Arpegio, una fundación sin personal que Granados usaba "para hacer favores"

• Es uno de los medios de la trama Púnica para hacerse con fondos públicos
• Con ocho millones de presupuesto anual, actuaba a órdenes del exconsejero
• Granados volverá a comparecer en la Asamblea desde la cárcel por este tema

Francisco Granados, en sus tiempos de senador del PP, en una imagen de 2011.

La Fundación Arpegio, que presidió el entonces consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, durante varios años de funcionamiento de la trama Púnica, manejaba un presupuesto anual de ocho millones de euros, apenas tenía personal y se utilizaba como instrumento "para hacer favores" con dinero público.

Así se lo explicó al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, Elisa de la Nuez, quien fue contratada como asesora en 2008 para "poner orden" en la Fundación cuando la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, quitó el control formal de esta a Granados y se lo dio a Beatriz Elorriaga, entonces consejera de Medio Ambiente y Ordenación.

El motivo del cambio fue el enfrentamiento entre Granados y el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, según la declaración de la testigo, que indica que Aguirre decidió que esa Fundación dejara de depender de Presidencia y pasara a Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Pero "por motivos políticos" se mantuvo como directora general a Carmen Plata, persona de confianza de Granados, que en verdad era quien seguía teniendo "el control" sobre la contratación. En su declaración, De la Nuez recordó que esta directora general hablaba de Granados como "el jefe".

Su llegada a la Fundación generó "cierta tensión" en Carmen Plata, la directora general y persona de confianza de Granados, y pocos meses después Elorriaga fue cesada, aunque desconoce si la razón fue su intervención en la Fundación Arpegio, uno de los instrumentos a través de los que la trama Púnica se hacía con fondos públicos.

Elorriaga -que abandonó la Consejería en 2008 para ser designada senadora de la Asamblea de Madrid-, "preocupada" por la forma de funcionar de la Fundación, contrató a De la Nuez para "enterarse" de lo que allí pasaba y tratar de "poner orden", para lo que pidió un informe a esta abogada.

Pedro Gómez de la Serna como asesor

Lo que encontró De la Nuez fue que una fundación con un presupuesto de ocho millones de euros en 2008 no tenía "ningún equipo técnico ni equipo de profesionales", sólo tenía un asesor jurídico -el exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna, ahora imputado por el cobro de comisiones- y un asesor fiscal, además de dos o tres secretarias.

"Llamaba mucho la atención la falta de personal", dice la testigo, quien expone que no había un procedimiento de contratación, al tiempo que su objeto era "muy amplio", que se actuaba por órdenes de Granados y que se usaba "para hacer favores".

Granados decidía a qué proyectos se destinaba el dinero y "no se hacía nada directamente", sino que se recurría siempre a convenios con otras empresas y no se controlaba si se cumplían o no los encargos.

Elisa de la Nuez concluye que la fundación no tenía razón de ser más allá de ser un instrumento para disponer de "dinero público fácil" y darlo "sin ningún problema". "La impresión es que allí para conseguir proyectos lo que hacía falta era hablar con una persona", concluye.

Granados volverá a comparecer por este tema

Granados volverá a comparecer este viernes en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid por videoconferencia desde la cárcel de Estremera, precisamente para hablar sobre la Fundación Arpegio, después de que el juez instructor del caso Púnica, Eloy Velasco, haya autorizado al Parlamento autonómico esta comparecencia.

Granados ya compareció por videoconferencia en la comisión de investigación el pasado 22 de abril, desde la prisión de Estremera, donde se encuentra encarcelado a raíz del caso Púnica, una intervención que aprovechó para denunciar que llevaba año y medio en prisión sin saber de qué se le acusa.

Entonces, aunque la comisión se centraba en la trama Púnica, él se aplicó en negar la existencia de un dispositivo de espionaje en Madrid, pero sí refirió un operativo de contravigilancia y escolta montado a petición de Ignacio González, entonces compañero suyo en el Ejecutivo de Esperanza Aguirre.