Cuatro claves para entender la crisis política en Venezuela

• El estado de emergencia entrega amplias prerrogativas al presidente
• El enfrentamiento entre Legislativo y Ejecutivo se extiende a las calles
• La Organización de Estados Americanos estudia suspender a Venezuela del ente

Opositores al gobierno de Nicolás Maduro durante una manifestación en San Cristóbal, Venezuela. AFP PHOTO / George Castellanos

Venezuela parece estar a punto de estallar. El país con mayores reservas de petróleo del mundo se encuentra en estado de emergencia, declarado por el presidente Nicolás Maduro, que se enfrenta a un creciente descontento de la población debido a la situación política y económica.

"Sabemos que una crisis está a punto de estallar", ha señalado un miembro de la inteligencia estadounidense citado por el diario The Washington Post. Estas son las claves de la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela:

1. Estado de emergencia

Nicolás Maduro anunció en la noche del 13 de mayo un "estado de excepción y emergencia económica" vigente durante 90 días y prorrogable hasta 2017. El Gobierno se otorga prerrogativas en los más diversos ámbitos para hacer frente, dice, a un supuesto golpe de Estado que se planea desde el exterior en su contra, así como a otras amenazas de índole económico y social. El decreto, oficializado por el gobierno, fue rechazado por el Parlamento y posteriormente declarado "constitucional" por el Tribunal Supremo.

A pesar de haber sido ya oficializado, el decreto fue sometido a la consideración del Parlamento para su aprobación, que lo consy remitido al Tribunal Supremo de Justicia para dar el visto bueno a su constitucionalidad.

• Ámbito militar y de la seguridad: se podrá disponer de las fuerzas armadas y los órganos de seguridad ciudadana para, entre otras cosas, asegurar la "correcta distribución" de los productos de primera necesidad, en medio de la fuerte crisis de abastecimiento que sufre el país. Maduro también podrá "dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública" para garantizar el sostenimiento del orden público.
• Ámbito económico: se traduce en ciertas ventajas para el Gobierno en temas financieros. Le permite ordenar, sin someterse "a autoridades o aprobaciones de otros poderes públicos", el desembolso de partidas extrapresupuestarias. Además, podrá aprobar contratos para la obtención de recursos financieros o aprovechar ciertos recursos estratégicos para el desarrollo económico del país. Se otorga a la Cancillería la posibilidad de suspender los convenios de particulares o empresas venezolanas con entidades extranjeras en caso de considerar que estos tienen "fines políticos o de desestabilización".
• Ámbito judicial: se suspenden durante 60 días las posibles sanciones contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios, una medida que ya había dictado Maduro en el marco de un decreto anterior. El decreto se apoya en la "consideración" de que el Parlamento, de mayoría opositora, supuestamente pretende "el desconocimiento de todos los Poderes Públicos" y promociona "la interrupción del periodo presidencial establecido en la Constitución por cualquier mecanismo a su alcance fuera del orden constitucional".

2. Una economía en sus horas más bajas

Venezuela dispone de las mayores reservas de petróleo del planeta pero la caída del precio del crudo, que representa el 96% de sus divisas, está suponiendo un duro golpe financiero. El diagnóstico económico es crítico: grave escasez de alimentos y medicinas, inflación anual del 180,9% -la más alta del mundo-, caída del PIB del 5,7% por segundo año consecutivo, y una desacelaración de la inversión doméstica.

Maduro culpa a una "guerra económica" puesta en marcha por empresarios de la derecha y políticos de la oposición que tratan de sabotearlo. Los analistas señalan el fracaso del modelo de control estatal de la economía y la caída sostenida de los precios del petróleo como las razones fundamentales de que Venezuela haya pasado de la bonanza petrolera a la emergencia económica en menos de dos años.

El presidente ha ordenado tomar las fábricas paradas y los funcionarios tienen prohibido trabajar, a excepción de lunes y martes, para ahorrar energía, mientras que las protestas, los linchamientos, los saqueos de tiendas y los frigoríficos vacíos se han convertido en una imagen cotidiana.

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3. Polarización política y social

En diciembre, la oposición acabó con 16 años de mayoría chavista en la Asamblea Nacional, la camara única del Parlamento venzolano. Desde entonces, los conflictos entre el poder Legislativo y el Ejecutivo han sido constantes; así, por ejemplo, la oposición ha intentado aprobar una enmienda constitucional para acortar el mandato de Maduro, que rechaza que esa enmienda sea legal, al igual que el Tribunal Supremo.

El último enfrentamiento se centra en el intento de convocar un referéndum revocatorio, previsto en la Constitución venezolana para poder destituir al presidente antes del final de su mandato; en el caso de Maduro, antes de 2019.

La oposición reunió a principios de mayo 1,8 millones de firmas para iniciar el proceso a finales de 2016. Sin embargo, el Gobierno ha asegurado que el referéndum no se podrá celebrar por los "errores de trámite" y el incumplimiento de los plazos. En estos momentos, la pelota está en el tejado del Consejo Nacional Electoral (CNE), que debe comprobar las firmas presentadas y que aún no se ha pronunciado.

El enfrentamiento institucional ha tenido su reflejo en la calle, con continuas manifestaciones a favor y en contra del Gobierno de Maduro, que en ocasiones han degenerado en violencia y agresiones. Pese a que la opinión pública está dividida, las medidas económicas impopulares están mermando el apoyo a Maduro: según datos de los institutos demoscópicos Datanálisis y Venebarómetro, siete de cada diez venezolanos reprueban su gestión.

El presidente conserva, en cambio, el apoyo del Ejército. Las Fuerzas Armadas han rechazado en un comunicado "la campaña sistemática que consiste en desacreditar y provocar, orquestada desde el extranjero".

4. Choque de trenes institucional

Los choques entre el oficialismo y la oposición también se han trasladado a la arena judicial. La supermayoría parlamentaria alcanzada por la oposición venezolana en las elecciones del pasado 6 de diciembre tiene cada vez menos poder. Poco después de perder los comicios, el oficialismo se apresuró a nombrar 13 nuevos magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia. La medida fue polémica no sólo por haberse dado en sesiones extraordinarias durante el asueto navideño sino porque algunos de los magistrados tenían vínculos con el chavismo.

Así, importantes decisiones tomadas por la Asamblea Nacional se han visto revocadas en el Supremo.

El alto tribunal, por ejemplo, declaró inconstitucional la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea, cuyo objetivo era excarcelar a políticos opositores presos, como Leopoldo López. El fallo llegó después de que Maduro hubiera asegurado que la norma "jamás" sería aprobada.

El tribunal también ha avalado las medidas de emergencia económica del Gobierno, garantizando la constitucionalidad del decreto aprobado en enero, que ha sido prolongado y ampliado por el decreto de excepción aprobado por el Ejecutivo de Maduro.

La guerra institucional ha traspado fronteras y la Organización de Estados Americanos, a petición de la Asamblea Nacional, ha activado la Carta Democrática para Venezuela debido, señala a la "alteración del orden constitucional y cómo la misma afecta gravemente el orden democrático" del país. Este es el primer paso para que el país sea suspendido del ente, una medida sin precedentes.