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La Justicia argentina procesa por primera vez a Cristina Fernández

  • La causa investiga presuntas irregularidades en el Banco Central
  • La expresidenta argentina está acusada de un delito de administración infiel
  • El juez entiende que Fernández ordenó cometer operaciones fraudulentas

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La Justicia argentina procesa a la expresidenta Cristina Fernández

La Justicia argentina ha determinado este viernes por primera vez el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en una causa sobre presuntas irregularidades en el Banco Central en el tramo final de su mandato. La exmandataria está acusada de un delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública.

El caso, que investiga contratos de venta de futuros de dólar en el organismo, fue iniciado por la denuncia de parlamentarios integrantes del frente Cambiemos, liderado por el actual presidente argentino, Mauricio Macri.

Según el Centro de Información Judicial, el juez Claudio Bonadio, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 ha dictado procesar a Fernández, al exministro de Economía Axel Kiciloff, al extitular del Banco Central, Alejandro Vanoli, y a otros 12 imputados. Además, ha ordenado un embargo sobre sus bienes por 15 millones de pesos cada uno (casi un millón de euros).

Según el juez, Fernández impartió instrucciones

Según los denunciantes, mediante la celebración de contratos de futuros de dólar, el Banco Central habría vendido dólares por debajo del precio establecido en la Bolsa de Nueva York para este tipo de operaciones.

El juez entiende que, de la diferencia entre el precio pactado y el del mercado, se desprende que a causa de los contratos cerrados entre septiembre y diciembre de 2015, el Banco Central registró una pérdida de 1.552 millones de pesos (93,3 millones de euros). A ello deberían sumarse las pérdidas derivadas de la ejecución de contratos entre enero y junio próximo.

En el auto de procesamiento, el juez ha explicado que "es impensable" que una operación financiera de esta magnitud, que tiene "claros" efectos económicos y políticos a corto plazo, sea desarrollada sin aprobación expresa del Poder Ejecutivo. Es así que justifica el procesamiento de Fernández y Kicillof.

"Resultó evidente que la entonces Presidente de la Nación impartió instrucciones -que sin duda fueron elaboradas conjuntamente- a su Ministro de Economía para que esta operación financiera se lleve a cabo", añade Bonadío.

Añade además que Kicillof procedió a su vez a impartir directivas a los funcionarios del organismo y "por supuesto" a los directores de la Comisión Nacional de Valores, "todos los cuales", resalta el magistrado, eran "totalmente intercambiables en caso de disidencia con la orden, o en el caso de ser remisos al acatamiento".

Las actividades fueron legítimas, según la expresidenta

En abril, Fernández acudió a los tribunales y presentó un escrito en el que defendió que las operaciones investigadas fueron llevadas a cabo legítimamente por las autoridades del Banco Central y de acuerdo a la normativa vigente. Al mismo tiempo, la exmandataria cargó contra el actual Gobierno y el Poder Judicial y se definió como una "expresidenta perseguida".

La viuda del también exjefe de Estado Néstor Kirchner (2003-2007) presentó además una recusación contra el juez al alegar "enemistad manifiesta" con el magistrado desde sus tiempos en la Presidencia, pero Bonadio lo rechazó y la Cámara Federal lo confirmó después.

El kirchnerismo responsabiliza al actual Ejecutivo de Macri por las pérdidas en el Central, ya que considera que fueron resultado de la devaluación de diciembre pasado. El nuevo presidente argentino, una semana después de asumir el cargo, liberó las restricciones que había impuesto Fernández en el mercado cambiario, lo que ocasionó una devaluación cercana al 60%.

Sin embargo, este no es el único caso que afecta a Fernández, ya que en los últimos días un fiscal la acusó de presunto cohecho, enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos en una causa que investiga una de sus empresas, pero también se suman la petición que ya hizo otro fiscal para que sea investigada por una supuesta red lavado de dinero y otra causa que analiza supuestas irregularidades en otra de sus sociedades.