El juez afirma que Acuamed funcionaba como una "organización criminal" para favorecer intereses privados
- El exdirectivo despedido que denunció los hechos apunta a Miguel Arias Cañete
- Declaró que la desaladora de Almanzora no tenía seguro por un acuerdo con este
- Valiente describe las "insoportables" presiones que sufrió antes de ser cesado
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga el presunto fraude millonario en la adjudicación de contratos cometido desde Acuamed, cree que el exdirector general de esta empresa pública actualmente en prisión, Arcadio Mateo, y su número dos, Gabriela Mañueco, dirigían esta sociedad como una "organización criminal" que se dedicaba a favorecer "escandalosamente" intereses privados.
Así se desprende de los interrogatorios a los que el juez de la Audiencia Nacional sometió a los 13 detenidos el mes de enero en la Operación Frontino y a varios testigos sobre el supuesto fraude cometido por Aguas de las Cuencas Mediterráneas, dependiente del Ministerio de Agricultura.
Entre los testimonios, a los que ha tenido acceso Efe, está el de su exdirector general, Arcadio Mateo, quien se acogió a su derecho a no declarar y a quien el juez acusó de usar una empresa pública para favorecer "escandalosamente intereses privados".
En su interrogatorio a Gabriela Mañueco, directora de Ingeniera y Construcción de la empresa pública, el juez señaló que Acuamed funcionaba como "una trama de organización criminal" en la que ella actuaba como "brazo derecho y primario" de Arcadio Mateo.
A ambos les acusa de "despedir o remover" a todos aquellos técnicos o directivos que se oponían o ponían reparos a sus "caprichos" y decisiones.
El denunciante que destapó el caso apunta a Cañete
Entre ellos, una pieza fundamental en el descubrimiento de la trama es Francisco Valiente, exdirector general de Ingeniería despedido por decisión de Mateo en marzo de 2014 y que denunció los hechos.
Valiente relató al juez las "insoportables" presiones que sufrió para efectuar a FCC unos pagos supuestamente irregulares, que, según su versión, habían sido acordado en reuniones "al más alto nivel" con el exministro y actual comisario europeo, Miguel Arias Cañete.
Según el propio juez Velasco, Acuamed acordó con FCC una "compensación indebida" de 40 millones que se consignó en una partida de 36 millones incluida en los presupuestos de 2015.
Ese acuerdo se habría firmado para compensar las pérdidas que la UTE formada por FCC y Abengoa había sufrido por las obras de la desaladora de Bajo Almanzora, en Almería, de la que fueron adjudicatarias esas empresas, después de que se inundara y quedara "arruinada" en 2012.
La desaladora no tenía seguro por "un acuerdo" con el exministro
Valiente explicó al juez que comenzó a sospechar de los contratos fraudulentos de Acuamed precisamente a raíz de este caso, cuando se enteró de que la desaladora no tenía seguro y le dijeron que Cañete estaba al tanto.
"Me dijeron que estaba claro que la culpa de no tener seguro era de todos y que había un acuerdo al máximo nivel, con el ministro", explicó en sede judicial. "¿Qué ministro?", le preguntó el juez Eloy Velasco, a lo que este confidente contesta que "Arias Cañete", según consta en el sumario de la presunta trama corrupta al que ha tenido acceso Europa Press.
Miguel Arias Cañete fue ministro de Agricultura y Medio Ambiente hasta el 28 de abril de 2014, cuando pasó a encabezar las listas del PP en las elecciones al Parlamento Europeo para, a continuación, ocupar el cargo de comisario europeo de Acción por el Clima y Energía.
Cuando Valiente se negó a que Acuamed asumiera el 40 % de esa reparación y a pagarle otros 10 millones de una liquidación que él valoraba en 2, la UTE dejó de hablar con él y se comunicaba únicamente con Arcadio, con el entonces secretario de Estado de Medio Ambiente y presidente de Acuamed, Federico Ramos -que dimitió de su cargo de subsecretario de Presidencia a raíz de las detenciones-, y con el propio Arias Cañete, dice el testigo.
Consultada por Efe sobre esta declaración, FCC se ha remitido a un comunicado que emitió el pasado 26 de enero en el que rechazaba las acusaciones vertidas sobre el caso Acuamed y aseguraba que las reclamaciones realizadas por la empresa obedecen a deudas por trabajos efectivamente realizados.
Presiones también por la desaladora de Torrevieja
Otro de los contratos en los que recibió presiones fue el de la desaladora de Torrevieja, la mayor de Europa y adjudicada a Acciona, que presentaba "fisuras y muchos problemas" cuando el testigo llegó a Acuamed. "Yo entendí que nos habían engañado", declara.
En ese caso, según su testimonio, la presión vino en un encuentro con el director de Acciona Agua, Luis Castilla, durante unas conferencias de la Jornada del Agua en el Hotel Intercontinental.
El juez Velasco, en su interrogatorio a Arcadio Mateo, sostuvo que en esa reunión estaba el director de Acuamed y Arias Cañete.
También fue despedida la exgerente de Acuamed para Cataluña y Valencia Gracia Ballesteros, quien relata a Velasco cómo la empresa adjudicaba contratos y pagaba incluso por obras que no existían, como los dos millones de euros por una escollera en el contrato de la obra de Rambla Gallinera, en Valencia.
Otra de las exdirectivas despedida describe amenazas
Ballesteros describe las amenazas recibidas por funcionarios de Acuamed para que adjudicaran obras a determinados contratistas "amigos" y para que dieran el visto bueno a algunas valoraciones de ofertas de empresas.
En su caso, las presiones venían de Arcadio Mateo y del empresario N.S., que le llegó a decir que "iba a destrozar su carrera profesional".
En su interrogatorio a Gabriela Mañueco, el juez pregunta por qué N. S., presidente de Altyum, anteriormente llamada Altec, y exdirectivo de Acuamed, recibió tres de los seis contratos presuntamente fraudulentos que se investigan.
"Nosotros siempre comentábamos que N. S. tenía una habilidad especial que desconozco cuál es para acertar con el precio de las ofertas", responde Mañueco.
Dudas sobre el destino del dinero defraudado
Por otro lado, se ha sabido este jueves que el juez Velasco dudaba de los motivos por los que el exdirector de Acuamed Arcadio Mateo favorecía "escandalosamente" intereses privados y pregunta para saber si lo hacía para financiar a un partido político o para llenarse los bolsillos.
Mateo se negó a declarar ante el juez, que le considera principal responsable de un fraude millonario en la empresa pública Acuamed y le acusa de adjudicar contratos a "sus amigos" en contra de los informes técnicos o de concertarse con ellos para favorecerles en adjudicaciones.
Velasco hizo un breve repaso de los contratos por los que se le investiga, la desaladora de Bajo Almanzora, la descontaminación del pantano de Flix, la presa de Avenida Rambla Gallinera en Valencia, la desaladora Marina de Torrevieja, conductos de la desaladora de Campello-Mutxamel, el Cerro Colorado de Murcia y la presa de Antiavenidas del río Serpis.
"Usted se lleva prácticamente el conjunto de los delitos", aseguró el juez, que imputa al excargo público delitos de falsificación en documento público, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, cohecho y concertación para variar el precio de las licitaciones.
El exdirector de Acuamed: "Yo me he favorecido a nadie"
En todos ellos, según el juez, Mateo en lugar de como director general de una empresa pública actuaba como una persona "empeñada" en favorecer "escandalosamente" intereses privados.
Velasco preguntó a Arcadio Mateo por orden de qué superiores actuaba y si lo hacía "para financiar a un partido político o para meterse usted el dinero en su bolsillo". "Yo no he favorecido a nadie y lo demostraremos", respondió en ese momento el exdirector general de Acuamed.
El juez le recordó también el hallazgo de billetes de 500 euros escondidos en sobres en su casa, cuyo origen no ha sido capaz de explicar, así como el pago de viajes a Turquía y de su implante capilar.
Tras esa declaración realizada el 20 de enero, el juez decidió el ingreso en prisión incondicional de Mateo, si bien el 19 de abril modificó esa medida y fijó una fianza de 600.000 euros.
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