Bruselas investiga el destino de los fondos europeos que cofinanciaron 15 proyectos de Acuamed

• La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude se ha reunido con el juez Velasco
• El magistrado investiga un presunto fraude millonario en varios contratos
• El exdirector general a un contratista: "El Estado español sigue siendo rico"

Un guardia civil durante el registro de la empresa Acuamed en una foto de archivo

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) investiga el destino de los fondos europeos que sirvieron para cofinanciar 15 proyectos de Acuamed, la empresa pública del Ministerio de Agricultura que está siendo investigada por la Audiencia Nacional por un presunto fraude millionario en la adjudicación de contratos.

Un equipo de esta entidad, creada por la Unión Europea para la lucha contra la corrupción y el fraude al presupuesto comunitario, se desplazó el pasado miércoles a Madrid para reunirse con el magistrado que lleva la investigación, Eloy Velasco, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

Su intención es recabar "más información sobre las presuntas irregularidades cometidas" por la sociedad estatal de gestión del agua con objeto de "iniciar su propia investigación", aclaran estas mismas fuentes, que señalan que fue el propio magistrado el que recomendó al departamento europeo que se persone en la causa como acusación, de la mano de la Fiscalía Anticorrupción.

Eloy Velasco cree que el ex director general de Acuamed, Arcadio Mateo, actualmente en prisión, y su número dos en la empresa pública, Gabriela Mañueco, dirigían esta sociedad como "una organización criminal" para favorecer "escandalosamente" intereses privados y apartando a los técnicos y directivos que se oponían a sus decisiones por ser presuntamente irregulares.

Los 15 proyectos cofinanciados por Europa

Los proyectos que ahora investiga la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) recibieron inyecciones procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el periodo 2007 a 2013 procedentes de los programas operativos de "cohesión", de tipo nacional, y otro destinado a la Comunidad Valenciana. También, créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Se trata en concreto de la descontaminación del pantano Flix; las conducciones y tuberías de la desaladora de Campello-Mutxamel; la asistencia técnica de esta última obra; el sistema de dotación de agua de Cerro Colorado (Murcia) y la mejora del drenaje de la presa avenida Rambla Gallinera (Valencia).

También investigan la financiación de la presa antiavenidas del río Serpis (Valencia); la garantía de los regadíos de la desaladora de Torrevieja; las tuberías de abastecimiento de Benicassim (Castellón); el nuevo colector oeste de la Albufera; el refuerzo del sistema de abastecimiento de la desaladora de Sagunto; conducciones en la desaladora de Oropesa; las mejoras en la desaladora de Moncofar; la obra de reutilización de aguas residuales de Albufera sur; la obra de reutalización de aguas residuales de Sueca y el tratamiento de aguas residuales de Planta de Pinedo.

El juez pidió información a la OLAF sobre la cofinanciación

El juez Eloy Velasco se puso en contacto con la OLAF el pasado mes de marzo para recabar información sobre la cofinanciación de proyectos de Acuamed.

En su respuesta remitida a la Audiencia Nacional e incorporada al sumario del procedimiento, al que ha tenido acceso Europa Press, la oficina antifraude detalla que los proyectos cofinanciados con fondos FEDER reciben ayudas por un 80% de las cantidades declaradas a la Comisión Europea cuando se trata de "programas operativos".

En los casos en los que el proyecto está cofinanciado por los FEDER y, además, recibe financiación por un préstamo del BEI, la parte del banco es un porcentaje de alrededor del 42% del importe del proyecto.

"No obstante, existe un límite consistente en que la financiación obtenida por los Fondos Estructurales, más la recibida del BEI no puede superar el 90% del importe total del proyecto", especifica la OLAF en su informe.

"El Estado español sigue siendo rico, por eso no te preocupes"

El ex director general de Acuamed, Arcadio Mateo, en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por presuntas irregularidades cometidas en las contrataciones de esta empresa pública, señaló al contratista también imputado Nicolás Steegman sobre la financiación de las obras realizadas por esta entidad: "El Estado español sigue siendo rico, por eso no te preocupes".

La conversación, que obra en el sumario del caso, se produjo el 9 de marzo de 2015 en relación con las obras del sistema de dotación de agua desde el Embalse del Cerro Colorado al Valle de Guadalentín, en Murcia, donde los investigados veían necesario realizar una modificación del contrato sin haberse consumido el presupuesto adjudicado para la obra.

Steegman señala que "ya está, lo que no se puede escribir, pero es la justificación más lógica ¿no? y es que, encima, el 80 por ciento lo paga Europa (se oyen risas) de otra forma lo pagaríamos todos los españoles no? ( risas), a lo que Arcadio Mateo le responde: "Bueno, eso se nos escapa a nosotros. El Estado español sigue siendo rico, por eso no te preocupes Nicolás". "Pues que me haga un préstamo (risas)", apuntilla el empresario.

La Guardia Civil, que ha analizado las escuchas, señala que de esta conversación "cabría interpretar por parte de Arcadio y Nicolás un cierto desprecio al erario público", así como un interés por parte de ambos de llevar a cabo una modificación del contrato, "la que podría causar un perjuicio a las arcas públicas y un posible beneficio a la empresa privada".

Por último, reseña la Guardia Civil que se estaría planificando un modificado del contrato no habiéndose consumido el Presupuesto de adjudicación tal y como afirman en una conversación anterior.

En otro informe de la UCO se refleja el "interés electoral" del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), de llevar a cabo las obras de un colector por las que "remueve Roma con Santiago", según la expresión de Gabriela Mañueco, 'mano derecha' de Arcadio Mateo en esta empresa pública.

"Un contrato", concluye la Guardia Civil, "que habría sido preadjudicado mucho antes de tener el marco legal que le diese cobertura a la ejecución y la dotación presupuestaria o crédito".

La UCO intercepta una llamada en mayo de 2015 entre Landaluce y Arcadio Mateo en que el segundo le comenta que la obra tendría un coste de ocho millones y que "se puede aprobar de palabra" pero que necesitan antes la autorización del Consejo de Ministros.