos de Diviertt, Santiago Rojo y Miguel Ángel Morcillo, a los que también ha exculpado de toda negligencia al afirmar que "no hay ninguna acusación consistente en contra de Rojo y Morcillo, que se limitaron a cumplir con su trabajo".
Exceso de aforo en un punto concreto
Asimismo, el letrado de Miguel Ángel Flores ha negado que hubiese aglomeraciones en la fiesta, pues "no se acreditó", y ha asegurado que "la visión apocalíptica de todo aquello no existió". Ha estimado que en la pista central había 5.000 personas y no más y que "en la parte de atrás había huecos y se podía pasar".
El letrado ha atribuido la causa de la tragedia a un corte de sonido, razón por la cual "buena parte de las personas fueron a los baños y cuando empezó la actuación del señor Aoki quisieron bajar todas a la vez" pasando por el túnel donde se produjo la tragedia.
Para el abogado, la tesis de que la avalancha se produjo por un "cruce de flujos" defendida por Flores en su declaración es "válida", una situación que se produjo "por un defecto original y congénito de diseño del edificio", y que, a su juicio, no son responsabilidad de su cliente. Y ha apostillado que "no hubo un exceso de aforo general, sino un exceso de aforo en un sitio concreto".
Venta de entradas
El letrado ha afirmado que ni Flores ni su empresa Diviertt ha incurrido en la sobreventa de entradas, destacando que no hay prueba de cargo que enerve en este punto su presunción de inocencia. En este sentido, ha asegurado que se excedió "por poquísimo" la cifra de 10.000 personas que pasaron a la fiesta por los lectores de entradas, y ha recalcado que todos los que llevaban ticket entraron por ese sistema.
El número de entradas vendidas es clave en el proceso y, según la fiscal, el promotor vendió al menos 16.493, 6.000 más que el aforo máximo.
Fuertes no se ha pronunciado sobre las cientos de personas que entraron de forma masiva directamente a la pista ni sobre la cantidad de asistentes a los que no se les pidió entrada, como han denunciado durante el juicio algunos testigos que acudieron a la fiesta.
Y ha destacado que, aunque la Policía encontró 22.500 localizadores, no hubo tantas entradas vendidas.
Además, ha restado importancia a la presencia de las urnas con las entradas de la fiesta que encontró la Policía Nacional 16 días después del evento en un pabellón anexo al Madrid Arena.
Las urnas
Según el letrado, "desde el punto vista objetivo, no se cumplen los requisitos legales de la cadena de custodia de las urnas" porque no hubo un precinto correcto, una investigación correcta ni se documentó bien.
Una de las estrategias de defensa de Miguel Ángel Flores ha sido acusar a una posible manipulación de las urnas y por ello no se responsabilizó del recuento policial que halló 10.915 entradas físicas en urnas "cerradas", mientras que Flores declaró que fueron 5.650.
El abogado ha finalizado su intervención pidiendo "una sentencia ejemplar" y haciendo un llamamiento a que se ilegalice el edificio, porque de no ser así, se seguirá corriendo "un grave riesgo de que pueda producirse una tragedia todavía mayor".
Por último, ha pedido la absolución para alguien de quien cree que es "inocente porque no ha tenido culpa en estos hechos", ha remachado.
Madridec acusa a Kontrol 34 de la avalancha
Por su parte, la defensa de tres acusados que pertenecían a Madridec ha apuntado a los controladores de Kontrol 34 como los causantes de la avalancha mortal como consecuencia de los empujones que dieron a los asistentes para meterles en la pista, un extremo que han mostrado las cámaras de videovigilancia y que han corroborado varios testigos.
Así lo ha defendido el abogado del coordinador de Operaciones de Madridec Francisco del Amo, de Rafael Pastor y de José Ruiz Ayuso. En su informe, ha solicitado la libre absolución de sus patrocinadores, si bien ha reconocido que sus clientes cometieron negligencias. Pero no fueron resultado de las muertes.
Como resumen, Enrique Luzón ha atribuido la tragedia al sobreaforo; al cierre de vomitorios; a un defecto de flujo en una de las escaleras al irse dos controladores de acceso; y a la acción de dos controladores que empujaron a la gente dentro, provocando caídas que dieron lugar a las avalanchas.
Sobre la apertura del portón de Cota 0, el abogado ha negado que fuera Del Amo quien diera la orden, atribuyendo esta acción a Producción de Diviertt, la empresa de Flores. De este modo, ha intentado demostrar que la llamada que supuestamente hizo Del Amo según Seguriber nunca existió.
El letrado ha querido analizar el aspecto jurídico después de que el abogado de Flores culpara al Ayuntamiento de Madrid y por ende a Madridec de lo sucedido por las deficiencias estructurales del edificio.
En este punto, ha destacado que sus clientes no pueden tener posición de garantes, ya que a su juicio se confunde la obligación de Madridec como ente jurídico. "No se puede admitir que se les equipare como representantes legales ya que no tenían capacidad de tomar decisiones", ha reseñado.