La Audiencia Nacional condena a la Junta y al Ayuntamiento de Écija por las inundaciones de 2010

• Censura que el arroyo Argamasilla, que fue el que se desbordó, no estaba limpio
• La Junta y el Ayuntamiento se culparon mutuamente de la falta de limpieza del arroyo

Imagen de diciembre de 2010 del casco urbano de Écija (Sevilla) inundado.

La Audiencia Nacional ha condenado a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Écija (Sevilla) a pagar 12.281 euros de indemnización a tres ciudadanos que presentaron una demanda por las inundaciones de diciembre de 2010 y enero de 2011 registradas en la localidad.

En el fallo judicial, el tribunal censura que el arroyo Argamasilla, que fue el que se desbordó y provocó los daños, no estaba limpio, según ha informado a Efe el abogado que ha llevado el caso, Fernando Osuna. La demanda la presentaron cuatro vecinos, que reclamaron entre 11.753 y 45.680 euros, pero las indemnizaciones se fijan para tres de ellos.

La Junta de Andalucía también es responsable dado que tenía que haber contribuido a que el arroyo Argamasilla estuviera en condiciones normales y no obstaculizado con ramas, árboles, enseres y otros objetos impeditivos, ha destacado el abogado.

La Junta y el Ayuntamiento se culparon mutuamente

La Junta defendía que la competencia para resolver el procedimiento de responsabilidad patrimonial correspondía a la Administración del Estado, y que era el Ayuntamiento de Écija el competente para el mantenimiento y limpieza del arroyo al discurrir por el casco urbano. Además, sostenía que existía fuerza mayor porque las lluvias de diciembre de 2010 fueron excepcionales, subraya el representante legal de los demandantes.

El Ayuntamiento de Écija, por su parte, alegaba que la competencia para el mantenimiento de cauces de ríos y arroyos era de la Junta de Andalucía.

Los vecinos insistieron en que las aguas de las lluvias caídas en Écija en diciembre de 2010 y enero de 2011 no colmaron la capacidad de encauzamiento del arroyo Argamasilla, cuyo cauce se redujo considerablemente por no estar adecuado a su fin y cuya obstrucción provocó las inundaciones.

Uno de los informes periciales, por su parte, concluyó que el cauce estaba al 60 o 70% de su capacidad por la acumulación de depósitos y sedimentos y que no funcionaba la estación de bombeo que había en la zona para evacuar un posible exceso de agua.