Rousseff ante el abismo de la destitución: las claves del proceso
- El Senado abre la sesión definitiva que decidirá si destituye a la presidenta
- Se evalúa si Rousseff incurrió en un delito por avalar irregularidades fiscales
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se enfrenta desde este jueves a la recta final del juicio político puesto en marcha contra ella, que probablemente desembocará en su destitución definitiva tras haber sido suspendida de sus funciones a mediados de mayo, a no ser que consiga que la mayoría de senadores que hasta ahora han apoyado el proceso cambien de opinión en la última sesión que celebrará el Senado. Estas son las claves de ese proceso.
La acusación contra Rousseff
La causa abierta contra la presidenta de Brasil es solo una de las decenas de peticiones que recibió el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha da Silva, para juzgar a Rousseff. En este caso, se le acusa de un "delito de responsabilidad" por permitir y avalar presuntas irregularidades fiscales con las que su Gobierno habría maquillado las cuentas públicas en 2014 y 2015.
El fiscal del Ministerio Público de Cuentas Julio Marcelo de Oliveira, que fue quien detectó esas alteraciones presupuestarias, aseguraba ante la comisión del Senado encargada de evaluar si admitía la causa que Rousseff incurrió en "graves irregularidades" y remarcaba que esas maniobras tuvieron un enorme impacto en las finanzas y en la credibilidad del Estado brasileño, infligiendo "un daño equivalente al que causa la corrupción".
Según De Oliveira, las irregularidades comenzaron en 2013, pero el Gobierno consiguió ponerse al corriente de pago el día 31 de diciembre de ese año. Sin embargo, se retomaron a principios de 2014 y se acentuaron en el segundo semestre, cuando Rousseff fue reelegida para un segundo mandato. Por este motivo, el Tribunal de Cuentas rechazó la ejecución presupuestaria de 2014.
“El Gobierno podría haber pagado antes, pero no lo hizo porque pretendía ejecutar otros gastos con ese dinero“
El fiscal señalaba que parte de las deudas se mantuvieron durante 2015 y sólo fueron canceladas a mediados de diciembre pasado: "El Gobierno sólo pagó a fines de 2015 y lo podría haber pagado antes, pero no lo hizo porque pretendía ejecutar otros gastos con ese dinero, lo que lleva a unas irregularidades gravísimas".
La defensa del Gobierno
Ni Rousseff ni su Gobierno negaron las irregularidades, pero sostienen que no existe "delito de responsabilidad", sino que, a lo sumo, el maquillaje fiscal supondría una falta administrativa. A partir de ese argumento, el anterior Ejecutivo brasileño ha repetido de forma insistente en todas las fases del proceso que este es nulo, que está viciado desde su origen y que apartar a la presidenta sería un golpe de Estado.
El abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, principal encargado de la defensa de Rousseff, ha basado su defensa en varios supuestos errores de procedimiento y, sobre todo, ha atribuido la apertura de la causa a una "venganza" de Cunha da Silva, antiguo aliado y ahora rival de la presidenta, que fue quien permitió que el procedimiento se pusiera en marcha desde su posición como presidente de la Cámara de Diputados.
“Es un claro desvío de poder que anula el proceso desde su propio inicio“
Cardozo ha defendido que Cunha da Silva, acusado también de corrupción, dio luz verde al proceso contra Rousseff cuando el Partido de los Trabajadores apoyó en la cámara baja que él mismo fuera juzgado. "Es un claro desvío de poder que anula el proceso desde su propio inicio", decía ante la comisión parlamentaria. Posteriormente, Cunha da Silva fue suspendido de su cargo por el Tribunal Supremo.
En cualquier caso, el proceso se puso en marcha, aunque, tras su apertura, la causa estuvo varios meses suspendida -para perfilar los detalles del procedimiento- antes de llegar a la Cámara de Diputados, donde una comisión realizó la primera evaluación. Finalmente, el pasado 17 de abril se votó en el pleno: 367 diputados -25 más de los necesarios- votaron a favor de abrir un juicio político a la presidenta, que en las semanas previas había perdido el apoyo de varios de sus aliados gubernamentales.
La suspensión de Rousseff
El caso se elevó entonces al Senado, donde una comisión compuesta por 21 senadores evaluó sus fundamentos jurídicos y respaldó con 15 votos a favor por cinco en contra enviar el caso al pleno. Pero apenas dos días antes de que empezara el debate, el presidente interino de la Cámara de Diputados, Waldir Maranhao, anunciaba por sorpresa la anulación de la votación y pedía al presidente del Senado que devolviera la causa a la Cámara Baja, abriendo una guerra entre ambas instituciones que revelaba la fractura de la sociedad brasileña.
Sometido a la presión de su partido, Maranhao rectificó y apoyó la causa contra Rousseff solo un día después. Así, el pasado 12 de mayo, el pleno decidió la apertura del juicio político contra la presidenta con el voto favorable de 55 senadores de un total de 81, lo que supuso la suspensión inmediata de Rousseff y la llegada a la presidencia, por el momento de forma interina, del vicepresidente, Michel Temer.
“Es una elección indirecta cubierta por el manto del impeachment (destitución)“
Antes de ser apartada de sus funciones, Dilma ya había acusado a su antiguo aliado de orquestar toda una operación para desalojarla del palacio de Planalto y hacerse con la Presidencia sin pasar por las urnas: "Hay un proceso que está en curso y tiene nombre, es golpe", recalcaba poco antes de la votación del Senado en un acto en Sao Paulo, al tiempo que añadía: "Es una elección indirecta cubierta por el manto del impeachment (destitución)".
En esa misma idea insistió cuando abandonaba el Palacio de Planalto, arropada por miles de seguidores, a los que reclamó que se movilizaran para luchar contra lo que volvió a calificar de golpe. "Jamás imaginé que debería luchar una vez más contra un golpe de Estado", aseguraba Rousseff, que estuvo presa durante la dictadura militar, al tiempo que prometía luchar "con todos los instrumentos legales" para cumplir su mandato.
Hasta seis votaciones en contra de la presidenta
Durante estos tres meses y medio en los que ha estado suspendida, Rousseff ha vuelto cargar contra Temer, calificando su Gobierno de "ilegítimo" y subrayando que es un Ejecutivo "provisional". El mensaje subyacente es que el Senado acabará por absolverla y retomará su mandato, pero las sucesivas votaciones del proceso parlamentario han desmentido ese augurio: hasta en seis votaciones los parlamentarios han respaldado el proceso contra ella.
Primero fue el Congreso, en comisión y en pleno, el que dió luz verde al juicio; después el Senado, también en comisión y en pleno, el que permitió la apertura formal de la causa. Y después de su suspensión, otra comisión del Senado aprobó el informe del senador encargado de la instrucción, Antonio Anastasia, un informe que después fue refrendado por el pleno de la Cámara Baja, de nuevo por una amplia mayoría.
La paradoja es que muchos de los parlamentarios que actúan como jueces de la presidenta están, a su vez, bajo la sombra de la sospecha: 30 de los 81 senadores, el 37 %, y 148 de los 513 diputados, el 28,8 %, están siendo investigados o afrontan ya juicios ante el Tribunal Supremo, según el portal especializado en asuntos legislativos Congreso en Foco, recogido por Efe.
“Lo más extraño es que quien me juzga es corrupto“
Ese recuento solo se refiere a los casos abiertos por el máximo tribunal, pero hay cientos de investigaciones sobre aforados paralizadas en tribunales de primera y segunda instancia: la organización Transparencia Brasil afirma que 298 diputados, el 58% del total, tiene cuentas pendientes con la justicia. Rousseff no ha dejado de recordarlo: "Lo más extraño es que quien me juzga es corrupto".
La votación definitiva
A punto de ser definitivamente destituida, la presidenta ha intentado en las últimas semanas frenar como fuera el proceso parlamentario: el Partido de los Trabajadores ha llevado el juicio político ante la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha pedido información a Brasil al respecto, y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, ha comparecido ante la prensa extranjera para reclamar que se consulte a los brasileños y se convoquen unas nuevas elecciones que permitan impulsar una reforma política con el objetivo, argumenta Rousseff, de superar el "desgaste constitucional" que ha supuesto el "juicio sin crimen" contra ella.
Ninguna de esas iniciativas ha fructificado por el momento, así que el Senado inicia este jueves una maratoniana sesión en la que, de forma definitiva, decidirá si destituye a Rousseff, que tendrá la oportunidad de dirigirse al pleno el próximo lunes, día 29, para argumentar su defensa. Antes intervendrán los 81 senadores y tanto la acusación como la defensa presentarán a sus últimos testigos, en un debate que dirige el presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lewandowski, como garante constitucional del proceso.
La votación definitiva tendrá lugar después de la intervención de la todavía jefa del Estado: si dos tercios de los senadores, esto es, al menos 54, votan a favor de la destitución, Dilma Rousseff dejará de ser presidenta de Brasil y Michel Temer superará su interinidad para completar el mandato que acaba en 2018 como nuevo presidente.
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