Nueve años de inhabilitación para el exembajador en Congo por prevaricación en la emisión de visados

• La Audiencia inhabilita a Fernández de Mazarambroz para empleo y cargo
• El exembajador negó su participación en la autorización de visados

El exembajador de España en Congo Antonio Fernández de Mazarambroz a su llegada a la Audiencia Nacional en una imagen de archivo.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a nueve años de inhabilitación especial para empleo y cargo público al exembajador del Congo Antonio Fernández de Mazarambroz, ya jubilado, por la comisión de un delito de prevaricación administrativa relacionado con la emisión irregular de visados.

La Audiencia Nacional impone esta pena al exembajador en una sentencia cuyo fallo señala que es autor de dicho delito por unos hechos cuya investigación se abrió en 2013 al constatar la Comisaría del aeropuerto de Madrid-Barajas un aumento injustificado de la llegada de nacionales congoleños a España.

Antonio Fernández de Mazarambroz fue designado embajador de España en la República Democrática del Congo en 2012 y cesó en 2014.

El exembajador negó su participación

Los magistrados Angela Murillo, Teresa Palacios y Carmen Paloma González han atendido la petición del fiscal que rebajó durante la vista oral su petición inicial de pena de dos años de prisión y 17 de inhabilitación y retiró la acusación por el delito de cohecho.

Durante el juicio Fernández de Mazarambroz negó su participación en la autorización de visados y justificó ese aumento de llegadas en el cumplimiento de las directrices del Gobierno para incrementar las relaciones comerciales.

Sin embargo, la resolución recuerda que en 2012 trataron de entrar por el aeropuerto de Madrid-Barajas 319 ciudadanos de la República Democrática del Congo, de los que fueron inadmitidos 90 (el 28,1%) y, posteriormente, otro grupo de 89 nacionales trataron de hacer lo mismo y en esta ocasión fueron rechazados 53 personas (el 59,55%).

Círculo de Empresarios Hispano-Congolés

El exembajador creó el Círculo de Empresarios Hispano-Congolés (CEHCEN) teniendo entre sus actividades "gestionar las demandas de visados para viajar a España previo pago por adelantado". La cifra que pagaban los beneficados de este permiso rondaba los 3.000 euros, según la investigación en fase de instrucción.

La Sala explica que en la dependencia de la Embajada española en Kinshasa se mantenían reuniones por los que formaban dicho círculo de empresarios y se preparaban los expedientes de visados al margen del trámite regular de cita previa y de una entrevista por las personas al frente de la gestión.

Agrega que el acusado dio la orden de que los expedientes de visados, todos de corta duración, solicitados por personas de dicho círculo, los provenientes de Brazaville y los de autoridades o altos cargos, los gestionaría y autorizaría él, además de aquellos otros que hubiera que resolver en tanto el cónsul se ausentaba en su periodo de vacaciones.

Bajo el mandato de Fernández de Mazarambroz, la embajada incumplió "reiteradamente" lo establecido por el Ministerio de Asuntos Exteriores en una circular de 2009 donde se ordena que la capacidad de los embajadores en materia de autorización de visados se limita a que éstos, por el cumplimiento de los fines de la política exterior de España, podrán ordenar la expedición de un visado de tránsito o estancia, "pero siempre por escrito y con carácter excepcional".

"Es llamativo por no decir francamente inverosímil" que el acusado afirmase desconocer la circular que limitaba la capacidad de los embajadores para emitir visados a casos muy excepcionales, dice la sentencia.